Este martes 12 el Gobierno logró posponer una sesión en la Cámara de Diputados que podría haber representado una doble derrota del oficialismo. La oposición buscaba establecer límites al uso de los DNU, así como también rechazar el decreto 846, que permitía al Ejecutivo realizar el canje de deuda sin la aprobación del Congreso.
Se trata de dos cuestiones que pusieron en alerta a La Libertad Avanza ya que consideran que tanto los DNU como la posibilidad de renegociar deudas sin pasar por el Legislativo son vitales para llevar adelante su plan de gobierno. En apenas diez meses, Milei dictó 43 decretos de necesidad y urgencia: es un récord que excede lo emitido por los últimos presidentes en su primer año de gestión, salvo el de la pandemia.
Sin esa herramienta podría complicarse el accionar del Gobierno que, aunque busca acuerdos con otras fuerzas, muestra una fuerte debilidad parlamentaria.
Por eso, el oficialismo llevó adelante negociaciones utilizando como recurso un eficaz elemento de presión: el Presupuesto 2025.
¿Avanza el Presupuesto?
El proyecto para el ejercicio fiscal del próximo año marcha a paso lento en el Congreso. Los tiempos ajustados, las reuniones de comisión canceladas y las declaraciones de Guillermo Francos (donde adelantó que no se llamaría a sesiones extraordinarias) alimentaban los rumores de que Javier Milei no estaría muy interesado en aprobar la norma en tiempo y forma.
Pero todo cambió tras los acuerdos previos a la fallida sesión de principios de la semana.
El Ejecutivo negoció con los gobernadores y definió que si sus diputados bajaban al recinto, entonces reconduciría el Presupuesto 2023. Esto afectaría a los mandatarios provinciales, cuya gestión ya viene complicada por la falta de recursos. En tanto, si se caía la sesión, buscaría aprobar el proyecto para 2025. Este último fue el escenario que se hizo realidad.
En ese contexto es que Casa Rosada no sólo citó a un nuevo debate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, sino que además comunicó a los bloques más cercanos que finalmente habrá sesiones extraordinarias. Según trascendió, será sólo para el mes de diciembre.
De esa manera, el oficialismo reflota el tratamiento del Presupuesto y busca avanzar rápidamente con él para intentar firmar un dictamen que lo habilite para ir al recinto la semana próxima y así votar la norma.
LLA en la rosca
Todo esto pone en evidencia, en primer lugar, que el Gobierno dilató las conversaciones sobre la ley de ejercicio fiscal con la intención de utilizarlo como instrumento de presión en las negociaciones. A su vez, muestra que La Libertad Avanza se mete cada vez más en el barro de la política y lleva adelante conversaciones con el resto del arco de la oposición para alcanzar sus metas.
Ese accionar también le permitió esquivar un desafío que se venía por delante: encontrar un argumento para el eventual veto de la reforma del DNU.
Hasta ahora, el fundamento de los rechazos a las normas del Congreso siempre fue la defensa del equilibrio fiscal. Pero las modificaciones a la herramienta del Ejecutivo no conllevan ningún costo para el Estado, y la situación de minoría no pareciera ser una justificación lo suficientemente sólida como para ganar el respaldo del resto de los dialoguistas.
Así, La Libertad Avanza apuesta a postergar el debate hasta llegar al fin de las sesiones ordinarias para entonces poder definir el temario de las extraordinarias, donde se espera que no se incluya esta cuestión.
El rol de los gobernadores
Además, este movimiento estratégico puso en evidencia las preocupaciones de los gobernadores y el peso de sus reclamos en torno al Presupuesto 2025.
El reparto de fondos que creen insuficientes, el retaceo en la obra pública nacional y la deuda con las cajas jubilatorias son temas que unen los esfuerzos de los mandatarios provinciales. Las demandas regionales se mostrarán con mucha intensidad, sobre todo tras este acuerdo alcanzado, frente al objetivo innegociable de La Libertad Avanza de déficit cero.
Presión en el Congreso
Y todo esto da paso a una reconfiguración del escenario parlamentario. La presión de los gobernadores, tanto de la Unión Cívica Radical y del PRO, así como también del peronismo, hizo efecto en Diputados.
Milei sumó como aliados al radicalismo de Rodrigo de Loredo (20), que viene de sufrir el éxodo de 12 diputados alineados con Facundo Manes y Martín Lousteau que abandonaron la bancada y conformaron su propio espacio "Democracia para siempre".
También se consolida el apoyo del PRO de Cristian Ritondo (37), que se posicionó en contra de una reforma que el espacio defendió con anterioridad, cuando la norma actual beneficiaba al kirchnerismo. Ahora que el beneficiado es un aliado, la bancada argumenta que la propuesta busca atentar contra la gobernabilidad.
Las fugas
La maniobra del Gobierno atrajo el respaldo de nueve diputados de UxP. Se trata de los cuatro catamarqueños que responden a Raúl Jalil; dos santiagueños que reportan a Gerardo Zamora; la neuquina Tanya Bertoldi y los mendocinos Adolfo Bermejo y Liliana Paponet.
Y dentro del frente opositor que convocó a la sesión también iban a producirse bajas en Encuentro Federal: Ricardo López Murphy, el chubutense Jorge "Loma" Ávila, y el entrerriano Francisco Morchio (que responde al gobernador Rogelio Frigerio).
Aunque había expectativas para alcanzar el número mágico, finalmente la sesión se postergó para el jueves 21 de noviembre. Ahora cabe ver cómo se continúan desarrollando las conversaciones entre legisladores, gobernadores y el Ejecutivo nacional.
Se espera, por un lado, que el acuerdo alcanzado con los gobernadores para frustrar la sesión se refleje en la incorporación de sus reclamos al Presupuesto 2025. Y por el otro, que la oposición presione para debatir las reformas al DNU, aunque ahora el proyecto tiene chances de naufragar.
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