8 abril de 2025
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El Gobierno nacional dio un paso significativo hacia la modernización del sector de combustibles al aprobar, mediante la Resolución 147/2025 publicada este martes en el Boletín Oficial, los requisitos que las estaciones de servicio deben cumplir para implementar el autodespacho de combustible.
Esta medida, que complementa el Decreto 46/2025 emitido en enero, establece un marco técnico y de seguridad para que los expendedores puedan ofrecer esta modalidad de forma optativa, ya sea de manera exclusiva, mixta con atención asistida, o alternada según el horario.
- La iniciativa busca optimizar el servicio, reducir costos operativos y permitir una atención continua las 24 horas, alineándose con prácticas ya comunes en países como Estados Unidos, Chile y Uruguay.
Para adoptar el autodespacho, las estaciones de servicio deberán presentar documentación detallada, incluyendo planos técnicos, auditorías de seguridad actualizadas y certificados que garanticen el cumplimiento de normas técnicas y legales.
Entre los requisitos técnicos destacan el uso de surtidores con corte automático, mangueras de longitud limitada, sistemas de vigilancia remota o presencial, y dispositivos de emergencia como intercomunicadores.
Además, se prohíbe el llenado de bidones bajo esta modalidad y se prioriza la atención asistida a personas vulnerables, asegurando que la implementación sea segura tanto para los usuarios como para las instalaciones.
- Este enfoque refleja un equilibrio entre innovación y protección, aunque en provincias como La Pampa, donde el autodespacho está prohibido, su aplicación podría enfrentar obstáculos legales.
La medida ha generado opiniones divididas. Por un lado, los estacioneros ven en el autodespacho una herramienta para mejorar la eficiencia y adaptarse a horarios de baja demanda, como los nocturnos o feriados, sin eliminar por completo la labor de los playeros, similar a la coexistencia de cajas automáticas y tradicionales en supermercados.
Por otro lado, sindicatos como el de Petroleros de Córdoba han advertido sobre el riesgo de pérdida de empleos, estimando que entre 20% y 25% de los puestos podrían verse afectados, además de señalar preocupaciones por la seguridad de los usuarios ante la manipulación de combustibles sin supervisión directa.
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