¿Son los golpes de Estado una rémora del pasado? ¿O siguen vigentes? A juzgar por cuanto ocurre en los países desarrollados del mundo, no. A considerar el resto del planeta, sí. Pero, en el “ese resto del planeta”, la distribución geográfica de los arrebatos del poder se tornó desigual.
Vayamos del presente a pasado. En lo que va del 2022, más precisamente el 24 de enero fue derrocado el presidente de Burkina Faso, Roch Marc Kaboré por un golpe militar encabezado por el teniente coronel Paul-Henri Sandaogo-Damiba. A Damiba, a su vez, lo volteó el 30 de setiembre, otro golpe militar encabezado por el capitán Ibrahim Traoré.
Si el presente año solo contabiliza dos golpes, el pasado 2021 totalizó cuatro, más un intento fallido. Arrancó en Birmania, el 1° de febrero, con el derrocamiento de la Premio Nobel de la Paz Aun San Suu Kyi, hoy encarcelada tras ser condenada por la justicia del régimen. El jefe del golpe y actual dictador es el general cinco estrellas Min Aung Hlain.
Desde el 7 de junio del 2021, el coronel Assimi Goita dirige de manera dictatorial los destinos de la República de Mal, tras el derrocamiento del presidente interino Ba N'Dau quién, hasta su salida, se hizo cargo del poder designado por el propio coronel Goita, luego del golpe militar que derrocó al presidente constitucional Ibrahim Bubakar Keita, un año antes.
El 25 de octubre de 2021, fue el turno de Sudán. Se trató de un golpe contra un gobierno provisorio que reemplazó al del dictador Omar al-Bashir. Su jefe y actual presidente del Consejo Soberano del Sudán es el general Abdelfatah al Burham.
El intento fracasado ocurrió en Armenia tras la derrota y pérdida de territorio en la guerra con el vecino Azerbaiyán. En la ocasión, y a lo largo de cinco días, entre el 25 de febrero y el 2 de marzo, el general Onik Gaspanián intentó voltear al primer ministro Nikol Pachinian. No pudo. Quedó aislado ante la falta de apoyo popular y de acompañamiento militar.
Por último, aunque no cronológicamente, el golpe de Estado en Guinea cuando el coronel Mamady Doumbouya se levantó en armas y derrocó al presidente Alpha Condé, el 5 de setiembre de 2021.
Posiblemente, el golpe de estado en Guinea cuente con alguna mayor justificación histórica que los demás enumerados. Es que, en este caso, el golpe de Estado militar sobreviene tras una especie de golpe de Estado institucional que protagonizó el autoritario presidente Alpha Condé.
Alpha Condé, un profesor de ciencias políticas que supo dictar clase en la Universidad de París fue un acérrimo opositor del “eterno” presidente Lansana Conté -24 años de gobierno-, llegado al poder también tras un golpe de Estado en 1984.
Cuando Lansana Conté murió en 2008, un grupo militar, encabezado por el capitán Mussa Dadis Camara, tomó el poder. No le fue bien al capitán Camara y debió exiliarse, tras ser herido por bala -en el cuello y en la cabeza- disparadas por... su jefe de la guardia presidencial.
Finalmente, en 2010, el poder retornó a los civiles. Alpha Condé ganó la elección presidencial en segunda vuelta con un resultado ajustado -52%- y fue reelecto en 2015, esta vez con el 58%, o sea en primera vuelta.
Los problemas surgieron cuando -como tantos otros gobernantes de países no desarrollados- decidió organizar un referéndum para modificar la Constitución que le permitiese competir por un tercer mandato. El presidente Condé logró su cometido y fue reelecto con casi el 60 por ciento de los votos. Pero, fue su perdición.
El golpe
¿Cómo deberá llamar, de acá en más, la denominada ciencia política a los cambios de reglas políticas y electorales con entrada en vigencia inmediata cuando las lleva a cabo un gobierno en las postrimerías de su período y con el evidente afán de perpetuarse?
Técnicamente es manipulación, políticamente fraude. Posiblemente no en las formas, pero sin ninguna duda en cuanto concierne a sus efectos y a su ilegítimo origen. La mala fe que amerita la ilegitimidad parte de no tanto del cambio de reglas sino del quebrantamiento constitucional que el autócrata de turno juró defender para que ni Dios, ni la patria se lo demanden.
Es fraude porque ese cambio de reglas de juego no es inocente, ni mucho menos. No se trata de justificar con aquello de la voluntad popular cuando la modificación se lleva a cabo desde el Estado. Se trata de quebrar la ley. Y la voluntad popular no es suficiente para ello, menos aún cuando el volumen de esa “voluntad popular” es una entelequia que nadie puede cuantificar.
