La relación entre el presidente y la vicepresidente debería ser una fuente de fortaleza para el gobierno, pero hoy se ha convertido en un semillero de conflictos que, lejos de ser anecdóticos, tienen consecuencias profundas en nuestra institucionalidad.
El reciente caso de la sesión del Senado, cuestionada su validez tras la expulsión del senador Edgardo Kuider por los "malos entendidos" sobre el horario de transmisión del mando es un ejemplo claro de desorganización que, intencional o no, que afecta el funcionamiento institucional. ¿Qué mensaje se está enviando interna y externamente cuando, en un gobierno que dice personificar un cambio virtuoso, las máximas autoridades no pueden trabajar juntas en beneficio del país y hasta lo proclaman a los cuatro vientos con gestos y palabras?
Lo que podría parecer un simple desacuerdo político o una "rencilla normal" cuando se reitera una y otra vez como en este caso, tiene efectos devastadores para la credibilidad de Argentina, aunque algunos sectores afines minimicen o directamente nieguen su impacto.
Visto de afuera se trata de un lamentable espectáculo sobre el que el fogoneo constante de los medios y las redes presionan a los argentinos a tomar partido, y más grave aún, resulta un reflejo del desorden institucional que aflora a lo largo y a lo ancho del gobierno.
Es sabido que los escándalos, los chismes y las palabras agresivas o rimbombantes distraen de la reflexión profunda sobre nuestra realidad y su futuro, una práctica esencial como ciudadanos comprometidos.
El resultado de este aquelarre es el embrutecimiento de la sociedad, al mejor estilo de todos los populismos de la historia. Ya desde tiempos pretéritos se hizo famosa la frase "pan y circo", y cuando el pan escasea el circo toma preponderancia. Este enfoque de distracción mediática no solo desvía la atención, sino que también refleja una crisis más amplia.
Pero claro está, hilando más profundo, como ciudadanos debemos tomar conciencia que el desorden institucional limita nuestras oportunidades como Nación. Cada vez que las instituciones son debilitadas por disputas personales o ambiciones políticas, el precio lo pagamos todos.
El desorden institucional en otros ámbitos
El conflicto entre los integrantes de la fórmula presidencial no es un caso aislado. Pensemos, por ejemplo, en el abuso de decretos de necesidad y urgencia (DNU) que el Ejecutivo utiliza para eludir al Congreso. Leyes cardinales aprobadas por ambas cámaras han sido vetadas con excusas poco convincentes, como en el caso de la movilidad jubilatoria y del financiamiento universitario. Estas medidas, adoptadas sin consenso, debilitan el sistema republicano al concentrar poder en el Ejecutivo y generar inseguridad jurídica.
Además, la judicialización o revocación de decisiones ejecutivas que carecen de respaldo jurídico sólido agrava aún más el citado desorden. Recordemos el DNU 70, que desató una ola de reclamos judiciales y dejó al país expuesto a costos millonarios, o el inédito caso de la anulación por el Congreso del DNU 656, que incrementaba las partidas de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
Un indicio adicional es la significativa rotación de funcionarios de alto rango: alrededor de una centena han dejado sus cargos por despido o renuncia desde el inicio de la gestión actual, generando un impacto negativo en la continuidad y el funcionamiento del gobierno mientras que se mantiene la confusa permanencia en sus cargos de muchos funcionarios vinculados con los gobiernos kirchneristas.
El impacto en la vida diaria
Quizás algunos lectores se pregunten: ¿en qué me afecta a mí este desorden? La respuesta es clara.
Estas fallas no son abstractas ni lejanas; afectan nuestra vida diaria de manera concreta. Un país que no respeta sus instituciones genera incertidumbre, desconfianza y, finalmente, pérdida de oportunidades. Empresas que podrían invertir eligen otros destinos. Profesionales talentosos optan por emigrar. Las familias enfrentan un costo de vida creciente porque las decisiones se toman a puertas cerradas, con falta de transparencia y sin previsión.
Por eso, ante este escenario los argentinos deberíamos preguntarnos si podemos esperar desarrollo económico sustentable si nuestras instituciones no inspiran confianza o tal vez, si es posible construir un país más justo si las leyes se aplican según la conveniencia política del momento.
El desorden institucional no debe ser ni tolerado ni naturalizado
La falta de orden institucional no es solo un problema de los políticos, sino de todos nosotros. Si como ciudadanos no exigimos responsabilidad y respeto por las reglas republicanas, nos convertimos en cómplices de un sistema que, aunque pueda mostrar logros aparentes, esconde retrocesos profundos que afectan nuestro futuro colectivo.
Es crucial comprender que el desorden institucional tiene un costo alto. Lo pagamos con inestabilidad, pérdida de empleo, fuga de talentos, desaliento de inversiones y una creciente falta de credibilidad internacional. Estas consecuencias no son abstractas ni lejanas; se sienten en la vida cotidiana y limitan las oportunidades de desarrollo como Nación.
Aunque es difícil precisar si este desorden nace de la inexperiencia, de posiciones ideológicas que menosprecian las instituciones, o de una mezcla de ambas, lo cierto es que defender la institucionalidad no es opcional: es una necesidad. Solo con respeto por las normas y principios republicanos podremos construir un país estable, confiable y justo, capaz de crecer con solidez y recuperar su lugar en el mundo.
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