7 octubre de 2025
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En la apertura del Renewables & Electricity Day, organizado por EconoJournal, la secretaria de Energía, María Tettamanti, presentó los lineamientos de la ambiciosa reforma del sector eléctrico que impulsa el gobierno.
En un contexto de tensión cambiaria y alta expectativa por el futuro energético, la funcionaria remarcó que los cambios propuestos responden a una lógica de estabilidad fiscal, apertura al capital privado y previsibilidad regulatoria.
"La reforma del sector eléctrico está en línea con una macro que cuida el equilibrio fiscal y la estabilidad monetaria", aseguró Tettamanti, y agregó que la actual turbulencia cambiaria es "transitoria y más política que económica".
Frente a un auditorio colmado de empresarios y expertos del sector, sostuvo que, a diferencia de crisis pasadas como la de 2018, "hoy no hay emisión descontrolada ni riesgo de hiperinflación", lo que sienta las bases para una transición ordenada en materia energética.
Uno de los ejes centrales del plan oficial es la desestatización de la gestión, sin modificar la propiedad de los activos, que en su mayoría ya está en manos privadas. Tettamanti fue enfática al señalar que la intervención estatal acumulada en los últimos años provocó una estatización indirecta, afectando la eficiencia y sostenibilidad del sistema.
"Durante los últimos años, la propiedad quedó en manos privadas, pero la gestión no. La gestión se fue interviniendo tanto, que lo que hizo fue estatizar el sector, y nosotros queremos volver a la privatización absoluta", afirmó.
En ese sentido, remarcó que el modelo debe basarse en competencia y libre mercado, con reglas claras para atraer inversión: "No hay mejor forma de obtener energía lo más barato posible que con gestión privada. Y los privados necesitan previsibilidad", dijo.
Doble descentralización: combustibles y contratos
La reforma propone una doble descentralización: por un lado, en la gestión del abastecimiento de combustibles para generación eléctrica, y por otro, en la contractualización directa de energía entre privados, restando protagonismo a CAMMESA como comprador central.
Tettamanti señaló que distribuidoras y grandes usuarios deberán asumir un rol más activo en la compra de energía, especialmente a medida que venzan los contratos actuales de CAMMESA. Aunque reconoció que el Estado podría intervenir en casos puntuales para facilitar pagos, aclaró que el objetivo es un mercado competitivo con offtakers privados.
"Los grandes usuarios tienen que gestionar su energía. Si no lo hacen, evaluaremos si se requiere una acción más centralizada, pero no somos dogmáticos", indicó.
La funcionaria aclaró que el proceso no implicará ruptura de contratos ni cambios unilaterales. "Uno de los ejes del diseño de esta reforma fue el respeto a los derechos adquiridos", aseguró, ofreciendo incluso esquemas optativos para migrar al nuevo sistema. Esto incluye respetar los volúmenes, precios y cláusulas "take or pay" acordadas por los productores.
Consultada sobre los cuellos de botella en infraestructura, anunció que las ampliaciones del sistema de transporte se harán mediante un esquema de concesión de obra pública, que descargará la inversión del Estado.
"El que gane la licitación deberá financiar, construir, operar y recuperar la inversión mediante cargos tarifarios pagados por los beneficiarios. No saldrá del presupuesto nacional", explicó. Un decreto presidencial que habilita este esquema se encuentra "próximo a salir", según confirmó.
La funcionaria insistió en que sin una macroeconomía ordenada, ninguna política sectorial puede sostenerse. En un sector dolarizado y expuesto a la volatilidad, remarcó que el éxito de la reforma depende del rumbo económico general.
Y concluyó: "Lo que estamos viendo ahora es un episodio de caída en la demanda de pesos por desconfianza, no un problema estructural. Una vez superado, vamos a tener el marco para implementar una reforma de fondo".
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