América Latina
Unos 13,4 millones de ecuatorianos elegirán este 20 de agosto al sucesor del presidente Guillermo Lasso y a un nuevo Congreso, con el correísmo como favorito, tras una campaña sacudida por el asesinato del candidato Fernando Villavicencio (59) por el crimen organizado relacionado con el narcotráfico que jaquea la seguridad, desafía al frágil poder político y amenaza al orden democrático del país.
En mayo, el conservador Lasso recurrió por primera vez a la opción constitucional de la llamada "muerte cruzada", por la cual un presidente puede interrumpir su mandato, disolver la Asamblea Nacional de 137 miembros y convocar a nuevas elecciones, aunque en este caso el jefe del Estado descartó buscar su reelección.
- Lasso, quien había asumido dos años antes después de derrotar en las urnas a la izquierda liderada por el expresidente Rafael Correa, evitó de ese modo ser condenado y destituido en el juicio político que había iniciado la oposición en el Congreso por cargos de corrupción en contratos de transporte de petróleo. Ahora, la favorita en las encuestas es la correísta Luisa González (Revolución Ciudadana).
El país ya vivía, antes del asesinato de Villavicencio, una situación política inestable y envuelto en un clima de violencia criminal relacionada con el tráfico de drogas (las muertes violentas se quintuplicaron en seis años, en ataques, lucha de bandas y coches bomba). Lasso intervino cárceles y desplegó 2.700 militares en Guayaquil, capital económica del país, donde los asesinatos aumentaron 65% este año.
En ese contexto, Villavicencio -periodista investigador de casos de corrupción y del crimen organizado, también sindicalista, diputado y por fin candidato presidencial del Movimiento Construye- fue asesinado el 9 de agosto en Quito, en plena campaña proselitista. Había denunciado amenazas de "Fito", José Adolfo Macías Villamar, un líder preso del grupo "Los Choneros", ligado al cártel de drogas de Sinaloa (México).
Sin embargo, fue otra banda, "Los Lobos", la que se adjudicó el asesinato y amenazó de muerte a otro candidato, Jan Topic. "Queremos dejarle claro a toda la nación ecuatoriana que cada vez que los políticos corruptos no cumplan con su promesa que establecemos cuando reciben nuestro dinero, que son millones de dólares para financiar su campaña, serán dados de baja", dijeron los criminales.
El Gobierno decretó el "estado de excepción" en todo el país por 60 días pero confirmó los comicios. "El crimen organizado ha llegado muy lejos, pero les va a caer todo el peso de la ley", aseguró Lasso, quien pidió, y obtuvo, la colaboración del FBI estadounidense para investigar el caso. "Este es un crimen político", afirmó. Villavicencio será reemplazado como candidato por otro periodista, Christian Zurita. Días después, también fue asesinado el dirigente correísta Pedro Briones.
En el terreno económico, el desempleo formal es de sólo 3,2% y el subempleo de 18,9%, pero más de la mitad de los trabajadores (54,3%) son informales, contra 34% de trabajo en blanco. Con una inflación de 2,1% anual, la pobreza y la pobreza extrema aumentaron hasta el 27% y el 10,8%: es decir 4,5 millones de ecuatorianos viven con tres dólares o menos al día, según cifras oficiales.
El sistema electoral ecuatoriano prevé que si ningún candidato supera el 40 por ciento con 10 por ciento de diferencia sobre el segundo, habrá un ballotage entre los dos más votados, esta vez fijado para el 15 de octubre.
El voto en Ecuador es obligatorio, pero en todas las presidenciales de 2002 a 2017 el voto nulo y blanco rondó 12%. En 2021, en segunda vuelta, creció hasta 18%, por el llamado de grupos indígenas a anular el voto.
Los ecuatorianos votarán simultáneamente en dos consultas estratégicas sobre los recursos naturales del país, una sobre la posibilidad de explotar petróleo en el Parque Nacional Yasuní, un antiguo proyecto del gobierno de Correa, y otra sobre la eventual prohibición de la actividad minera en el Chocó Andino ecuatoriano, una región tropical que recorre varios países junto al Pacífico.
Los planes del correísmo
Hay en carrera ocho fórmulas presidenciales, aunque en el promedio de encuestas la máxima favorita resulta la correísta González (Revolución Ciudadana), con casi 40% de votos válidos y cerca de ganar en primera vuelta.
