La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicó este miércoles un tratado multilateral que, si es aprobado por los suficientes países, permitiría remplazar una suma de impuestos nacionales a los servicios digitales.
El documento es el primer paso de una revisión de los dos pilares de las normas para la tributación transfronteriza de las empresas multinacionales, que fue acordada en 2021 por casi 140 países, pero cuya implementación está resultando lenta y complicada por la falta de cooperación de algunos, como Estados Unidos.
A grandes rasgos, muchos países se quejan de que el fragmentado sistema tributario del mundo les permite a las empresas multinacionales, particularmente las grandes compañías tecnológicas estadounidenses, pagar pocos impuestos en jurisdicciones donde obtienen grandes ingresos.
Por ello, algunos han introducido sus propios impuestos digitales, a pesar de la oposición de Washington.
Intentando solucionar este problema, el nuevo tratado codifica cómo los gobiernos deben reasignar derechos impositivos sobre alrededor de US$ 200.000 millones en ganancias de las multinacionales más grandes y rentables a los países donde ocurren sus ventas.
La OCDE estima que la reasignación generará ingresos fiscales globales adicionales de entre US$ 17.000 y US$ 32.000 millones, siendo los países de ingresos bajos y medianos los que más ganarían.
Por ello, si se ratifica, el tratado exige que los países que tienen, o están planeando, impuestos nacionales a los servicios digitales los eliminen.
Sin embargo, para que entre en vigor, los 30 países que albergan al menos el 60% de las empresas multinacionales afectadas tienen que ratificar el tratado, lo que significa que Estados Unidos debe estar de acuerdo.
El gran problema es que EE. UU. está particularmente sensible con este pacto, ya que muchos de esos impuestos se implementaron para apuntar a algunas de sus grandes empresas digitales, como Google, Amazon y Apple.
El jefe de impuestos de la OCDE, Manal Corwin, dijo que no ratificar el texto podría tener "graves consecuencias" porque podría desencadenar una proliferación en el uso de impuestos a los servicios digitales y represalias comerciales.
