2 julio de 2026
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Artículo publicado originalmente en The Guardian el 10 de junio de 2026
Vivimos en una época de escasez prefabricada. En un mundo más rico que nunca, aproximadamente un 10% de la población mundial todavía vive en la extrema indigencia. Millones de personas no pueden pagar suficiente comida, una vivienda digna o atención médica básica, mientras una minoría minúscula acumula una riqueza y un poder sin precedentes. Al mismo tiempo, las sequías, los megaincendios, las inundaciones y las olas de calor nos recuerdan que nuestras economías empujan al planeta más allá de sus límites.
Estas crisis no están separadas. Son síntomas de un modelo económico que llegó al final de su recorrido. La pobreza y la desigualdad no son accidentes; son resultados predecibles de decisiones políticas: cómo diseñamos los sistemas fiscales, regulamos los mercados laborales, valoramos el cuidado, estructuramos los servicios públicos y decidimos las necesidades y voces de quiénes importan. Fundamentalmente, si los gobiernos pueden fabricar la pobreza, también pueden desarmarla.
Durante décadas, la receta fue simple: hacer crecer la economía para lograr la desaparición gradual de la miseria. Pero la promesa de que el crecimiento económico iba a "levantar todos los barcos" no se cumplió. Mientras los ingresos nacionales se expandieron, los salarios se estancaron, el trabajo se volvió más precario y se recortaron los servicios públicos. En la cima, las fortunas se inflaron; en la base, las familias recurrieron a los comedores populares. El crecimiento se desvinculó de la prosperidad compartida.
También se volvió ecológicamente insostenible. Nos acercamos a un "planeta invernadero", donde el aumento de las emisiones y la pérdida de biodiversidad desestabilizan las condiciones que sustentan la vida humana.
Alrededor del 92% del exceso de emisiones globales de carbono se puede atribuir al norte global, y el 10% de las personas más ricas son responsables de casi la mitad de las emisiones en el mundo, mientras los sectores vulnerables son los primeros en enfrentar las pérdidas de cosechas y las subas en los precios de los alimentos. Un modelo económico dependiente de una expansión infinita en un planeta finito no solo es injusto; es peligroso.
Muchos países de bajos ingresos todavía necesitan crecimiento para construir rutas, hospitales, escuelas, energías renovables y empleos decentes. Pero el camino dominante hacia el desarrollo —basado en la extracción de recursos, mano de obra barata y sumisa, dependencia de las exportaciones y un endeudamiento cada vez más profundo— amplió la desigualdad y degradó el medio ambiente. La verdadera pregunta hoy no pasa por la continuidad del crecimiento, sino por qué tipo de economías construimos, a quiénes sirven y si le permiten a todas las personas vivir con dignidad dentro de los límites del ecosistema.
Por ese motivo nos juntamos para elaborar y respaldar la "hoja de ruta para erradicar la pobreza más allá del crecimiento". El plan ofrece una variedad de alternativas sobre cómo superar el enfoque estrecho de "crecer, cobrar impuestos y transferir" que moldeó las políticas durante décadas.
No es un proyecto diseñado por un puñado de analistas. Es exactamente lo contrario: durante 18 meses, más de 400 personas —agencias de la ONU, gobiernos nacionales, investigadores académicos, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, actores de la economía social y solidaria, y movimientos de base, del norte y del sur— trabajaron para responder una pregunta simple: ¿cómo podemos terminar con la pobreza y reducir las brechas sin tratar al avance del PBI como la condición principal para el progreso? Más de 350 firmantes pusieron sus nombres en el documento, entre ellos Jean Drèze, Pavlina Tcherneva, Tim Jackson, Bhumika Muchhala, Julia Steinberger, Ndongo Samba Sylla y Timothée Parrique.
No coincidimos en cada detalle de las políticas. Pero nos une la convicción de rediseñar nuestras estructuras en torno al cumplimiento de los derechos y del bienestar colectivo dentro de las fronteras planetarias, en lugar de maximizar la producción a cualquier costo. Los derechos humanos acá no son un aspecto secundario; son el principio organizador para medir las mejoras, establecer prioridades y resolver las concesiones. La protección social y los servicios públicos resultan esenciales, pero no pueden compensar indefinidamente a economías que, por diseño, generan salarios de indigencia, ocupaciones inseguras y viviendas inaccesibles.
