El sorpresivo y sorprendente arresto de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos junto a la decisión de no descabezar al régimen autoritario que encabezaba el dictador venezolano plantean una variedad de interrogantes: 1) ¿por qué el gobierno de Trump optó por dejar intacto al autoritarismo venezolano?; 2) ¿cuáles son los objetivos de los Estados Unidos?, y más importante 3) ¿es la salida de Maduro el comienzo de una transición democrática?
Que Estados Unidos lanzara una operación militar sobre suelo venezolano no puede tomar por sorpresa a nadie dado el despliegue de fuerzas en el Caribe. Lo sorpresivo no fue por tanto la conducción de una operación militar en territorio venezolano sino su naturaleza. Hay que remontarse 36 años al arresto de Manuel Noriega, entonces hombre fuerte de Panamá, para encontrar un episodio similar. La captura de Maduro mostró el poder operativo de los Estados Unidos, que con poco esfuerzo pudo operar a placer en territorio venezolano a la vez que puso en evidencia la incapacidad del aparato de seguridad del chavismo en todo aquello que no suponga la represión de civiles desarmados.
Maduro ya no conduce Venezuela y ahora se encuentra en una cárcel de máxima seguridad de Nueva York esperando ser juzgado. Un primer interrogante es por qué la administración Trump optó por dejar en pie al régimen. La lección de operaciones como Irak en 2003 y Afganistán en 2001 parece haber sido aprendida. Descabezar al régimen hubiera requerido un despliegue de tropas norteamericanas en el terreno para garantizar el orden. Es claro que si hay algo que ni Trump ni sus votantes desean es que haya efectivos norteamericanos como fuerzas de ocupación de un tercer país. Frente a ello, Trump y su secretario de Estado Marco Rubio optaron por dejar en pie al régimen, pero bajo la amenaza de nuevas intervenciones, de no cumplirse un pliego de condiciones que Estados Unidos acordó con la sucesora de Nicolás Maduro. La decisión de no retirar las fuerzas desplegadas en el Caribe, de mantener las sanciones económicas vigentes y de amenazar con nuevas olas de ataques echan por tierra la hipótesis que sostenía que Trump se contentaría con realizar un bombardeo en territorio venezolano y luego dar por concluida la misión. El caso venezolano no es solo acerca de narcotráfico ni tampoco se explica exclusivamente en base al petróleo. Hay otros factores presentes aparte de los mencionados: 1) la cuestión migratoria; 2) la geopolítica, en particular la reafirmación de la hegemonía norteamericana en el continente americano y la relación de Venezuela con potencias rivales de los Estados Unidos; 3) la ilegitimidad de Nicolás Maduro, quien se robó la elección del 28 de julio de 2024; y 4) la proximidad geográfica. Frente a las alternativas de tener que hacerse cargo de garantizar el orden con un despliegue de efectivos en el territorio; entregar el poder a una oposición carente hoy de garantizar la gobernabilidad o controlar al régimen a punta de pistola de manera remota, esta última alternativa fue la escogida por Trump, quien señaló en la conferencia de prensa de este último fin de semana que Estados Unidos conduciría a Venezuela hacia una transición ordenada.
Trump mencionó que la presidenta Rodríguez debería cumplir un conjunto de condiciones para evitar una segunda ola de ataques. Las mismas no han sido hecho públicas, pero es posible inferir que se trata de condiciones que se refieren a la entrada de empresas norteamericanas en el negocio petrolero, la salida de Venezuela de potencias consideradas hostiles por los Estados Unidos y finalmente a un conjunto de acciones que permitan una salida ordenada del régimen. Difícilmente Marco Rubio, quien aspira a suceder a Trump, confíe en Delcy Rodríguez ni en ninguna de las figuras de la elite chavista. Es por ello que parece remota la probabilidad de un escenario de continuidad del régimen sin Maduro. Las transiciones democráticas iniciadas impulsadas por una potencia extranjera no son desconocidas. Hay casos exitosos (Alemania, Japón; Panamá) y casos fallidos (Irak, Afganistán). El tiempo dirá en qué grupo estará Venezuela.
Es pronto para saber si la salida de Maduro llevará en un plazo razonable (entre un año y un año y medio) a una salida democrática. Para tener más certeza sobre ello deberían tener lugar las medidas de liberalización que típicamente preceden a una transición democrática. En particular, la liberación de los casi 900 presos políticos que aún permanecen en las cárceles del régimen, la sanción de una amnistía para los perseguidos políticos, la concesión de garantías para el retorno de los dirigentes políticos exiliados, el levantamiento de todo tipo de proscripción, la devolución de los partidos opositores intervenidos por el régimen a sus legítimas autoridades, un cambio en la composición del Consejo Nacional Electoral, el recambio de quienes hoy encabezan las principales agencias a cargo del aparato represivo y la inscripción en el padrón de quienes hoy residen en el exterior, pero que fueron impedidos de votar en 2024 por las trabas impuestas por el régimen. Esta lista no es exhaustiva, pero sin estas medidas difícilmente pueda pensarse en una salida democrática. Dado el contexto en el que se realizaron las elecciones legislativas y para cargos locales, la salida democrática debería comprender a todas las ramas del gobierno. Es difícil pensar que aún bajo amenaza de Estados Unidos, el chavismo o alguna de sus facciones no presente resistencia frente a un proceso de salida democrática. Las transiciones no son procesos lineales y suelen estar plagadas de obstáculos. Las próximas semanas nos darán las señales para verificar si Estados Unidos solo busca promover sus intereses económicos y geopolíticos o si busca en simultáneo forjar una salida democrática para Venezuela.
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