Lejos quedan el millonario derechista Topic (Juntos Triunfaremos), el indigenista Yaku Pérez (Claro que se Puede) y Otto Sonnenholzner (Actuemos), vice del expresidente Lenín Moreno. En ese lote iba Villavicencio, como todos debajo del 20%, en un contexto de alto porcentaje de indecisos (59,5%, según Cedatos). El partido de Lasso no presentará candidatos.
González eligió como vice a Andrés Arauz (derrotado por Lasso en 2021) después de que el ex vicepresidente Jorge Glas declinara la candidatura por impedimentos judiciales (estuvo detenido entre 2017 y 2022 por corrupción, y espera juicio en libertad condicional) como los que mantienen exiliado a Correa, también condenado en 2020 a ocho años por cohecho y actualmente asilado en Bélgica.
"Vamos a tomar al toro por los cuernos y vamos a enfrentar las causas generadoras de la violencia y de la delincuencia, como lo son el hambre, la pobreza, la falta de educación, la ausencia de oportunidades", asegura González, exsecretaria de Administración Pública y única mujer que se postula a la Presidencia.
"Somos la principal fuerza política y estamos en nuestro mejor momento", la respaldó Correa desde Bélgica. "Ganaremos y muy bien ganadas esas elecciones". El correísmo ganó las comicios regionales de febrero: reeligió en Pichincha, ganó la alcaldía de Quito y dio el batacazo en bastiones conservadores como la provincia de Guayas y su capital, Guayaquil.
González presentó un plan de gobierno que incluye una auditoría de la deuda pública contratada durante la pandemia y buscar su renegociación. También recuperó propuestas correístas como impulsar "nueva arquitectura financiera regional" sudamericana para acceder a recursos frescos.
Otros planes de González son recontratar a trabajadores despedidos de la salud, subir salarios de los policías e invertir en programas de alimentación escolar, y en parte financiarlo con impuestos a las plataformas digitales, además de instaurar un sistema de transparencia para "capturar el incremento patrimonial no justificado".
Violencia e inseguridad
Ecuador experimenta un geométrico aumento de la violencia entre bandas criminales que se disputan territorio y ganancias del tráfico de cocaína hacia Europa y América del Norte, que en alianza con cárteles de México hoy solo Brasil supera en volumen en la región. La producción de esa droga se ha disparado a niveles históricos en el mundo en los últimos años.
En esa dinámica regional, Ecuador -vecino de países donde se produce cocaína como Perú y Colombia- ganó importancia como corredor de la droga por sus estratégicos puertos sobre el Pacífico, muy activos en la exportación de petróleo, banano y pescados. De los 300.000 contenedores que salen cada mes de Guayaquil, las autoridades solo pueden inspeccionar el 20%, según le reconocieron a The New York Times este año.
Antes de Villavicencio, otro político, Agustín Intriago, alcalde de la ciudad costera Manta, la sexta más importante de Ecuador, fue asesinado a balazos recientemente en plena calle cuando conversaba con una joven deportista, también fallecida. Las autoridades detuvieron a un presunto autor, llamativamente abatido en el operativo, y luego a seis ciudadanos colombianos a los que vinculó al homicidio.
Ese atentado se encadenó con el de Villavicencio, diez días antes de los comicios nacionales. Una década atrás, el periodista había sido condenado a 18 meses de prisión y multado con US$ 140.000 por injurias al entonces presidente Correa, un fallo que lo llevó a refugiarse en Perú y Estados Unidos, hasta que volvió a Ecuador cuando terminó su administración.
El otro foco de violencia son las prisiones dominadas por las mismas bandas de narcotraficantes, donde en los últimos dos años fueron asesinados más de 400 reclusos en más de una docena de masacres entre bandas que conmovieron al país e incluyeron la toma de guardiacárceles como rehenes.
Según el sociólogo Franklin Ramírez (Flacso), hay varios elementos en el avance de las bandas criminales en Ecuador durante los últimos años, "pero sin duda uno central es la firma de los Acuerdos de Paz en Colombia, que reorganizó el despliegue de narcos, paramilitares y disidentes de las FARC, y que en el caso ecuatoriano incidió en la frontera norte, con dos de los departamentos colombianos de mayor producción histórica de cocaína. Con la fragmentación de las FARC, emergieron pequeñas bandas y milicias que empezaron a movilizarse y desplazarse con más facilidad por las fronteras, en el marco de un virtual abandono por parte tanto de Colombia como de Ecuador de esos territorios".
