La situación de la filial local de la petrolera venezolana en Argentina es cada vez más crítica. Sin liquidez, ni financiamiento, ni operaciones en el país, la empresa subsiste en las oficinas de la zona de Retiro con apenas tres empleados: Eudys Mirabal del área de Legales, Haydee Torrealba de Recursos Humanos y su presidente, Carlos Alberto Corredor.
Tras el despido masivo de más de 170 trabajadores por parte de PDVSA Argentina y sus empresas mixtas (Petrolera del Cono Sur y Fluvialba), las últimas sentencias de solicitud de quiebra se pagaron con fondos provenientes de la filial de Bolivia, a través de la figura de préstamo de interfilial, pero según pudo acceder este medio a la fecha sólo quedan unos U$S 300.000, los cuales resultarían insuficientes para atender toda la catarata de reclamos legales.
Los números reflejan el grado de deterioro y abandono de PDVSA Argentina.
Los activos de la compañía ascienden a un total de más de US$ 64 millones, mientras que los pasivos superan los US$ 50 millones. En tanto, las deudas judicializadas de la filial argentina y sus empresas mixtas supera los U$S 28 millones.
El primer pedido para la disolución y liquidación de activos de la compañía se hizo en el año 2019, pero se logró suspender, y en 2020 se sometió a un proceso de reevaluación. No obstante ello, la situación de la empresa siguió siendo cada vez más crítica.
En enero de 2023, el informe oficial, donde se recomendaba la venta de activos, fue recibido por Tareck El Aissami, por entonces Vicepresidente Sectorial de Economía y Ministro del Poder Popular del Petróleo y Presidente de la Comisión Presidencial "Aí Rodríguez Araque".
Actualmente, quien era considerado el hombre de confianza del presidente Nicolás Maduro, hoy está detenido y acusado por el gobierno venezolano de integrar una supuesta trama de corrupción de venta de crudo a través de criptoactivos.
El documento resalta la importancia de iniciar un proceso de disolución y liquidación y que el mismo sea ejecutado y controlado por la misma PDVSA, "ya que en caso contrario, si un juzgado decreta la quiebra por falta de pago de una sentencia, esto causaría la intervención inmediata de las empresas y posteriormente los activos serán rematados a precios muy inferiores con un detrimento que podría llegar al 50% de su valor original".
PDVSA Argentina se creó en al año 2006 y apuntó al desarrollo de negocios en la región del Cono Sur bajo una visión geopolítica aliada con el entonces ex presidente Néstor Kirchner. En ese mismo año adquirió a Petrolera del Cono Sur (PCSA), empresa dedicada a la comercialización de combustibles a través de sus estaciones de servicio.
En 2010 adquirió como empresa mixta Fluvialba International Limited para efectuar actividades relacionadas con la navegación marítima y fluvial, especialmente en la Hidrovía Paraná-Paraguay, a través de una serie de empresas distribuidas en Argentina, Brasil y Paraguay.
Fuentes consultadas explicaron que desde el año 2017 debido al bloqueo conómico contra Venezuela por parte del gobierno de los Estados Unidos, la filial y sus empresas mixtas (Fluvialba y Petrolero del Cono Sur) se vieron drásticamente afectadas desde el punto de vista financiero, legal, comercial y operativo. Esto derivó en cese de operaciones y además la imposibilidad de generar y recibir fondos insuficientes para el pago de obligaciones, deberes impositivos, laborales y contractuales".
Desde hace siete años, según el informe presentado a la Comisión, las embarcaciones fluviales del grupo FIL se encuentran en su mayoría en estado de obsolescencia operacional.
De igual manera, desde el año 2019 las 11 estaciones de servicios propiedad de PCSA en Argentina están paradas sin efectuar ningún tipo de operaciones. La empresa también se quedó sin la concesión para la operación de la Planta de Almacenamiento de Dock Sud durante el gobierno de Mauricio Macri.
Tanto PDVSA Argentina como sus empresas mixtas fueron demandadas en jurisdicciones de Argentina, Brasil y Paraguay en diferentes fueros con solicitudes de embargos, quiebras, subastas, y remate de activos por carácter laboral e impositivas.
En agosto de 2022 se acordaron algunos puntos clave, como por ejemplo la solicitud de recursos por un monto de más de U$S 5 millones para el pago de deudas de más de 161 trabajadores despedidos de PDVSA Argentina y sus empresas mixtas; la venta de 11 estaciones de servicio propiedad de PCSA para cancelar deudas, contingencias judiciales y pasivos fiscales y laborales, y para la recuperación de la planta de Almacenamiento de Dock Sud, y se autorizó la venta de 29 barcazas fuera de servicio por obsolescencia tecnológica.
Sin embargo, a raíz de las sanciones unilaterales impuestas por el gobierno estadounidense la petrolera no pudo disponer del flujo de estos recursos financieros y la situación se tornó inviable.
"No pudo materializarse ni la venta de las barcazas ni las estaciones de servicio debido a que las demandas entabladas contra PDVSA Argentina derivaron en medidas cautelares sobre sus activos. Tampoco se pudo contar con recursos para el pago de deudas acumuladas en concepto de seguridad social e impuestos ante la AFIP por un monto superior a los U$S 4 millones", advirtió una las fuentes consultadas.
Y disparó: "No sólo mataron el sueño de Chávez y Kirchner, sino que no conforme con eso están matando de hambre a más de 170 familias de ex trabajadores, dando una pésima imagen del proyecto bolivariano con razones más que suficientes".