Es que incluye, en provecho propio, por ejemplo, el reparto de recursos fiscales. También el uso y abuso de medios del Estado o privados pero sumisos ante una posible pérdida de la publicidad oficial, las limitaciones y prohibiciones para la oposición, la compra directa o indirecta de votos son las maniobras habituales.
El hoy depuesto Alpha Condé, como tantos otros en el mundo, lo hizo. Y la respuesta fueron las movilizaciones de protesta con la “correspondiente” represión. El todo desembocó en un golpe de Estado, injustificable como todos los golpes de Estado, pero aceptable si se tiene en cuenta el fraude “legal”, la ilegitimidad de origen de la reelección de Alpha Condé.
¿Quiénes dieron el golpe de Estado? Sí, claro, los militares. ¿Acompañados de civiles? Sí, desde el hartazgo frente al déspota corrido. No, desde la integración del gobierno reemplazante. Cierto es que los dos primeros ministros que se sucedieron desde el golpe son civiles, pero todo el poder reside en la Junta Militar que preside el coronel Mamady Doumbouya.
Doumbouya junta los cargos oficiales de presidente de la Transición y del Comité Nacional de Reconciliación y Desarrollo -la Junta Militar-, una especie de poder legislativo de facto, con atribuciones poco claras, cuyos miembros son los siete cabecillas del golpe, todos ellos militares.
¿Quién es el coronel Doumbouya? ¿Cuáles son sus antecedentes? De 42 años de edad, nacido en Kankan la segunda ciudad de Guinea, fue becario de la Escuela de Guerra francesa de donde egresó con un diploma de estudios superiores militares. Después participó de cursos militares en Senegal, Gabón e Israel.
Como legionario del Ejército francés, el actual coronel participo de misiones en Afganistán, Costa de Marfil, Yibuti, República Centroafricana, Israel, Chipre y el Reino Unido. En 2009 finalizó su contrato con el Ejército francés como suboficial con el grado de cabo.
De retorno en Guinea e incorporado al Ejército, su primera jefatura de importancia fue el comando de un Grupo de Fuerzas Especiales, unidad de elite especializada en antiterrorismo, cargo que alcanzó en 2018.
Ascendió a teniente coronel en 2019 y a coronel en 2020. Finalmente, el 05 de setiembre del 2021 protagonizó el golpe de Estado que destituye al presidente Condé, que suspendió la vigencia de la Constitución y que cerró las fronteras del país.
La puja regional
Fueron los Estados Unidos y los países de la Unión Europea, particularmente la ex metrópoli colonial Francia, junto con los informes de la ONG Amnesty International, quienes denunciaron los excesos del Gobierno de Alpha Condé. Principalmente, la represión violenta y la detención de opositores que rechazaban la reforma constitucional para la reelección.
El caos que reinaba en el país desembocó en el golpe militar del 5 de setiembre de 2021. La primera respuesta internacional al quebrantamiento del orden constitucional provino de la Cedeao que suspendió a Guinea de todos sus órganos de decisión.
La Cedeao es la Comunidad de Estados de Africa Occidental, integrada por 15 estados, con oficinas centrales en Abuja, la capital de Nigeria. Sus documentos aparecen en inglés, francés y portugués simultáneamente. Su objetivo inicial fue promover el desarrollo entres sus miembros a través de la ampliación del mercado para sus respectivas producciones.
Fundada en 1975, la conformación de una unión económica y monetaria no aparece en lo inmediato como prioridad. Sí, en cambio, la estabilización política de la región. En particular, tras la aparición y consolidación de las dos organizaciones yihadistas -Al Qaeda y Estado Islámico- en varios de los países que integran la organización.
De manera paralela a la Cedeao, Guinea fue asimismo suspendida de los órganos de decisión de la Unión Africana (UA). Ambos organismos supranacionales exigen el retorno al estado de derecho en plazos perentorios del orden de un semestre.
La respuesta de la Junta Militar guineana fue la denominada “Carta de la Transición” que habla de la redacción de una nueva constitución y, tras ello, la organización de elecciones generales, pero sin establecer plazos de ningún tipo.
Fue el comienzo de un “tira y afloje” entre los militares guineanos que se limitan a pedir ampliación de plazos y la Cedeao que pretende, antes que nada, un calendario electoral. Finalmente, el 5 de setiembre, al cumplirse un año del golpe de Estado, el coronel Doumbouya fijó un plazo de...39 meses, sin especificar la fecha de inicio del período.
