El ex presidente Alberto Fernández se intentó desligar del escándalo de los seguros de la Anses tras ser denunciado por presunta malversación de fondos públicos, entre otros delitos, a raíz de la supuesta contratación de un "broker y empresas privadas" para intermediar en la gestión de seguros en dependencias oficiales.
Se lo acusa, entre otros delitos, de malversación de fondos públicos, violación de deberes de funcionario y abuso de poder debido a los contratos de gestoría dados de alta durante su presidencia a favor de su amigo, Héctor Martínez Sosa, esposo de la histórica secretaria privada del expresidente, María Cantero.
- Diversas fuentes afirman haber recibido llamadas de Cantero, quien ha sido colaborador de Alberto Fernández durante 30 años, solicitando en distintas entidades gubernamentales la designación de Martínez Sosa como proveedor de seguros.
El decreto de Fernández establecía que los contratos deben realizarse mediante convenio interadministrativo para la administración central, mientras que otras entidades como empresas públicas y entes fiduciarios deben seguir los procedimientos de sus respectivos regímenes de contratación. Se prohíbe explícitamente la subcontratación de las pólizas, aunque no se menciona expresamente la exclusión de gestores.
El ex presidente buscó tomar distancia, negó que haya realizado gestiones con funcionarios para que contraten a Martínez Sosa y que tampoco le pidió a Cantero, su secretaria, para que lo haga.
"Dudo que ella haga una cosa así; si lo hizo, no lo avalo; ninguno te va a decir que pedí por alguien; yo lo dudo, pero no puedo garantizar que ella no haya hecho una cosa así; si fue así, se extralimitó", aseguró Alberto Fernández a La Nación.
Por otro lado, descartó haber hablado con Martínez Sosa sobre su rol como intermediario del Estado, así como también negó que haya existido un encuentro entre él, el esposo de su secretaría y Pagliano. De igual forma, defendió a uno de los que se vieron beneficiados con este negocio millonario al sostener: "(Martínez Sosa) No se trata de un Lázaro Báez".
La práctica denunciada en la justicia obligaba a las dependencias estatales a canalizar los contratos a través de Nación Seguros, empresa que contrataba, a su vez, a un bróker y a empresas privadas, de referentes vinculados a Fernández y Sergio Massa. Entre los intermediarios aparecen Pablo Torres García, cercano a Sergio Massa y Martínez Sosa, esposo de la secretaria del expresidente.
