No hay dudas del potencial energético argentino. Desde Vaca Muerta y su desarrollo productivo que transforma al país en un exportador neto de hidrocarburos, al potencial de energías renovables (fotovoltaica y eólica), configuran un escenario potencial de producción / generación de energía que excede largamente las necesidades de consumo interno.
Sin embargo, el tránsito desde la potencialidad a la realidad enfrenta un restricción de primer orden y hasta el momento sin solución: la infraestructura.
Oleoductos, gasoductos y en especial, las líneas de transmisión eléctrica, se observan insuficientes y en muchos tramos obsoletas. Operan al límite de su capacidad, desacelerando no sólo el desarrollo de la oferta energética sino impidiendo el abastecimiento en los picos de consumo o el acceso a los nodos de exportación.
Superar este déficit estructural demanda volúmenes de inversión que el Estado, con sus restricciones fiscales y en soledad, no puede enfrentar. La inversión privada será, sin dudas, el motor y el socio estratégico en el desarrollo de la infraestructura necesaria.
Para atraer la inversión privada a riesgo, de manera masiva y sostenida, es bien conocida la necesidad de marcos regulatorios claros, estables y predecibles que garanticen la recuperabilidad de la inversión, la remuneración del capital y la seguridad jurídica a largo plazo. Fácil de enunciar pero difícil de sostener, en particular para nuestra economía que transcurre 23 de los últimos 25 años en emergencia pública y, por lo tanto, sin cumplir la regulación vigente.
Restablecer un ambiente de inversión requiere dos condiciones: confianza y tiempo, una situación que se contrapone con la urgencia que presenta el estado actual de la infraestructura.
En este contexto de urgencia, el Gobierno nacional anuncia un ambicioso plan de inversión privada de U$S 6.600 millones para la expansión y modernización del sistema de transporte eléctrico. Este plan busca resolver las falencias actuales y evitar futuros cortes de suministro que tanto afectan la vida cotidiana y la actividad productiva.
La iniciativa contempla la incorporación de más de 5.600 kilómetros nuevos de líneas de alta tensión (lo que representa un aumento del 38,3% sobre la red actual) y el desarrollo de 17 proyectos a lo largo del país.
Entre ellos, destacan obras criticas para el sistema, como el refuerzo del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), como los proyectos AMBA I y II, la línea Vivoratá-Plomer, o la vital conexión de transporte de energía renovable entre Puerto Madryn, Choele Choel y Bahía Blanca. Los proyectos se realizarán bajo el esquema de concesión de obra y se financiaran mediante un cargo en las facturas de los beneficiarios de dichos proyectos.
A estos proyectos de transporte se suma la licitación del proyecto AlmaGBA, destinado a incorporar baterías de almacenamiento en el AMBA, un proyecto que moderniza y mejora la seguridad de la red.
Pero las necesidad de obras y financiamiento del sector energético no se limitan a los proyectos mencionados, fuertes restricciones en el sistema de generación eléctrica y de transporte de gas natural, completan un panorama sumamente complejo para el abastecimiento futuro y el desarrollo del potencial energético de corto plazo.
A Los desafíos propios de la ejecución de infraestructura (tiempos de ejecución que se extienden por años), se suman los desafíos macroeconómicos.
Es decir, con los niveles actuales de costo de capital resulta inviable el cierre financiero de cualquier inversión privada a riego, o dicho de otra forma, para que el proyecto "cierre" se requerirá una tarifa demasiado alta para los usuarios argentinos.
El factor financiamiento
La reciente y fallida experiencia de los contratos de participación publico privada (PPPs), son ejemplos de proyectos bien estructurados, pero que el contexto macro no permitió el cierre financiero de ningún, salvo el caso del proyecto financiado por el Estado chino.
En este contexto de urgencia, sin recursos para financiar obra pública tradicional y todavía en transición hacia una macroeconomía estable, el financiamiento de la infraestructura no debería atarse a ningún mástil dogmático.
Por el contrario, deberían utilizarse todos recursos y mecanismo disponibles, en particular para implementar en forma perentoria un conjunto de obras prioritarias que mitiguen las posibles contingencias de corto plazo. Esto incluye el financiamiento de los organismos multilaterales de crédito, que han tenido un histórico rol en el financiamiento de los grandes proyectos de inversión en Argentina.
En síntesis, es necesario un plan de infraestructura energético realista, factible y de consenso político, que garantice su ejecución y financiamiento en el tiempo.
Si continuamos entrampados en el péndulo entre lo público o lo privado, perderemos un tiempo valioso, no sólo por demorar la puesta en valor de los recursos en Vaca Muerta y en consecuencia la llegada de divisas que ese sector puede aportar a la economía, sino porque se pondrá en riesgo el abastecimiento de energía en los próximos picos de consumo eléctrico de verano e invierno, se demorará el desarrollo del potencial renovable por falta de líneas de transmisión y llegaremos tarde al proceso de electrificación (electromovilidad, desarrollo de la inteligencia artificial), entre otras consecuencias negativas.
La inacción en infraestructura es, en última instancia, una hipoteca sobre el futuro, el desarrollo productivo y la calidad de vida de los argentinos.
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