En ciudad de México, el ministro de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y su colega norteamericano, Antony Blinken, pusieron en marcha un nuevo plan denominado “Entendimiento Bicentenario” que reemplaza a la “Iniciativa Mérida”, en la lucha contra el narcotráfico.
La “Iniciativa Mérida” consistía en la asistencia militar y de seguridad por parte de Estados Unidos a su vecino sureño. Se trató de una visión militar del problema del narcotráfico que costó casi US$ 3.000 millones a las sucesivas administraciones norteamericanas desde el 2008 a la fecha.
Su reemplazo, el “Entendimiento Bicentenario”, consiste en una visión asistencial que pretende atacar las causas y no las consecuencias del comercio de drogas.
Por supuesto, en la conferencia de prensa respectiva, los ministros Ebrard y Blinken, ponderaron las virtudes de la nueva iniciativa. Nada dijeron sobre las causas del fracaso del plan anterior y nada tampoco sobre el financiamiento del nuevo plan.
Por lo que se sabe, más allá de la declamada “afinidad ideológica” de la que hace gala el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador -apodado AMLO- con el presidente norteamericano Joe Biden, el abandono de Iniciativa Mérida no se debe tanto al fracaso de la estrategia “militar” sino al copamiento por los narcos de buena parte del Estado y el Ejército.
En cuanto al financiamiento, Estados Unidos no parece dispuesto a “invertir” sin beneficio de inventario. El propio ministro Ebrard reconoció que “Entendimiento Bicentenario” es solo un “acuerdo marco” y que su implementación dependerá de un “plan anual” que será dado a conocer “antes de fin de enero 2022”.
Hasta ahora, el presidente Biden se comprometió a gestionar una ayuda por US$ 4.000 millones para fomentar un desarrollo en Centroamérica que mitigue el problema de la inmigración centroamericana a Estados Unidos. Un fondo que, por ahora, el Congreso norteamericano aún no aprobó.
Desde la presidencia AMLO, México echa las culpas del fracaso a terceros. En este caso, los fabricantes de armas de Estados Unidos. Fue el propio ministro de Relaciones Exteriores mexicano quien presentó una demanda ante un tribunal federal de Boston, Massachusetts, contra los principales fabricantes de armas por el comercio ilícito en territorio mexicano.
Más allá de la ninguna chance que la demanda tiene de prosperar, se trata, una vez más, de desviar la atención con un “hago como que hago” cuando en realidad no hago nada. Las firmas demandadas son Smith & Wesson, Beretta, Colt, Glock, Century Arms y Ruger and Barret.
En el terreno judicial, alguna condena aparece, de vez en cuando, para los ejecutores directos, jamás para los instigadores o quienes toman las decisiones. La complicidad es tal que no quedan al margen de ella funcionarios de alto nivel, alcaldes, gobernadores y hasta algún ministro.
El caso del exministro de Defensa, General Salvador Cienfuegos, es ilustrativo. Mientras pasaba unas vacaciones en Los Angeles, California, Cienfuegos fue detenido por personal de la Drug Enforcement Administration (DEA), la agencia norteamericana de lucha contra el narcotráfico.
Pasó dos meses en la cárcel, acusado de tráfico de drogas y blanqueo de dinero por “ayudar” a un cartel narco, denominado H-2, a ingresar ilegalmente a territorio norteamericano miles de kilogramos de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana.
El Gobierno mexicano, lejos de al menos conocer más a fondo sobre la investigación, acusó a la DEA por no informar sobre la investigación llevada a cabo.
La espinosa cuestión migratoria, entre Estados Unidos y México, resolvió la situación mediante un pedido del Gobierno norteamericano al juez de la causa para retirar la acusación y dejar que la justicia mexicana lleve adelante la investigación.
Cienfuegos fue puesto en libertad. Retornó a su país. Y la justicia mexicana solo tardó un mes y medio en resolver que no había ningún motivo para investigar al pobre general, inocente de toda inocencia.
Narcotráfico y elecciones
La relación Estado-narcotráfico es, en la actualidad, más estrecha que nunca. Son cada vez más, los sectores gubernamentales, a los distintos niveles administrativos, copados por el crimen organizado. Por el contrario, intimidaciones y violencia -inclusive homicidios- reciben quienes, desde la política, no se resignan a convivir con el delito.
Las elecciones del 7 de junio de 2021 fueron muestra acabada de ello. A los efectos de asegurar protección política para sus actividades ilegales, los carteles de la droga hicieron correr sangre. En Tijuana, por ejemplo, hicieron aparecer dos cabezas humanas en un centro de votación.
