Por Pablo Maas
Hacía falta una pandemia para reformar la arquitectura impositiva global. Después de años de deliberaciones, propuestas, marchas y contramarchas, el nuevo Gobierno de Joe Biden en Estados Unidos le está dando un impulso extraordinario a un acuerdo para gravar las ganancias de las grandes empresas multinacionales alrededor del mundo.
Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, había propuesto inicialmente una tasa “mínima” del 21% para las ganancias de las grandes corporaciones globales. Pero ante la resistencia de muchos países, la redujo al 15%. Ahora sí, la propuesta está a punto de ser aceptada por el G-7, como paso previo a que el G-20 y la OCDE la hagan suya más adelante.
Si este fuera el caso, estaríamos frente a la mayor reforma del sistema tributario internacional en casi un siglo, desde que la Liga de las Naciones (la antecesora de la ONU) fijó por primera vez las reglas en la década de 1920. Entonces, el mundo se estaba recuperando de la devastación de la Primera Guerra Mundial y las empresas multinacionales recién hacían su ingreso al escenario mundial.
Los acuerdos alcanzados en aquella época les daban a los países derechos fiscales sobre las empresas que tenían una presencia física en sus territorios, desde ramales de ferrocarril a yacimientos petrolíferos, fábricas y oficinas. Pero en la actualidad, los gigantes de la economía digital pueden eludir fácilmente estos impuestos, ya que pueden no tener ninguna presencia física en los mercados en los que actúan. Piénsese en los servicios de streaming o en los negocios del comercio electrónico.
Y justamente son estas multinacionales de la economía digital las mayores y mas rentables hoy en día, como se ha comprobado en el último año en que el coronavirus paralizó la actividad económica.
Los gigantes de Internet y muchas otras firmas también pueden evitar pagar impuestos al localizar sus activos intangibles en países o jurisdicciones de baja tributación y transfiriendo hacia ellas sus ganancias. Sin hablar de los paraísos fiscales, que ya entran en el terreno de la ilegalidad, hoy es habitual que firmas tecnológicas, farmacéuticas y otras tengan sedes fiscales en naciones como Irlanda, Holanda o Hungría, en las que concentran sus ganancias y tributan mínimamente. Irlanda, por ejemplo, tiene una tasa nominal del 12,5%, pero la tasa efectiva que pagan por sus ganancias el millar de multinacionales radicadas allí y que incluyen nombres como Intel, Google, Facebook, Apple y Pfizer, puede ser de apenas 1% o 2%.
Según los criterios que maneja la OCDE y también el FMI, que es otro decidido impulsor de la reforma, el criterio para determinar el impuesto corporativo incluye el lugar en el que residan los consumidores finales del producto o servicio, más que el sitio en el que se realiza la producción o en el que se establezca legalmente la empresa.
En febrero pasado, el FMI publicó un libro (“Corporate Income Taxes Under Pressure”) en el que detalla diversos cursos de acción para construir lo que su titular, Kristalina Giorgieva, llamó “un sistema impositivo para el Siglo XXI”. Alemania, Italia y Francia son otros protagonistas que están muy entusiasmados con impulsar el acuerdo. Daniele Franco, el ministro de Finanzas italiano, que está presidiendo el G-20, dijo que la última propuesta de Estados Unidos era “un paso importante” y que la perspectiva de tener este año una reforma del sistema impositivo internacional “ahora es concreta”. Su colega francés, Bruno Lemaire, sostuvo que el llamado a fijar una tasa mínima del 15% es “una base interesante y sólida” para la discusión. Previsiblemente, los países afectados no están tan de acuerdo. Irlanda ya anticipó su rechazo y Hungría declaró que la propuesta es “injusta para los países del este europeo”.
Pero los tiempos parecen estar corriendo rápido. Un acuerdo informal del G-7 que se espera para la cumbre que sus líderes tendrán entre el 11 y el 13 de junio podría acelerar su tratamiento por parte del G-20, que ha declarado que quiere llegar a concretarlo para este verano del hemisferio norte. Funcionarios que están involucrados en las conversaciones consideran más realista una fecha cercana a octubre para alcanzar un acuerdo internacional pleno.
La concesión de EE.UU. de bajar la tasa mínima del 21% al 15% es considerada definitiva, sobre todo porque la administración Biden está impulsando en su país un aumento de los impuestos a las grandes empresas, para llevarlos del 21% (al que los había rebajado Trump) al 28%.
Las políticas de rebajas de impuestos que estuvieron de moda durante las décadas de políticas ortodoxas han demostrado su ineficacia para elevar la inversión o impulsar la innovación. Un informe recién publicado en Gran Bretaña por la Escuela de Negocios de la Universidad de Cambridge (“Is the UK's flagship industrial policy a costly failure?”) sostiene que las rebajas impositivas de 7.300 millones de libras esterlinas anuales (leyó bien: anuales) concedidas en los últimos 20 años a numerosas empresas para incentivar las inversiones en Investigación y Desarrollo (I+D), han sido un fracaso.
El impacto de estas rebajas impositivas o créditos fiscales ha sido “insignificante”, dijo el informe. Entre los años 2000 y 2018, la inversión combinada del sector público y privado de Gran Bretaña en I+D pasó del 1,7% del PIB al 1,8%, una “mejora” de una décima de punto porcentual, lo que se dice un verdadero fracaso y, encima, costosísimo. El ejemplo confirma una vez más aquella célebre observación de Paul Krugman acerca de cómo los capitalistas, en cada ocasión en que se les ofrecía una rebaja de impuestos, en lugar de invertir, “agarran la plata y salen corriendo”.
