La política energética argentina atraviesa una etapa de redefiniciones que impacta de lleno en la estructura de costos de industrias y comercios. La reconfiguración de los subsidios y el avance de la infraestructura gasífera modificaron el escenario operativo: la energía pasó a ocupar un lugar más relevante dentro de los gastos totales, obligando a las organizaciones a revisar consumos, optimizar procesos y evaluar nuevas alternativas para sostener su competitividad.
Este cambio se volvió particularmente visible en el segmento de PyMEs e industrias del mercado medio, donde la gestión energética comenzó a integrarse de forma más sistemática a la planificación empresarial. Frente a un contexto de mayor exposición a la volatilidad tarifaria, creció el interés por identificar oportunidades de eficiencia, reducir desperdicios y analizar soluciones de generación distribuida que permitan mitigar riesgos futuros.
En ese marco, comenzó a ganar protagonismo el Programa de Reconversión y Eficiencia Energética, impulsado mediante un acuerdo entre la Secretaría de Energía de la Nación y el Banco de la Nación Argentina (BNA). La iniciativa facilita el acceso al financiamiento para inversiones en equipamiento de bajo consumo, termotanques solares y paneles fotovoltaicos, promoviendo tanto la autogeneración como la reducción de la demanda energética. Para muchas empresas, se trata de una primera herramienta concreta para contener costos y mejorar su desempeño energético.
"Argentina se encuentra en un proceso de repensar el consumo de energía y de reaprendizaje. Se buscan alternativas para reducir el uso energético y la sociedad demanda una producción más amigable con el medioambiente", señala Gabriel Righini, socio de Auditoría y referente de Energía y Recursos Naturales de Grant Thornton Argentina.
Durante 2024, el país también avanzó en obras destinadas a fortalecer el abastecimiento energético. Entre los hitos más relevantes se encuentra la habilitación de tres plantas compresoras del Gasoducto Perito Francisco Pascasio Moreno (ex Gasoducto Presidente Néstor Kirchner), que aumentan la capacidad de transporte de gas desde Vaca Muerta y permiten sustituir combustibles importados en la generación eléctrica.
Si bien estas mejoras aportan previsibilidad en el corto plazo y alivian la balanza energética, también dejan en evidencia que la matriz energética argentina continúa apoyándose mayoritariamente en los combustibles fósiles.
"En el país todavía se sigue apostando a los hidrocarburos como principales generadores de energía", advierte Estanislao de León, también socio de Auditoría y referente del sector en Grant Thornton Argentina.
"Aunque existen proyectos renovables, el foco sigue puesto en Vaca Muerta. Esto se refleja incluso en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI): de los seis proyectos presentados hasta ahora, solo uno corresponde a energías renovables".
Los especialistas coinciden en que una expansión acelerada de las energías renovables no implica una reducción inmediata de los costos energéticos. La infraestructura actual todavía no permite cubrir plenamente la demanda, por lo que será necesario un proceso gradual de inversión, ampliación y modernización del sistema.
A más largo plazo, sin embargo, la mayor vida útil de las instalaciones renovables en comparación con los yacimientos hidrocarburíferos podría contribuir a mejorar la competitividad del sistema energético y ofrecer un horizonte más estable para las inversiones.
En ese camino, se anticipan períodos de volatilidad de precios, lo que refuerza la necesidad de contar con planes de uso eficiente de la energía que aporten previsibilidad a las empresas.
La reducción de costos no depende únicamente de un cambio estructural de matriz. Argentina cuenta actualmente con un marco regulatorio que promueve la eficiencia energética y la autogeneración. La Ley Nacional de Generación Distribuida 27.424 permite que industrias, comercios y usuarios residenciales produzcan energía renovable para su propio consumo e inyecten los excedentes a la red eléctrica.
Quienes se convierten en usuarios generadores pueden acceder a certificados de crédito fiscal, financiamiento, garantías e incentivos para incorporar sistemas renovables, principalmente solares, eólicos, hidroeléctricos y de biomasa.
"Nuestro país dispone de herramientas concretas que estimulan la eficiencia y la generación distribuida. Esto no solo permite reducir costos empresariales, sino que también genera un impacto ambiental y social positivo", subraya Righini.
Actualmente, empresas e industrias de 16 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya pueden acceder a estos beneficios. No obstante, los especialistas coinciden en que la consolidación de estos cambios requerirá tiempo, inversión sostenida y continuidad de políticas públicas que acompañen la evolución tecnológica y el desarrollo del sector energético.
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