El gobierno de Javier Milei enfrenta una situación altamente complicada en el sector energético al finalizar la primera mitad de su mandato. No es nuevo que la Energía es uno de los sectores más complicados de gestionar; y los errores de los gobiernos sean estos por falta de planes; por la aplicación equivocada de la política o por el impacto de las tarifas en la Economía familiar son muy difíciles de disimular.
Un corte de electricidad es molesto para cualquier usuario en cualquier lugar del país en que este se produzca. Sin embargo, cuando el corte es en el AMBA, puede llegar a impactar a millones de personas y es imposible disimularlo.
El caos se propaga de barrio en barrio y luego -por la televisión- a todo el país. Si eso ocurre, Argentina entra en caos. Un ejemplo de este tipo ocurrió en marzo de este año con los cortes en el sistema de Transporte de Alta Tensión cuando, en una madrugada de marzo, la población sin servicio eléctrico alcanzó a cifras enormes y las causas son todavía difusas.
En el caso mencionado en la actual gestión de Milei, no hubo explicaciones oficiales convincentes ni por parte del gobierno nacional ni tampoco del Gobierno provincial ni tampoco de la Ciudad de Buenos Aires, las tres jurisdicciones afectadas por el gran apagón.
Un punto relevante respecto a las consecuencias de ese gran corte de la era Milei fue el caos de tránsito en el área metropolitana y particularmente en el centro porteño. Los cortes afectaron desde los semáforos hasta los subterráneos y los trenes, además de los edificios y las viviendas
El caos de las grandes ciudades por los cortes eléctricos solo puede ser comparado con las situaciones catastróficas que se producen en el interior del país año a año en los incendios forestales en Córdoba; en la quema de pastizales del delta del Paraná; en los incendios naturales de los bosques cordilleranos de la Patagonia; la inundación en Bahía Blanca y tantos otros desastres naturales.
El gobierno nacional en estos casos actúa con criterio político provocando algún hecho intrascendente para "salvar la ropa". Todo un país en vilo y sufriendo y los presidentes de turno adoptando algún gesto para la tribuna. Vimos esto con Cristina en La Plata en las recordadas inundaciones; lo vimos con el choque de tren en Once; con Cromañón; y también lo hemos visto en Bahía Blanca con el presidente actual. O sea la sorpresa gubernamental a posteriori de la catástrofe
Interesa detenerse en el próximo verano cuyo inicio coincide prácticamente con el principio de la segunda mitad del Gobierno de Javier Milei. En energía, el gobierno de Milei enfrentará una situación de gravedad extrema: a) temperaturas más elevadas que lo normal en la zona centro del país incluido Buenos Aires según lo proyectado por el Servicio Meteorológico Nacional; y un déficit de inversión en materia de transmisión de Alta y Extra Alta Tensión en Buenos Aires y GBA de U$S 6500 millones que correctamente describió la periodista de Clarín Cledis Candelaresi en un artículo periodístico reciente.
A ello se suma la obsolescencia crónica del parque generador fuera de servicio por razones diversas que alcanza a los 8000 MW; de los cuales aproximadamente 6500 están ubicados mayoritariamente en la CABA y GBA.
El reemplazo de ese parque obsoleto podría implicar una inversión del orden de los U$S 9.500 millones que debería sumarse a las anteriores mencionadas
Dicho lo anterior queda en claro que el gobierno de Milei afronta el enorme desafío de gobernar en situaciones muy complejas para cualquier gobernante.
Por un lado, el gobierno carece de Presupuesto Nacional (y ha venido sorteando esta cuestión técnica y legal) con el Presupuesto Prorrogado del año 2022). En consecuencia carecemos de la programación y priorización que la confección de todo Presupuesto implica: o sea la adecuada programación de las inversiones prioritarias.
Además el gobierno carece de un Plan Energético Nacional de largo plazo que normalmente debió haber elaborado su gobierno desde el mismo primer día de su mandato. Debemos agregar que el Presidente se define a sí mismo como un "negacionista del cambio climático" y ello complica la elaboración de planes.
Un hecho curioso es que a pesar del negacionismo presidencial, los inversores privados siguen invirtiendo en energías limpias según lo describe el Informe de Tendencias del IAE Mosconi que muestra que las energías que no producen gases de efecto invernadero crecen en el último año con ritmos mucho mayores que las energías convencionales.
Ello muestra que el negacionismo presidencial es desafiado por inversores que tienen una visión energética provincial y privada compatible con los esfuerzos mundiales para abatir el cambio climático.
Privatización de las centrales nucleares e hidroeléctricas
En el contexto de gran dificultad y precarización en que se desenvuelve la energía en nuestro país debemos poner bajo la lupa dos decisiones anunciadas por el Gobierno que deberían ser objeto de un mayor debate nacional tanto político como académico.
Por un lado el gobierno ha planteado la privatización de las tres grandes centrales nucleares construidas por el Estado nacional: Atucha I; Embalse y Atucha II actualmente operadas por la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina S.A (NA.SA). El parque total alcanza a los 1763 MW. Por otra parte ha anunciado la privatización de la grandes centrales hidroeléctricas del Comahue: Chocon; Planicie Candelita Alicurá y Piedra del Águila en este caso la potencia del parque hidroeléctrico supera los 4500 MW.
Ambas decisiones requieren una mayor precisión por parte del Poder Ejecutivo; y además el envío de una ley específica para cada una de ellas.
En el caso de las centrales hidroeléctricas debe tenerse presente que las mismas han sido construidas por el Estado nacional y fueron financiadas por créditos del BID y el Banco Mundial y además con fondos aportados por los usuarios de energía con impuestos específicos.
Se trata de bienes públicos financiados con impuestos sobre los consumidores de electricidad y créditos externos de los bancos de los cuales Argentina forma parte. Dos de esas centrales, el Chocón y planicie Banderita han cumplido su vida útil de 50 años y deben ser objeto de fuertes inversiones para extender su vida útil por 50 años hacia adelante.
Chocón debería empezar las obras de inmediato porque su vida útil esta vencida y Planicie Banderita debería empezar las obras en 2027. No consta que los pliegos licitatorios hayan consignado esta obligación inmediata para los oferentes ya que estas obligaciones deben ser cumplidas en forma perentoria e inmediata.
En cuanto a las centrales hidroeléctricas Alicurá -inaugurada en 1984- y Piedra del Águila -inaugurada en 1993- cumplen su vida útil en el año 2034 y 2043 respectivamente.
No consta hasta el presente que el gobierno haya hecho las estimaciones de los costos de inversión que deberán afrontar por las empresas que participen de las licitaciones.
En el caso de las centrales nucleares no se conoce ninguna valuación de las mismas para estimar las inversiones a realizar por los oferentes para extender la vida útil; teniendo en cuenta que Atucha 1 comenzó a funcionar en 1973 (52 años) y su vida útil está vencida; la Central Nuclear de Embalse lo hizo el 20 de junio de 1984 y fue objeto de fuerte inversión para extensión de su vida útil por parte del Estado nacional entre los años 2015 a 2019.
La Central Atucha 2 entró en servicio en 2014 y aún no ha sido amortizada y tiene por delante un largo periodo de funcionamiento debiendo afrontar solamente los costos de combustibles; operación y mantenimiento.
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