Debates

Uruguay debate sobre un posible impuesto a sus "riquitos"

Con un Frente Amplio dividido, sindicatos y legisladores proponen gravar al 1% más rico. Empresarios alertan por fuga de capitales y el gobierno promete estabilidad.

La capital de Uruguay, Montevideo
La capital de Uruguay, Montevideo EE
Ismael Grau 13 julio de 2025

En el Uruguay, la escala de su relativamente pequeña geografía y población parecen enmarcar ciertas discusiones. Los ricos, se dice, son pocos y sus fortunas no son tan abultadas como las de los magnates de otros países, incluso vecinos.

Algunas propuestas para establecer un impuesto de 1% al 1% más acaudalado de la población están haciendo hablar por estos días en el Uruguay de sus ricos y su riqueza. Es un debate que cobra cierta fuerza en este momento porque, desde marzo pasado, el país es gobernado por el Frente Amplio -un partido que nuclea a grupos de centroizquierda, junto a socialistas y comunistas con posturas algo más radicales-, aunque el presidente Yamandú Orsi, alineado con los moderados, ha repetido desde la campaña electoral que no tiene previsto implementar cambios tributarios. Y eso lo ratificó más de una vez su ministro de Economía, Gabriel Oddone. 

Los "ricos" uruguayos

La decimosexta edición del Informe Global sobre la Riqueza, que el banco suizo UBS publicó hace pocas semanas, contabilizó en el Uruguay a 17.675 personas con una fortuna neta superior al millón de dólares. Son 2,2% más que las del 2023 (17.312) y ubican al país en la posición 49 del ranking -entre 56 economías analizadas- en cantidad de millonarios. Dentro de esa cifra de millonarios seguramente figuran argentinos y otros extranjeros que residen en este país.



Otro dato que surge de ese estudio es que el patrimonio promedio por adulto en el Uruguay era de US$ 89.304 (US$ 36.339 en mediana).

Cuánta fortuna hay que tener para ser rico es un asunto no saldado que algunos orientales analizan, aparentemente, sin poder dejar de compararse. 

"No hay ricos, hay riquitos" en el Uruguay, dijo hace años el político y presidente del club de fútbol Peñarol José Pedro Damiani (1921-2007), y a esa frase se apegan muchos empresarios cuando hablan del tema.



"Los millonarios uruguayos son, o somos, unos pichos en Argentina. Los millonarios argentinos son pichis en Brasil...es así. Ellos tienen miles de millones", afirmó el arquitecto Ricardo Weiss, dueño de una importante compañía constructora, citado en el libro El club de los millones. Ser rico en Uruguay, publicado hace una década por el politólogo y político Fernando Amado.

Según Weiss, un uruguayo "fuerte tiene activos por US$ 100 millones para arriba, a US$ 200...no más de eso. Los millonarios estándar uruguayos tendrán alrededor de US$ 10 o US$ 15 millones de dólares". Sobre su propia fortuna, ese empresario dijo: "No, no, no, en esa lista no me incluyo. Estoy bien, pero no".

Amado, que hoy es diputado por un sector del Frente Amplio, señaló en su libro que "dos características nacionales conspiraron" para hacer compleja aquella investigación. En primer lugar, la pequeña dimensión económica de Uruguay nunca ha sido atractiva como para justificar que existiera acumulación de información sobre la materia. En segundo lugar, la idiosincrasia del "bajo perfil" y la "no ostentación", sumada al muchas veces presente "castigo al éxito económico actuaban como un efectivo desaliento a la transparencia y a una invitación a 'esconder la leche'". 



Propuestas y McPato

En el acto por el Día Internacional de los Trabajadores, el pasado 1° de mayo, el PIT-CNT -la central sindical única del Uruguay- propuso crear un impuesto del 1% al patrimonio del 1% más rico de la población para, con los recursos que se obtengan, atacar la pobreza entre los menores, que alcanza a uno de cada cinco niños y adolescentes. 

El planteo tuvo eco en el Parlamento y el senador socialista Gustavo González empezó a buscar apoyos para un proyecto de ley sobre las mismas bases que las propuestas por el PIT-CNT. Este domingo, El País de Montevideo informó que ya consiguió el respaldo de los también senadores Óscar Andrade (Partido Comunista) y Constanza Moreira (del grupo Casa Grande).

El diario tituló que la iniciativa "enfrenta al gobierno con sectores del Frente Amplio", aludiendo a la postura contraria a modificar impuestos adelantada por Orsi y el ministro Oddone.



El programa de gobierno del Frente Amplio para este período 2025-2035 menciona la intención de introducir más equidad por la vía impositiva, aunque, para Orsi, este documento es sólo una orientación general. Propone "avanzar en la transformación del sistema tributario reduciendo impuestos al consumo y fortaleciendo la imposición a la renta, el gran capital y el patrimonio con el criterio de progresividad. Con el objetivo de avanzar en la reducción de la desigualdad, estudiar las formas para incrementar el aporte fiscal por concepto de dividendos y utilidades, así como los patrimonios y las transferencias patrimoniales de muy alto porte y los depósitos en el exterior. Las modificaciones en la política tributaria tendrán como concepto que paguen más los que tienen más riqueza y más ingresos, aliviando la carga tributaria sobre los que menos tienen". 

Algunos académicos son proclives a establecer un gravamen a la riqueza -en el entendido de que el actual Impuesto al Patrimonio es insuficiente- y han estimado la recaudación potencial en unos US$ 600 millones anuales. Pero la idea también encuentra detractores. 

El presidente del Centro de Estudios para el Desarrollo, Hernán Bonilla, enumeró diez razones para oponerse, empezando porque, según él, "no es un tema que esté en la agenda ni figure entre las preocupaciones de los uruguayos". 



Alegó, además, que la propuesta del PIT-CNT no tiene el "menor fundamento ni estudio de impacto detrás", y le atribuyó "incomprensión de cómo funciona la economía. Los 'ricos' no tienen su patrimonio en una bóveda como McPato de la que pueden sacarse monedas sin que siquiera se den cuenta, lo tienen en acciones, edificios, maquinaria, etc. Un impuesto conllevaría la venta de activos para pagar el impuesto afectando seriamente a una multitud de empresas".

El décimo argumento señalado por ese economista es que el presidente Orsi se comprometió en campaña a que no iba a poner más impuestos, y "desdecirse afectaría seriamente su credibilidad".

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