Los críticos de la convocatoria formulada por el Presidente para firmar un pacto el 25 de mayo en Córdoba cuestionan que esa iniciativa esté condicionada a la aprobación previa de un acuerdo fiscal con las provincias y la Ley Omnibus o lo que haya quedado de ella.
Sin embargo, tiene lógica política intentar plasmar en hechos concretos -que en este caso serían leyes- lo que de otra manera serían expresiones grandilocuentes, pero poco efectivas.
Algunos de los 10 puntos que planteó Javier Milei pueden resolverse en el marco de un acuerdo entre la Nación y las provincias, pero la mayoría deberán ser aprobados por ley. Por eso, es en el Congreso donde deben concretarse los acuerdos.
Ese es el ámbito de negociación que debe aceptar el Gobierno. Hablar de acuerdos fundacionales o del Pacto de Mayo suena bien, pero es insuficiente para avanzar en un proceso real de reformas.
La aprobación en general de la Ley Bases demostró que hay margen para lograr un acuerdo que involucre a varios bloques.
Se puede construir una mayoría de la que queden excluidos el peronismo y la izquierda. Pero ese camino requiere negociación, que todos cedan algo y que Milei deje de calificar como traidores o corruptos a muchos de los que están dispuestos a acompañar las iniciativas del oficialismo. Esa será la verdadera prueba de la voluntad del Gobierno de tener una mayor amplitud y predisposición a lograr acuerdos con otros sectores políticos.
Por otra parte, nada de lo que propone Milei es completamente novedoso. Los 10 puntos están en línea con lo que plantearon diversas fuerzas políticas anteriormente y formron parte de muchos documentos de las entidades empresarias. Por eso, era de esperar que muchos sectores hayan planteado su acuerdo con la convocatoria presidencial en términos generales. Las diferencias se expresarán en el marco de la discusión de las leyes puntuales.
Milei tiene, en este contexto, una ventaja porque podrá decir que convocó a un acuerdo y podrá reivindicar cada cambio que logre aprobar. Y en los casos en que los proyectos no se traten o se rechacen podrá cargar contra la "casta" acusándola de frenar el cambio. En un caso intentará mostrar resultados y en el otro, coherencia en el discurso.
Pero más allá de que este ciclo político sea visto como algo novedoso, diferente a todo lo conocido hasta ahora, finalmente la evaluación del Gobierno dependerá, como ocurrió con todos sus antecesores de los resultados que muestre la economía. Y los próximos meses resultarán desafiantes en ese sentido como el propio Presidente lo reconoció.