Las citadas elecciones, que renovaban 500 bancas de la Cámara de Diputados, 15 de los 31 gobernadores estaduales, casi 2.000 alcaldes y algo más de 20.000 responsables locales, costó la vida de 36 candidatos y de 143 personas vinculadas a la política.
Han pasado siete años desde la desaparición de los 46 estudiantes de Ayotzinapa, tras su detención por la policía en el Estado de Guerrero. No hace falta ser un experto en criminología para entender que se trata de un encubrimiento desde los máximos niveles del Estado.
Un encubrimiento que se volvió inquisitivo de manera ilegal a través del espionaje acometido desde el Estado mexicano contra los familiares de los desaparecidos mediante el empleo del programa Pegasus de origen israelí, para acceder a los teléfonos celulares de los espiados.
A diferencia de las “muertes electorales” acontecidas durante el actual gobierno del “progresista” Andrés Manuel López Obrador, los hechos de Ayotzinapa ocurrieron durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto. Pero las investigaciones nunca llegaron a buen puerto.
El actual presidente gusta de reconocer los hechos del pasado. Lo hizo con los familiares de Ayotzinapa ante quienes hace un año proclamó “el fin de la impunidad” sin resultados concretos a la vista. Lo hizo cuando pidió perdón a nombre del Estado mexicano por los daños y atropellos contra la etnia Yaqui. Antes, contra la etnia Maya.
Para muchos mexicanos, la popularidad del presidente continúa intacta. Creen en sus palabras y en sus intenciones. Para otros, en cambio, cunde una cierta desconfianza hacia quién gusta de hablar más que de producir.
Y fue así que, el citado megaescrutinio del 7 de junio de 2021, se transformó en una especie de plebiscito sobre el gobierno del presidente AMLO.
AMLO ganó, pero perdió. Ganó las legislativas porque los partidos que lo apoyan alcanzaron 45 por ciento de los votos y consagraron 278 diputados o sea quorum propio. Perdió, porque antes de la elección, la bancada del MORENA -Movimiento de Renovación Nacional- de AMLO superaba los dos tercios de los asientos legislativos.
La coalición de gobierno quedó integrada por 198 diputados del MORENA que gana 7 legisladores; por 43 del Partido Verde Ecologista (PVE) que gana 27; y por 37 del Partido del Trabajo (PY), izquierda, que pierde 24.
Del lado de la oposición, los conservadores del Partido de Acción Nacional (PAN) consiguen 114 bancas con un incremento de 33; el populista Partido Revolucionario Institucional (PRI) obtiene 70, crecen en 25, y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) totaliza 15, con una pérdida de 6. Los 23 diputados restantes pertenecen al Movimiento Ciudadano que pierde 4.
Pandora y el avión presidencial
El presidente López Obrador superó las elecciones solo con rasguños. No obstante, algunas nubes negras aparecen en el horizonte. Se trata de los “Pandora Papers”, una investigación periodística llevada a cabo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en idioma inglés) sobre paraísos fiscales.
Los datos recolectados a través del acceso a 14 estudios jurídicos y contables especializados en transacciones en paraísos fiscales revelan los secretos de más de 300 funcionarios públicos en el mundo, 35 jefes de Estado -actuales o pasados- y 130 multimillonarios.
AMLO salió rápido al cruce cuando se enteró que más de 3.000 mexicanos figuraban en los datos recabado por ICIJ. Como se suele hacer desde la política, en estos casos, reclamó una “rápida investigación” por parte de la justicia.
En rigor, la premura inicial ralentizó cuando se supo que entre los mencionados figuran Jorge Arganis Días Leal, actual ministro de Comunicaciones y Transporte; del exconsejero jurídico del presidente, Julio Scherer quién renunció en agosto del 2021; del senador oficialista Armando Guadiana y la esposa del director de la empresa pública de electricidad Manuel Barlett.
Si en el 2020, AMLO se mostraba virulento frente a los empresarios envueltos en el asunto similar de los Panamá Papers ?“una práctica inmoral que despoja a México”-, ahora con sus funcionarios implicados, el presidente se tornó indulgente. Al respecto, trató de minimizar “solamente cuatro entre 3.000”.
Desde el inicio de su mandato, el presidente López Obrador persigue una imagen de gobernante austero con relativo éxito. Sin embargo, contabiliza algún fracaso al respecto.
Es el caso de la venta del avión presidencial, publicitada como uno de los privilegios de sus antecesores de los que el presidente se desprende. Lo cierto es que ya pasaron tres años y el avión continúa anclado en un hangar del aeropuerto de ciudad de México y, claro, pierde valor a medida que pasa el tiempo.
