por Santiago Hermo (*)
Debería la política económica llevarse a cabo mediante reglas? ¿O, por el contrario, los funcionarios deberían tener discreción para tomar las decisiones que consideren más adecuadas en cada momento? Esta pregunta ha sido largamente debatida entre los economistas. Nuestra historia reciente puede dar algunas lecciones al respecto.
El BCRA, desde el levantamiento del cepo cambiario, ha instaurado una nueva regla cambiaria: la flotación. El precio del dólar es decidido por la interacción de actores privados en el mercado, con intervenciones esporádicas de la autoridad monetaria.
El éxito de esta regla de política puede verse en la respuesta del tipo de cambio ante la salida de Inglaterra de la Unión Europea. Cuando la incertidumbre del Brexit impactó en los mercados, las monedas latinoamericanas se depreciaron frente al dólar. El tipo de cambio argentino hizo lo propio saltando de $14 a $15 sin ningún tipo de sobresalto, evitando una apreciación real que hubiera impactado negativamente en la ya complicada economía local (como sucedía en otros tiempos).
El nuevo régimen cambiario fue anunciado por el BCRA al comienzo de la nueva gestión. De hecho, la entidad presidida por Federico Sturzenegger está trabajando intensamente en la comunicación de sus decisiones de política. Todos los meses se presenta un informe política monetaria, los martes se anuncia la tasa de Lebac acompañada con algunos comentarios sobre coyuntura, y hace algo más de un mes se lanzó el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), entre otras actividades.
¿A qué se debe este aluvión comunicativo? El BCRA está buscando construir credibilidad, enfocado en la instauración de una regla que ha sido muy exitosa en América Latina: el régimen de Metas de Inflación. El Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas anunció a principios de este año las metas. Para el 2016 se anunció una inflación de 25%, meta que no será alcanzada. No obstante, las expectativas para el año próximo son levemente menores al 20%, según el REM, lo cual sugiere que la meta es creíble y la inflación descenderá (aunque el sector privado mantiene algo de escepticismo, ya que la meta anunciada para el 2017 es ubicar la inflación entre el 12% y el 17%).
Las tarifas
En contraposición, la modificación de las tarifas de gas y electricidad está rodeada de incertidumbre y los cambios todavía no pudieron implementarse completamente. A diferencia de la insistencia del BCRA en la comunicación, la medida no fue claramente anunciada por los funcionarios. Nunca estuvo claro cómo sería el nuevo cuadro tarifario ni qué criterios se iban a seguir para decidir las subas. Distintos sectores políticos aprovecharon la falta de claridad y, resoluciones judiciales mediante, lograron poner un freno al ajuste tarifario.
¿No sería razonable que el Ministerio de Energía renuncie a la discreción y anuncie un plan de subas de tarifas para los próximos años? De ese modo nadie se vería sorprendido por subas “inesperadas”, se reduciría la incertidumbre que enfrenta el sector privado, e incluso tendríamos un nuevo elemento de juicio para evaluar el desempeño del ministro, lo que agrega transparencia al proceso político.
En resumen, estos casos sugieren que el Gobierno debe realizar anuncios claros y contundentes sobre las políticas a aplicar y, cuando sea posible y deseable, comprometerse con algún tipo de regla (como hará el BCRA con las Metas de Inflación). La mayor información incrementa la transparencia del sistema político, mejorando nuestra capacidad de evaluar la gestión de los funcionarios. Además, reduce la incertidumbre que enfrenta el sector privado, facilitando la toma de decisiones, incentivando la inversión y el crecimiento económico.
(*) Economista
