El Frente de Todos obtuvo la media sanción en la madrugada de este miércoles del Presupuesto 2023, con una oposición dividida que volvió a mostrar a Juntos por el Cambio impotente a la hora de unificar posiciones.
Ni bien comenzada la sesión el bloque del PRO, conducido por Cristian Ritondo, hizo circular un comunicado en el que anunciaba que se abstendría en la votación en general, y que marcarían rechazos en particular.
En tanto el bloque de diputados que responden a Martín Lousteau, Evolución, no solo dio quórum para que el oficialismo alcance las 129 bancas necesarias para activar la sesión sino que además votó afirmativamente en general, con las disidencias sobre artículos específicos.
El escenario en la UCR fue distinto. La decisión del bloque conducido por Mario Negri se estiró aún prolongada la sesión; mientras algunos querían votar a favor, otros, preferían la abstención. Incluso improvisaron una reunión en medio de la sesión para definir.
Por su parte, la Coalición Cívica ya había adelantado su voto de rechazo. El argumento esgrimido por la parte de JxC que acompañó es que se trata del "mal menor".
En la previa de la sesión (que inició con demora) había incertidumbre por el quórum. Tanto la mayoría de JXC, como el Interbloque Federal ya habían adelantado que no se sentarían en sus bancas si el oficialismo no conseguía las voluntades.
Finalmente quienes habilitaron la discusión fueron además del interbloque de Provincias Unidas (Río Negro y Misiones), Evolución (Con Emiliano Yacobitti y Danya Tavela a la cabeza), algunos diputados de la UCR que responden a gobernadores (Jorge Rizzotti), además de los dos diputados socialistas, Mónica Fein y Enrique Estevez. El líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, no estuvo presente en la sesión. Donde sí estuvo fue es en su despacho, lugar en el que mantuvo reuniones con varios diputados del oficialismo, fuera del temario de la sesión, según pudo averiguar El Economista.
Su ausencia sea tal vez una forma de no convalidar la hoja de ruta trazada por el Ministerio de Economía, en el marco del acuerdo con el FMI.
El diputado del FdT Juan Carlos Alderete tampoco acompañó, en rechazo al acuerdo firmado por Martín Guzmán.
En los aspectos que JxC logró mayores niveles de consenso es las votaciones en particular: de manera conjunta rechazaron el artículo que delega facultades al PEN para establecer retenciones, el bono para el Sindicato de Camioneros, la tasa aeroportuaria para financiar la PSA y que implicará un costo mayor para los pasajeros, el gravamen en Ganancias a magistrados y empleados judiciales, (argumentando sobre la metodología del debate) y el nuevo esquema tributario para Tierra del Fuego, luego de la polémica generada entre la UCR y la CC ARI.
En el conglomerado opositor cayó mal la inclusión de algunos puntos en el dictamen del jueves pasado sin previo aviso. De hecho, hubo quejas en plena sesión porque el dictamen pudo ser leído en detalle recién durante el fin de semana. Sin embargo no dejó de llamar la atención el cambio de posiciones de algunos legisladores, que el jueves pasado se mostraban proclives a gravar a los magistrados. Este martes, además de las críticas sobre la celeridad del debate, se esgrimió la incompatibilidad con la Ley de Administración Financiera.
La posición de JxC fue acompañada por los federales, conducidos por Alejandro Topo Rodríguez y por los cuatro diputados del FIT. Estos últimos señalaron que no avalan que se grave en Ganancias el trabajo de los empleados judiciales. "El salario no es ganancias", explican.
Con el mismo criterio sí acompañaron los beneficios para el sindicato de Camioneros, no sin hacer distinciones entre los trabajadores, y sus líderes, Hugo y Pablo Moyano. Pero las disidencias no solo vinieron de la oposición. También por parte Vanesa Siley, diputada y referente de Sitraju: "No podemos tocarle el bolsillo a los trabajadores", remató, en defensa de sus representados.
En tanto en el oficialismo deslizaron que hubo diálogo e intentos de alcanzar acuerdos, como por ejemplo en el caso de retenciones en el que se ofreció establecer un esquema a la baja de las alícuotas. En ese marco, la lectura que hace el oficialismo es que las posiciones de JxC responden más a posiciones políticas y de "representación" política, que a detalles en si mismo del articulado.
En el FdT miran sin mayores preocupaciones la cuestión de los derechos de exportación y aseguran que queda vigente la Ley de Solidaridad Económica sancionada en 2019, que permite mantener las alícuotas.
Caso contrario, el impacto fiscal hubiera encendido las alarmas.
Tanto el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo (durante su exposición en la Comisión), como el propio ministro Sergio Massa aclararon que no se esperan subas para el año próximo pese al contexto internacional de precios. Pese a la derrota que implica la no aprobación del gravamen a jueces, el FdT hará correr la lectura que JxC no quiere que los magistrados tributen.
Massa pasó ayer por la Cámara Baja, (firmó convenios con el ministro de Ciencia, Daniel Filmus y el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto) y mantuvo reuniones informales con la titular del cuerpo, Cecilia Moreau, y el jefe de bloque oficialista, Germán Martínez.
El ministro dijo cargar como "una cruz" el rechazo del Presupuesto 2022, por lo que también es una victoria política para quien busca consolidarse hacia el 2023.
Tampoco faltaron críticas a la lógica distributiva a los subsidios al Transporte, pese a que el monto contemplado se ubica en los $85.000 millones. "Hoy, cada colectivo del AMBA recibe $1,4 millones de subsidios. En el interior, cada colectivo recibe en promedio $283.000. Esta vergonzosa disparidad no se corrige", dijo, durante su discurso.
