16 marzo de 2026
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La inteligencia artificial abrió una puerta fascinante para muchas industrias, pero también destapó una cloaca que crece a una velocidad alarmante: la creación de pornografía falsa con rostros reales. Ahora, en medio de ese avance brutal, la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti presentó un proyecto de ley para castigar con penas de hasta 6 años de prisión a quienes fabriquen o difundan este tipo de contenido sin consentimiento.
La iniciativa apunta directo a uno de los costados más oscuros del boom tecnológico: los deepfakes sexuales, es decir, imágenes, audios o videos manipulados con IA para hacer parecer que una persona real participa de escenas sexuales que nunca existieron.
Y el punto más fuerte del proyecto es ese: aunque la escena sea falsa, el daño puede ser devastador y absolutamente real.
Un clic puede arruinar una vida
El planteo de Fernández Sagasti parte de una idea simple, pero potente: la tecnología no puede seguir funcionando como una zona liberada para atacar la intimidad, destruir reputaciones o someter a mujeres y menores a nuevas formas de violencia.
Con herramientas cada vez más accesibles, hoy cualquiera puede tomar una foto de una red social, subirla a una app y convertirla en contenido pornográfico falso en cuestión de segundos. No hace falta una cámara, no hace falta contacto físico, no hace falta siquiera conocer a la víctima. Solo hace falta una imagen. Y mala intención.
Por eso, el proyecto busca actualizar el Código Penal frente a un fenómeno que crece más rápido que la capacidad del Estado para responder.
Qué propone el proyecto
La propuesta incorpora un nuevo artículo, el 128 bis, para castigar con 3 a 6 años de prisión a quien cree, genere o modifique imágenes, audios o videos de contenido sexual explícito de una persona real mediante tecnologías de generación sintética sin su consentimiento.
La pena sería todavía más grave cuando el material represente, o aparente representar, a menores de 18 años, incluso si la imagen fue creada enteramente por computadora y no existe una víctima física identificable.
Ese punto no es menor. La lógica del proyecto es clara: si la IA permite fabricar pornografía que simula minoridad, el sistema penal no puede mirar para otro lado solo porque no hubo una foto original de un menor real.
La frontera más oscura de la IA
El texto también pone el foco en otro dato inquietante: muchas de estas maniobras se montan sobre los rostros de mujeres y menores, usados como insumo para una maquinaria de humillación, hostigamiento y explotación digital.
La discusión ya no pasa solo por la privacidad. Pasa por algo más profundo: el cuerpo puede no haber estado ahí, pero la agresión sí.
La fundamentación del proyecto lo resume con crudeza: una IA puede destruir la vida de una mujer o de un menor en segundos. Y frente a eso, el Estado no puede seguir actuando con herramientas pensadas para otro siglo.
También apunta contra la tenencia y la sextorsión
El proyecto no se limita a castigar al que fabrica el contenido. También prevé prisión de un mes a un año para quien tenga este material sabiendo que fue producido de manera ilícita.
Además, endurece la persecución de otras prácticas que suelen ir de la mano de este fenómeno.
Por un lado, propone reformar el artículo 155 para castigar con hasta 3 años de cárcel la difusión de imágenes obtenidas en ámbitos de privacidad, como cámaras ocultas o hackeos, incluso si el material original fue grabado con consentimiento.
Por otro, modifica el artículo 169 para incluir de manera explícita la amenaza de difusión de contenido íntimo como forma de sextorsión, reforzando las herramientas judiciales contra uno de los delitos digitales que más creció en los últimos años.
Cuando la tecnología corre más rápido que la ley
La gran apuesta política de la iniciativa es cerrar un vacío legal que se volvió cada vez más peligroso. Porque mientras la inteligencia artificial avanza a ritmo salvaje, la legislación argentina todavía arrastra zonas grises que pueden transformarse en impunidad.
Y ahí aparece la pregunta de fondo: qué pasa cuando falsificar una escena íntima se vuelve tan fácil como editar una foto.
La respuesta que intenta dar Fernández Sagasti es contundente: no importa que el video sea sintético, no importa que la escena nunca haya ocurrido, no importa que todo haya sido generado por una máquina. Si se usó la imagen de una persona sin consentimiento para fabricar pornografía, tiene que haber castigo penal.
La batalla que viene
El proyecto abre una discusión incómoda, pero inevitable. Porque la IA ya dejó de ser solo una herramienta de productividad o entretenimiento. También se convirtió en un arma de daño masivo sobre la intimidad.
Y en ese terreno, el debate recién empieza.
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