Nunca apareció un comprador. Los intentos de venta rayaron el ridículo. Por ejemplo, el de rifarlo en la lotería -ocurrencia presidencial- que debió ser abandonada ante la más que probable imposibilidad del ganador de “estacionar” la aeronave.
Luego la imaginación llevó a fragmentar el valor actual del aparato en cien notas de US$ 900.000 cada una que, de momento, permanecen sin vender. Lo cierto es que la aeronave costó 250 millones de dólares. Que, de su venta, en el mejor de los casos, solo serán recuperados US$ 90 millones y que su mantenimiento representa US$ 2 millones anuales.
Iniciativas e inmigración
Se trata de una pretensión de mantener la iniciativa desde el gobierno. En ello consiste el casi sin número de anuncios, poco comunes a la vez que poco efectivos, que el presidente López Obrador da a conocer con una regularidad calculada.
A los recientes pedidos de perdón para la etnia Yaqui y para la nación Maya y a la venta, sorteo o licitación fracasada del avión presidencial, hay que sumar dos proyectos de ley. Por un lado, la eventual prolongación o revocación del mandato presidencial a través de un referéndum. Por el otro, el juzgamiento de los expresidentes, en particular los últimos cinco.
Fue un proyecto del presidente y ahora es una ley del Congreso. Con la presentación de una solicitud por parte del tres por ciento del padrón electoral, repartido al menos entre 17 de los 32 estados federales del país, el Instituto Nacional Electoral deberá convocar a un referéndum sobre la continuidad del mandato presidencial. Aprobado.
En cambio, el juzgamiento de los expresidentes fue propuesto por AMLO como referéndum a la ciudadanía. El resultado fue un desaire mayúsculo para el presidente. Si bien el voto afirmativo alcanzó el 89%, solo concurrió a sufragar 7% de los 93 millones de electores habilitados. No aprobado por participación insuficiente.
Como siempre, no hay puntada sin hilo. El presidente perdió la batalla, pero instauró el referéndum como mecanismo de participación directa? a fin de convocar a la ciudadanía, en marzo del 2022, a expedirse sobre la continuidad o no de su mandato. ¿Intento de perpetuación?
Y en esto de manejar, a través de las declaraciones, la iniciativa política, el presidente no repara en fronteras. Ahora se trató de un llamado al rey de España y al Vaticano para que pidan perdón por las violaciones a los derechos humanos durante la conquista y la colonización.
Como siempre, algunos aprueban la iniciativa, otros no. Dos de cada tres mexicanos, según las encuestas consideran que el presidente “utiliza políticamente” la colonización. Un punto de vista que comparten varias organizaciones indígenas o indigenistas. Entre ellos, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional que denunció “la demagogia y la hipocresía” de AMLO.
Claro que no le alcanza con España, como buen pretendiente a la etiqueta de “antiimperialista” el presidente se codea con cubanos, venezolanos y nicaragüenses y llama a construir un nuevo organismo regional en reemplazo de la Organización de Estados Americanos (OEA) para dejar de lado a Estados Unidos y Canadá.
Sin pudor, claro. Es decir, sin abandonar el Tratado de Libre Comercio que une a México con? Estados Unidos y Canadá. Ni tampoco dejar de hacer los deberes que, antes el expresidente Donald Trump y ahora el actual mandatario norteamericano Biden, le piden en materia de inmigración.
Haitianos, hondureños, salvadoreños y venezolanos, primordialmente, pueden avanzar hasta la frontera de Guatemala con México. De allí en más, a territorio mexicano, no. Y, si es necesario, se usa la fuerza pública. A tal punto que el gobierno desplegó 27.500 militares para controlar sus fronteras sur y norte.
La economía mexicana registra crecimientos a pequeña escala durante los últimos años. Desde la asunción del actual presidente, el PIB cayó 0,1% en el 2019 y 8,2% en 2020, año de la pandemia del coronavirus. De su lado, el ingreso per cápita promedio decayó en el 2020 en 17,6%.
México es el cuarto país del mundo en cuanto a la cantidad de fallecidos por el Covid-19, con 280.000 muertos. Medidos por millón de habitantes, ocupa el lugar 15 con 2.220 decesos. En cuanto a la vacunación, solo el 35% de la población cuenta con las dos dosis.
La sociedad mexicana enfrenta el dilema de un presidente que se ocupa del pasado mientras desatiende los problemas del presente, en particular, el de un Estado copado, en gran medida, por el narcotráfico.