Los dos principales partidos políticos de Guinea rechazaron la por demás vaga propuesta del coronel golpista. En consecuencias, manifestaciones de protesta sacudieron al país. Seguidas por la represión callejera y el arresto de dirigentes opositores.
Perseguidos, los partidos políticos formaron un frente denominado Frente para la Defensa de la Constitución que fue disuelto y puesto fuera de la ley por el gobierno militar.
Junto a la represión, el poder militar utiliza al poder judicial, súbitamente reconvertido de instrumento del autoritario Condé en instrumento de la dictadura militar. En consecuencia, nueve altos responsables del gobierno de Condé, algunos de ellos exministros, fueron detenidos y procesados.
Desvío de fondos públicos, enriquecimiento ilícito, blanqueo de dinero y corrupción son los cargos que les son imputados. Nadie en Guinea discute la eventual culpabilidad de los afectados. Pero nadie, tampoco, vincula los procesos con la eternización del gobierno militar.
Finalmente, en ocasión de la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, una reunión extraordinaria de la Cedeao decidió echar mano de “sanciones progresivas” contra la Junta Militar, en particular, contra sus miembros, a partir de una lista que nadie tiene apuro en confeccionar.
El presidente temporal de la Cedeao, a la vez presidente de Guinea-Bissau, Umaro Sissoco Embalo advirtió sobre duras sanciones si la Junta insistía en el plazo mayor de tres años. Reveló que los militares se habían, oportunamente, comprometido a un plazo de dos años. La respuesta de la Junta fue tratar al presidente Embalo de “payaso” y de “mentiroso.
Dictaduras solidarias
“El coronel Mamady Doumbouya fue recibido con todos los honores, a su descenso del avión presidencial de la República de Mali, por el presidente -del Mali- Assimi Goita”, rezaba el comunicado de la presidente guineana sobre el primer desplazamiento del jefe golpista fuera de su país.
El proverbio recordaría que “Dios los cría y ellos se juntan”, para encuadrar correctamente el encuentro entre ambos jefes de Estado de facto. A partir de allí, todas las flores. Apelativos mutuos de “hermano” y festejos conjuntos del 62 aniversario de la independencia maliana.
La vigencia de estas dictaduras a las que hay que agregar la también vecina Burkina Faso y el lejano Sudán preocupan como antecedentes para la aparición de otros militares golpistas en el continente africano.
También revela la escasa voluntad de mantener buenas relaciones con los organismos supra nacionales, continentales o globales, ante las exigencias de un rápido retorno a la vía institucional normal.
Desde 1960 -año de la independencia de gran parte de los actuales Estados africanos- el continente presenció 46 golpes de Estado o intentos de golpe de Estado. Por su parte, 38 ocurrieron en el continente americano, 30 en la región Asia-Pacífico y solo 5 en Europa. Es decir, un total 119 interrupciones constitucionales. A razón de 1,65 golpes de Estado por año.
Se trata pues de un fenómeno que está lejos de ser erradicado, que conlleva siempre el peligro de muertes, de exilios, de privaciones de libertad y de violaciones de los derechos humanos.
La historia reciente de Guinea es por demás ilustrativa. Hace trece años, exactamente el 28 de setiembre de 2009, la oposición civil convocó a una concentración en el estadio nacional. Miles de guineanos se congregaron allí para manifestar contra la eventual elección del golpista de turno en el poder, capitán Moussa Dadis Camara.
A un determinado momento, un grupo de hombres encapuchados abrió fuego sobre la multitud. Tras ellos, hicieron lo propio militares, policías y, sobre todo, miembros de la guardia presidencial identificados por el uso de boinas rojas.
El resultado fue más de 150 muertos, más de 100 mujeres violadas y al menos 1.400 heridos según la contabilidad de las Naciones Unidas.
El correspondiente proceso judicial deambuló por los escritorios de los juzgados hasta finalizar la etapa de prueba y testimonios de la instrucción a finales del 2017. Desde entonces hasta el 28 de setiembre de 2022, nada. El depuesto presidente Alpha Condé congeló el asunto para cumplir con los compromisos asumidos frente a los militares que ordenaron la represión.
Casi como curiosidad, es con un nuevo régimen militar cuando la etapa de juicio comenzó. Inclusive con la repatriación -voluntaria, por cierto- del capitán Camara, exiliado hasta entonces en Burkina Faso.
Que el coronel Doumouriya busca, con el inicio del proceso, una mejoría en la relación con la comunidad internacional, pocas dudas caben. Resultará toda una excepción que una dictadura militar juzgue los crímenes de otra. Quienes desconfían, imaginan razones diferentes. Un proceso local evitará que se inmiscuya la Corte Penal Internacional. De los males, el menor.
