Por Atilio Molteni Embajador
Para muchos observadores, el epílogo del proceso iniciado por Chile, en 2019, debería generar las bases de una reforma sustantiva del contrato social.
Ello supone ejercer un amplio replanteo del modelo económico, social y político de desarrollo sostenible que nació en la última dictadura militar, cuyas reglas fueran cobijadas con firmeza, y sin falsos rubores, por la dirigencia civil que se alternó en el poder en las tres últimas décadas.
Se dice, sin saber el cómo, que América Latina necesita retomar la senda del crecimiento, destinada a superar el Covid-19. Es la lucha por reconstruir la confianza en las instituciones políticas a despecho de las tensiones sociales y de una obvia incertidumbre en la que conviven inéditos problemas fiscales y fuerzas políticas muy polarizadas y fragmentadas, con avances de los populismos de izquierda y derecha.
Los insumos del nuevo proceso tendrían que reflejar mejores opciones de movilidad social y cuestionar las virtudes o defectos de los enfoques existentes, revalorizar las organizaciones regionales (como un Mercosur que hoy no descarta el fantasma de su desintegración, o el qué hacer con la crisis de la OEA) y definir el ser o no parte de la sólida cooperación de los países democráticos desarrollados en el contexto de la disputa entre China y Estados Unidos, en un momento de sensible y drástico cambio en el poder mundial.
El caso de Chile
Aunque muchos de los países de nuestra región están formulando diferentes estrategias, el caso de Chile, que cambió sus bases políticas desde el “estallido” o “revuelta social” de octubre de 2019, y demostró profundas diferencias entre la clase gobernante y la ciudadanía, es bastante singular.
No surgió de la necesidad de combatir el concepto clásico de pobreza, ya que durante los últimos 30 años el país trasandino logró notables avances. De aplicarse una mirada tradicional, estos acontecimientos serían una nota discordante de la realidad. Un panorama imputable a las grandes manifestaciones públicas, el vandalismo ocasional y la cuestionable represión policial. Todo muy bien, pero esos no fueron los hechos ni el sentimiento de la gente que salió a las calles. La retórica es una mala solución.
Los partidos políticos concentraron sus esfuerzos de reforma para enfrentar el descontento social en el “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”, adoptado el 15 de noviembre de 2019, sobre cuyas bases se organizó un referéndum (25 de octubre de 2020), que concretó la necesidad de crear el nuevo texto constitucional con el objetivo de reemplazar la Constitución de 1980, proceso que se puso a cargo de un órgano también elegido por la antedicha ciudadanía.
Al mismo tiempo, el presidente Sebastián Piñera se enfrenta hoy a la imagen de ser un advenedizo del poder que ganó por vía del ejercicio convencional de la democracia (el voto), en tanto su presente aceptación popular es paupérrima (13%).
Tampoco lo sacó del pozo su brillante campaña de vacunación o el hecho de que la economía volverá a crecer a una tasa del 5,5% en 2021, aunque Chile debe recuperar un millón de empleos perdidos por la pandemia, con una desocupación de 9,5%.
La agenda presidencial está paralizada y el Congreso adquirió un rol más amplio, similar al que hoy desempeña el Euro-Parlamento o la legislatura de Estados Unidos.
La hora de la CC
La Convención Constitucional (en adelante CC) comenzó sus deliberaciones el pasado 4 de julio, con una membrecía de 155 integrantes. Esta incluye 17 escaños para los 9 pueblos originarios (que alcanzan al 9% de la población chilena) y otros 48 los obtuvieron los extrapartidarios independientes, debido a que los movimientos sociales pudieron presentar listas de candidatos. El foro también generó una singular representación territorial y femenina.
Obviamente, con sus más y con sus menos, este Chile origina un tinglado difícil, pero nada elitista de la realidad nacional. Están presentes quienes eran los eternos ausentes, cuya vida comunitaria no surgió de las organizaciones políticas.
Los escaños logrados por los representantes de los Partidos de centroderecha, como “Chile Vamos”, fueron 37 (lejos de su objetivo de alcanzar un tercio). Y otras fuerzas, como la coalición de izquierda “Apruebo Dignidad”, nada más que 28. Paralelamente, la “Lista del Apruebo”, expresión de la centro izquierda, se restringió a 25 lugares. Como los independientes y simpatizantes tienen más del 40% de los votos, los analistas entienden que en la CC predomina una tendencia hacia expresar el descontento y a una agenda “progresista”, lo que preanuncia un indefinible y gran “veremos”.
Como es sabido, la CC tiene nueve meses para ejecutar su mandato, un ciclo prorrogable por otros 90 días sólo por única vez. Los acuerdos estarán subordinados a lograr el respaldo de los dos tercios, y posteriormente el paquete terminará de ser o no ser aprobado por un nuevo referéndum (5 meses después de la investidura del nuevo Presidente).