Necesitamos cambiar las reglas de origen. Eso significa, por ejemplo, trabajo decente y garantías de empleo, sueldos dignos y una remuneración justa, sindicatos más fuertes y democracia en el ámbito laboral, para hacer frente a la discriminación y valorar las tareas de cuidado remuneradas y no remuneradas de las cuales dependen nuestras sociedades. Implica invertir en la niñez, el sector inmobiliario, la salud, la educación y el transporte mediante la provisión pública universal. Requiere el control estatal de los activos estratégicos, la orientación del crédito para dirigir la inversión hacia metas sociales y ecológicas, y el apoyo para fomentar la economía social y solidaria.
Implementar esta visión conlleva cambiar las reglas del juego mundial. Hoy en día, los gobiernos del sur global reciben reprimendas por su inacción frente a la marginación, mientras sufren la presión de sanciones unilaterales, acuerdos comerciales restrictivos, un intercambio desigual y cargas de deuda arraigadas en siglos de despojo colonial.
Cerca de 3400 millones de personas viven en países con mayores gastos en el pago de pasivos internacionales que en atención médica o educativa. A la vez, las cadenas de suministro globales permiten una vasta transferencia neta de mano de obra y recursos desde el sur hacia el norte.
La solidaridad internacional constituye, por ende, una obligación legal y moral fundamentada en la realidad histórica de que muchos países ricos construyeron su riqueza al empobrecer a otras regiones, a través de patrones de extracción vigentes hoy en nuevas formas.
Una transición justa por fuera del crecimiento debe incluir un abordaje equitativo del tema de la deuda, mayor cooperación sur-sur, financiamiento climático reparador y apoyo para establecer pisos universales de protección, con raíces en los principios de no dominación y autodeterminación para que los Estados puedan trazar sus propios futuros soberanos.
Igualmente crucial es quién le da forma a esta transición. Con demasiada frecuencia, las normativas con impacto sobre las poblaciones vulnerables se diseñan sin su participación, y a veces en su contra. Cuando los sistemas de asistencia se construyen en torno a la sospecha, los castigos y las condiciones humillantes, profundizan el estigma e impiden a las personas reclamar su acceso a derechos. Quienes viven en la marginalidad saben mejor que nadie cómo las instituciones pueden fallar en la práctica. Su experiencia debe guiar el diseño, la ejecución y el monitoreo de las estrategias contra la pobreza, desde los concejos deliberantes hasta los parlamentos y los foros transnacionales.
No partimos de cero. En todo el mundo, las luchas originarias, las agrupaciones feministas, los gremios y el activismo por la justicia climática defienden y construyen futuros alternativos sostenidos en el cuidado colectivo y en la soberanía territorial. Nuevas coaliciones estatales avanzan con visiones novedosas sobre la gobernanza mundial, al tiempo que las administraciones experimentan con iniciativas antiausteridad basadas en los derechos humanos, asambleas ciudadanas y esquemas de generación de riqueza comunitaria. La ONU y varios socios exploran indicadores "más allá del PBI" e instituciones inéditas, como un panel internacional sobre desigualdad, para ayudar a trazar este cambio.
Nuestra hoja de ruta se apoya en estos esfuerzos, los conecta y los impulsa un paso más. La ofrecemos ahora como un punto de referencia común para quienes se niegan a aceptar que la carencia extrema y el colapso ecológico son el precio a pagar por la manera actual de definir el "éxito" financiero. Los gobiernos y los organismos multilaterales tienen una opción: redoblar la apuesta por un modelo fallido de prioridad a la expansión económica o comprometerse a erradicar la pobreza mediante la transformación de las normas que la generan.
La miseria es un producto fabricado. Esa es la mala noticia y la buena noticia. Lo fabricado se puede desarmar y reemplazar. Ponemos opciones concretas sobre la mesa, todas respaldadas por documentos técnicos precisos con evidencia clara, pasos para su aplicación y ejemplos de la vida real. Llamamos a los liderazgos políticos en todos los niveles a utilizarlos, a escuchar a los sectores más afectados y a tratar el fin de las carencias, la reducción de las brechas y la realización efectiva de los derechos humanos como la vara para juzgar a la política económica.
Olivier De Schutter es el presidente de Nuevas Economías para la Erradicación de la Pobreza; Joseph Stiglitz es premio Nobel de Economía; Jayati Ghosh es profesora de economía en la Universidad de Massachusetts Amherst; Thomas Piketty es profesor de economía en la Escuela de Economía de París; Kate Raworth es economista en el Instituto de Cambio Ambiental de la Universidad de Oxford; Jason Hickel es economista político y profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona.
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