Lasso nombró cinco diferentes jefes del servicio penitenciario, sin obtener cambios ni quitarle a los delincuentes el control de las prisiones. Constituidas casi como un poder más, las bandas criminales llegaron a ofrecer un "diálogo de paz" a Laso que evocó las demandas de Pablo Escobar en la Colombia de los '90. Correa ensayó un approach similar en 2007 y los crímenes bajaron de 16 a 6 cada 100.000 habitantes: hoy ese indicador trepó a 103.
Investigaciones periodísticas reportan hace tiempo la actividad de cárteles mexicanos, brasileños e incluso albaneses vinculados con organizaciones delictivas locales en un mercado en el que la dolarización de la economía adoptada por el país desde 2000 facilita además el lavado de las ganancias de negocios ilegales.
Desde 2019 las cantidades de droga ilegal incautada pasó de menos de 80 toneladas a más de 200 toneladas y el número de homicidios casi se quintuplicó, de 1.088 en 2019 a 4.761 el año pasado (80% relacionados con el narcotráfico).
Inevitablemente, la actividad del narcotráfico permea las fuerzas de seguridad con diversos mecanismos de corrupción. En 2023, Estados Unidos retiró las visas a oficiales de alto rango de las fuerzas de seguridad del Estado, a jueces y abogados ecuatorianos presuntamente vinculados al narcotráfico.
Villavicencio había propuesto como candidato a presidente la construcción de una cárcel de "altísima seguridad" para encerrar a los delincuentes más peligrosos, la militarización de los puertos para controlar el tráfico de drogas y la creación de una Unidad Antimafia que, "con apoyo extranjero", perseguiría a "narcotraficantes, secuestradores y todo tipo de estructura criminal"
El Consejo de Seguridad Pública de Ecuador declaró a las bandas criminales como parte de organizaciones terroristas en abril y, en junio, Lasso autorizó al personal de seguridad a aplicar fuerza letal en operaciones antipandillas. "¡Se acabó el absurdo de que un policía tenga que esperar a que un criminal le dispare a él o a un conciudadano antes de responder al fuego!", había dicho.
Crecimiento, pero...
La economía dolarizada de Ecuador se ha regido durante más de dos años bajo los gobiernos de Moreno y Lasso por un programa de ayuda del Fondo Monetario Internacional (FMI) que concluyó en 2022, pero los inversores extranjeros siguen viendo al país como un mercado difícil, con un riesgo país que superó en agosto los 2.000 puntos (20% sobre la tasa de interés básica).
En el cuarto trimestre de 2022, el Producto Interno Bruto (PIB) subió 4,3%, por impulso del gasto público, las exportaciones y el consumo interno, y recuperó así los niveles pre pandemia y el Banco Central del Ecuador estimó un crecimiento de 2,6% para 2023. Sin embargo, el FMI bajó su proyección, a 2,9%, para una economía dolarizada que está sintiendo las subas de tasas de interés en Estados Unidos.
Según el Gobierno, no hay riesgo de default y Ecuador tiene financiado su presupuesto para lo que resta del año, tras concluir el acuerdo de financiamiento por US$ 6.500 millones con el FMI y recibir un último tramo de US$ 700 millones, que sumará a financiación de organismos multilaterales y emisiones de deuda interna.
El acuerdo con el FMI, el vigésimo con el organismo en su historia, impuso como metas una reforma tributaria, auditorías a empresas públicas como Petroecuador, esfuerzos anticorrupción y ayuda a las personas más pobres. También una quita de subsidios a combustibles por US$ 4.000 millones.
Sin descartar una emisión de bonos en el mercado internacional para completar los US$ 7.500 millones que necesita el país este año, se prevé un déficit fiscal de US$ 2.630 millones. Tras el acuerdo con el FMI, al menos el 75% de la población de menores ingresos de Ecuador recibe algún tipo de bono social, según el Ministerio de Inclusión Económica y Social, por US$ 1.151 millones en 2022.
Inversores privados han agitado en los últimos días el temor de un triunfo del correísmo que acerque al país a la cesación de pagos de la deuda externa, impulse la renegociación de contratos del sector petrolero, en un contexto político de por sí complejo por la fragmentación de fuerzas en el Parlamento.