Esta regla fue diseñada para lograr que sus miembros acuerden un texto resultado del diálogo y del consenso. Pero la realidad de su primer mes de sesiones indica que hay una tendencia a la radicalización de posiciones, que si llega a plasmarse en sus propuestas constitucionales puede acentuar los problemas del sistema político.
Elecciones en noviembre
Al seguir los hechos, corresponde tener en cuenta que la próxima elección presidencial se realizará el 11 de noviembre de 2021. Con el agregado de que, si ningún candidato alcanza más de la mitad de los sufragios válidos, habrá una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados el 19 de diciembre. Quien salga electo como Presidente, deberá asumir el 11 de marzo de 2022.
Las recientes primarias presidenciales del último 18 de julio, registraron una amplia participación. El protagonismo quedó a cargo de dos coaliciones: la derecha y centroderecha de “Chile Vamos”, estuvo representada por cuatro candidatos, fuerza en la que prevaleció el independiente Sebastián Sichel y, por la izquierda, “Apruebo Dignidad”, que respalda a Gabriel Boric del “Frente Amplio”, quien logró superar al representante del Partido Comunista, Daniel Jadue, el presunto favorito de las encuestas.
Sin embargo, Jadue podría presentarse por sí solo en las elecciones, lo que menoscabaría el respaldo de Boric.
Se abstuvieron de dar lucha en las primarias la centroizquierda del pacto electoral “Unidad Constituyente” nutrida, entre otros, por los partidos radical, socialista (herederos de la Concertación y la Nueva Mayoría de Michelle Bachelet) y la Democracia Cristiana.
Aunque esta última fracción propuso a la actual presidenta del Senado, Yasna Provoste, el pacto tiene previsto decidir, el 22 de agosto, por medio de una consulta ciudadana la opción de la candidatura única. Pero la evolución de este proceso ya demostró una crisis importante en esta tendencia política.
Además de los ya mencionados, el escenario chileno cuenta con el Partido Republicano, el que acaba de lograr carácter nacional, dirigido por José Antonio Kast, quién representa un populismo de ultraderecha y responsabiliza al presidente Piñera por la situación existente. Es una fracción opuesta a la CC y tiene una retórica nacionalista y crítica de la inmigración. Kast ha sido parlamentario y sólo obtuvo el 8% de los votos en la última elección presidencial de 2017. Este personaje atrae el voto de quienes fueron pinochetistas y con él se completa lo más significativo del abanico o menú político.
Sichel (43 años) es político y abogado. Durante el actual Gobierno de Piñera fue vicepresidente de Corfo (organización estatal de desarrollo), ministro de Desarrollo Social y Familia y, por último, presidente del Banco del Estado de Chile hasta diciembre de 2020, cuando comenzó su campaña presidencial por “Chile Vamos”, con la característica de ser una figura que representa una renovación de la clase política y es joven, circunstancia que le ayudó a superar en las primarias a otros candidatos tradicionales que se suponían más sólidos.
Sichel es el hombre de un sector de la centroderecha, pero en el pasado militó en la democracia cristiana y también fue candidato de un partido cercano a Bachelet, motivo por el que su trayectoria puede ser atractiva para muchos votantes. Los analistas le aconsejan que ponga distancia de la imagen negativa de los seguidores de Pinochet y del legado de Piñera. En otras palabras, que se concentre en la conquista del voto moderado e integrador de la ciudadanía.
“Chile Vamos” tiene una representación reducida en la CC, por lo cual sus posibilidades de condicionar su agenda son reducidas que prevé sesionar como máximo hasta julio de 2022. En el caso de que Sichel resulte electo en marzo, si ese ese órgano elabora una propuesta defectuosa respondiendo a los intereses maximalistas de sus miembros que no sea detenida por el referéndum, va a existir un clima de incertidumbre muy prolongado en el país.
Boric (35 años) fue inicialmente abogado y líder estudiantil. En la actualidad se desempeña como diputado de la Región Magallanes, tarea en la que ya acumuló dos períodos consecutivos. Desde 2017 trabaja en un plan para conquistar todos los espacios políticos importantes no sólo en el Congreso, sino también escalando posiciones de “Apruebo Dignidad” en las labores de la CC, así como en elecciones municipales, en los gremios y en el ámbito universitario, mientras su agenda propone un rol más activo del Estado en la economía.
Ningún observador ignoraba que el panorama electoral de Chile era un juego muy difícil. Pero, a diferencia de otros países de América Latina, la ciudadanía decidió apostar a un tangible curso de acción que depende de dos factores: lograr que sus fuerzas políticas democráticas definan consensos útiles y que resulte posible ajustar, racionalmente, las propuestas que emerjan de la CC.
