Desde julio de 2023, Argentina dio vuelta la balanza energética. En 2024 cerró con un superávit de U$S 5.668 millones y en el primer semestre de 2025 sumó U$S 3.700 millones más. No fue casualidad: entre 2023 y 2024 entraron en operación el GPNK, la rehabilitación de OTASA y Oldelval - Duplicar, que permitieron evacuar mejor Vaca Muerta, exportar más y sustituir importaciones.
La situación en el suministro interno es otra: falta potencia nueva y faltan redes. Los picos de invierno y verano lo expusieron y volverán a aparecer fallas si no se resuelven los cuellos en generación y transmisión. Para eso se necesita un Estado que defina su rol: anunciar que se corre pero sin reordenar reglas no es una política pública.
En los hechos, aparece la paradoja: el Estado renuncia a la planificación y, cuando el privado no llega, vuelve a las apuradas con parches. Se trata de una intervención, pero sin un plan que la sustente. En 2024, al darse de baja la licitación TERCONF, quedó un bache de 3.000 MW de potencia que no se incorporaron al sistema y de inversiones por U$S 4.000 millones que no se ejecutaron.
El resultado fue tener que acudir a último momento a un plan de contingencia (2024-2026) que subsidia alargar la vida útil de equipos térmicos pero no agrega MW. Cuando se termine, esas máquinas saldrán del sistema. Más recientemente se adjudicó ALMAGBA que incorpora baterías útiles para la confiabilidad del sistema, pero no nueva generación, y que recién se materializará a fines de 2026 y 2027. Mientras tanto, el sistema opera con un margen operativo estrecho.
Ya sabemos que las señales de inversión por sí solas no alcanzan y menos aún cuando los costos de financiamiento se mantienen tan elevados.
El RIGI ordena megaproyectos de largo plazo, pero no resuelve el 90% del día a día: potencia firme, reglas del MATER, prioridades de transmisión, sendero tarifario y reguladores que funcionen. Si el Estado quiere "correrse", primero debe cambiar el marco para que el capital privado entre.
La planificación, además, debe incorporar la dimensión federal de nuestro país. Un país con la extensión territorial de Argentina no puede funcionar sin mecanismos de adecuada representación y coordinación de intereses provinciales.
A nivel comparado, incluso en EE.UU., emblema del "mercado", la FERC exige desde la Order 1000 que los transportistas planifiquen en forma regional y acuerden criterios de asignación de costos y, en 2024, esa obligación se profundizó con planes integrados a 20 años, revisables cada cinco y con mayor participación de los estados. Es decir, hasta el modelo más pro-mercado descansa en reglas y órganos de planificación.
Nuestra evidencia histórica reciente es clara: anunciar retiro sin reglas es quedarse sin obras. En casi todos los países el Estado planifica redes, fija reglas y promueve la competencia donde se puede. Acá, cuando se anunció el "corrimiento" sin reemplazo institucional, la inversión troncal se frenó (2015-2019) y cuando el Estado volvió a planificar y ejecutar, reaparecieron los kilómetros de gasoductos y de alta tensión (2019-2023).
Argentina ya demostró que, cuando hay obra y coordinación, la balanza energética se da vuelta. El desafío 2025 es que a ese logro le sumemos seguridad energética y el desarrollo económico puertas adentro.
Por ejemplo, incorporar nueva generación, priorizar los corredores que destraban litio y renovables, y reforzar compresión y ramales de gas para que Vaca Muerta alimente polos industriales del interior (Centro, Litoral, NOA). Eso es consistente con cualquier programa macro serio y requiere reglas bancables (costeo y repago claros, permisos en plazo) para que el capital privado pueda ingresar. Más allá de la retórica, el Estado debe estar presente.
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