En el marco del encuentro que mantuvieron el presidente Javier Milei con el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, se avanzó en un acuerdo. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, firmó junto al ministro de Justicia y Seguridad centroamericano, Gustavo Villatoro, una Declaración Conjunta en la cual subrayan el compromiso y la cooperación entre ambos países a fin de fortalecer la lucha contra el crimen organizado.
La funcionaria recibió a su par extranjero en el país y sostuvo que Argentina están aplicando medidas "inspiradas en el modelo Bukele". Este documento, por lo tanto, representa un fuerte compromiso, un "acuerdo histórico" y un "cambio revolucionario de paradigma", el cual cuenta con varios puntos.
"Esta nueva doctrina revolucionaria se basa en varios principios fundamentales: el control territorial como eje de soberanía, la coordinación en la lucha contra el narcotráfico y el apoyo firme a nuestras Fuerzas Federales de Seguridad. Estamos del lado de las víctimas, nunca de los victimarios. Por eso, combatimos a los criminales con toda la fuerza del Estado", redactó Bullrich a través de sus redes, de la mano de una foto de ella y Villatoro.
En este sentido, sumó: "Cuidamos a quienes nos cuidan. Porque valoramos y protegemos a cada uno de las fuerzas del orden que arriesgan sus vidas a diario por nuestra seguridad, y por eso nunca, jamás, vamos a tirar a ningún funcionario por la ventana. Impulsamos reformas normativas, el control total en las cárceles, la eliminación de burocracias y nos oponemos a aquellos organismos que intentan hacer de una política clave como la seguridad una ideología que termina favoreciendo criminales y desamparando a la ciudadanía. Vamos a paso firme y contundente en esta guerra contra el crimen para eliminar de una vez y para siempre este cáncer de nuestras sociedades, porque nuestros países pertenecen a los ciudadanos de bien".
Por su parte, Villatoro señaló: "Venimos a cumplir con el compromiso y el mandato de nuestros presidentes Nayib Bukele y Javier Milei en la firma de importantes convenios que impulsarán el desarrollo de nuestros países. Ministra Patricia Bullrich, seguiremos trabajando juntos de manera coordinada, garantizando que nuestras naciones continúen avanzando hacia un futuro de paz, prosperidad y libertad".
Cabe destacar que Bukele asumió en un país con gran inseguridad y le declaró la "guerra" a las pandillas en El Salvador, luego de una escalada de 87 homicidios en un fin de semana; no obstante, el mandatario asegura hoy que su país es el "más seguro" del continente, gracias a la ofensiva iniciada por su Gobierno en 2022.
El acuerdo histórico que firmaron Argentina y El Salvador
El primer punto del documento refiere a la política criminal orientada al control territorial como eje de soberanía. Plantea que el Estado no debe renunciar al control absoluto de su territorio ante la amenaza del crimen organizado, y menciona que los Estados deben garantizar la producción, la capacidad exportadora, la generación de empleo, y el conjunto de las actividades económicas para poder fortalecer la seguridad, y para ello que puedan impedir piquetes en nuestras calles, bloqueos en rutas, fábricas, empresas o puertos.
El segundo apunta directamente a la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y el lavado de dinero. En la región y en ambos países, según se señala, este crimen organizado deteriora la calidad de vida de las sociedades, les impone costos de hasta el 3.5% del PBI y, por lo tanto, retrasa su desarrollo. Por lo tanto, apunta a leyes contra la mafia y organizaciones criminales, que contemplen penas agravadas.
Luego, se habla de dignificar el rol del policía. En este punto se respalda el rol policial y de seguridad pública, por lo que el decreto compromete a ambos Estados los procesos formativos, de capacitación permanente y su defensa.
De la mano con todo ello, el cuarto habla del marco normativo. "Defendemos y apoyamos la promulgación de leyes penales procesales que pongan fin a la entrada recurrente e incesante de los mismos delincuentes. La delincuencia no puede atormentar a la ciudadanía, acotándole derechos y libertades. La seguridad implica libertad y desarrollo y por eso afirmamos que a cada delito le debe corresponder una sanción. Solo con la incorporación de medidas de coerción personal, como la figura de reiterancia delictiva, la modalidad de juicios en ausencia y los juicios por jurados, entre otras definiciones penales es posible garantizar mejores condiciones de seguridad en nuestros Estados", establecen.
También refiere al control del Estado en cárceles, asegurando que los sistemas legales de ambos países en un pasado descuidaron una de las funciones esenciales del sistema penal: la retribución. "Las cárceles no pueden ser oficinas para el delito ni sucursales del crimen organizado. Estamos comprometidos con el eficaz funcionamiento de los sistemas penitenciarios y esto es posible con la clara identificación y clasificación de la población carcelaria; con la puesta en marcha de medidas de control específicas a la población carcelaria de alto riesgo, con los controles permanentes al interior de las cárceles, con el fin de las comunicaciones libres y sin control, al interior de los centros penales", añaden.
El sexto refiere al fin de la burocracia a favor del delito: así como la Justicia lenta no es Justicia, según dice el escrito, la seguridad lenta no brinda seguridad. Se comprometen, por lo tanto, a eliminar toda burocracia que ralentiza la respuesta estatal contra el delito, en particular aquellas burocracias que defienden intereses sectarios: la simplificación de trámites, las soluciones tecnológicas, la implementación de procesos ágiles para la toma de decisiones; la lucha contra la corrupción; incluso la incorporación de la Inteligencia artificial.
El siguiente item refiere a homologar procedimientos policiales/legales/criminales: "Reafirmamos el compromiso de homologar procesos en materia policial, de política criminal y legal, respetando los estándares constitucionales y el Estado de derecho, pero alineados con una política criminal y de seguridad común. Esta cooperación tiene como objetivo reducir significativamente los índices de delitos graves, homicidios y formas de violencia altamente lesivas en nuestras sociedades. A través de esta acción conjunta, nos comprometemos a actuar con firmeza y determinación contra el crimen, con la convicción de que quienes cometen delitos serán plenamente responsabilizados, garantizando así la seguridad y tranquilidad de nuestros ciudadanos".
Para el octavo y último punto, repudiaron la transformación de valiosos instrumentos y organismos internacionales en meras herramientas de control ideológico de las políticas públicas en materia de seguridad. "Creemos que parte de la narrativa de los organismos internacionales ataca las estrategias de prevención institucional del delito, intentando imponer otras severamente afectadas por sesgos ideológicos cuyo único resultado es el empoderamiento de las organizaciones criminales.
Defendemos los procesos de cooperación y alianza nacionales y transnacionales que apunten al abordaje de la seguridad sin sesgos ideológicos o empáticos con el crimen organizado", cierra.
