La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia emitió hoy un dictamen ordenando a la firma Dow Química Argentina no innovar, no alterar ni modificar los activos productivos que posee en su planta de Puerto General San Martín, San Lorenzo, de la provincia de Santa Fe, salvo que la acción llevada adelante tenga como fundamento el mantenimiento, reparación o mejora de estos, hasta tanto se resuelva la cuestión objeto de investigación de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Defensa de la Competencia.
Las actuaciones se iniciaron de oficio a instancia del Ministro de Desarrollo Productivo a raíz de la comunicación oficial que realizó la empresa Dow donde informó su decisión de cerrar y poner fin a las operaciones de la planta de San Lorenzo, ubicada en el sur santafesino y seguir proveyendo a sus clientes locales desde su planta ubicada en Brasil.
Según dicha comunicación, la fábrica permanecería en funcionamiento hasta mayo de 2022, y el cierre completo y el desarmado se llevarían a cabo a finales del mismo año.
La medida cautelar, motivada en la decisión del cierre de la planta y la inutilización de los activos productivos involucrados, se enmarca en una investigación por presunto abuso de posición dominante por parte de la firma investigada.
La multinacional norteamericana comunicó a principios de agosto su decisión de cerrar la planta de Puerto San Martín, quedándose sólo con la que tiene en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. La firma señaló que su determinación no obedece a cuestiones locales sino a una decisión de su casa matriz, en el marco de una reestructuración global de la compañía.
Cabe recordar que Dow abastece el 73% de la oferta local de polioxi propilenglicol y 41,5% de éteres glicólicos, por lo que tiene posición dominante en el mercado argentino.
Estos productos petroquímicos son insumos de uso difundido fundamentales para la industria automotriz, fábricas de colchones y electrodomésticos.
Según el comunicado del ministerio de Desarrollo Productivo, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, "continuará con la tramitación de las actuaciones conforme lo establece el procedimiento de la Ley Nro. 27.442 garantizando la protección al interés económico general. Por mandato legal y constitucional, el Estado se encuentra obligado a llevar adelante acciones a fin de eliminar todas aquellas conductas que tengan como objetivo distorsionar la competencia y afectar el funcionamiento de los mercados involucrados".
