En Argentina reina una gran confusión con respecto a los servicios públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano, o sea, lo que sería el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En todas las provincias argentinas, excluyendo CABA y provincia de Buenos Aires por el conurbano, el servicio de distribución de electricidad al usuario final, el transporte urbano y el servicio de agua y saneamiento son competencias del Estado provincial y municipal.
En cambio, en la CABA y la provincia de Buenos Aires por el conurbano estos servicios los administra el Estado Nacional. Esto es un resabio de cuando el Estado Nacional administraba la Capital Federal.
La consecuencia de esto es que los distintos gobiernos que pasan por el Estado Nacional hacen populismo anunciando congelamientos de las tarifas de luz, del transporte urbano y del agua. Pero dichos congelamientos se aplican sólo al AMBA.
Como el congelamiento supone un subsidio a las empresas proveedoras de luz, transporte y agua, el Estado Nacional termina subsidiando los congelamientos del AMBA con fondos federales, que son los que pagan con sus impuestos todo el país.
Así es como se produce la enorme inequidad por la cual en las provincias se paga bastante más de luz, colectivo y agua que en el AMBA y además las provincias contribuyen a subsidiar los congelamientos de AMBA.
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La solución es simple y lógica. Cuando la Capital Federal se convirtió en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en 1996, el Estado Nacional tendría que haber transferido todas las competencias de luz, transporte urbano y agua a la CABA y a la provincia de Buenos Aires por el conurbano.
Luego, la CABA y la provincia de Buenos Aires se tienen que poner de acuerdo en entre bipartitos de regulación para administrar estos servicios en sus jurisdicciones. Tal como es en el resto de las provincias.
Pero en este país se hace todo al revés.
En 2012, el Estado Nacional transfirió a la CABA el servicio de subte. Esto es lo correcto. Pero no transfirió los trenes urbanos y colectivos porque involucran a dos jurisdicciones (CABA y conurbano). Quedó pendiente.
En 2018, se estableció por ley que a partir del 1° de enero del 2019 había que transferir la regulación de las empresas Edenor y Edesur (las distribuidoras de energía del AMBA) a la CABA y la provincia de Buenos Aires por el conurbano. El actual Gobierno, sin fundamentos, suspende el proceso de transferencia. Quedó pendiente.
Ahora, en 2022, el Estado Nacional anuncia que avanzará en la transferencia de los servicios de colectivos urbanos que sólo transitan por la CABA, dejando en la órbita del Estado Nacional los trenes y colectivos que cruzan entre CABA y conurbano. Lo que tiene que hacer el Estado Nacional es transferir todos los servicios de trenes urbanos y colectivos del AMBA a la CABA y la provincia de Buenos Aires. Igual, quedará pendiente.
Lo más desalentador es la demanda del resto de las provincias argentinas. En lugar de exigir que se haga lo correcto (que es, que el Estado Nacional transfiera el transporte urbano íntegramente a la CABA y a la provincia de Buenos Aires y que sean estas jurisdicciones las que paguen los subsidios al boleto o los eliminen, si así lo deciden), piden que las subsidien a ellas también.
Entonces, se hizo el “Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País” que el año pasado tuvo una asignación de $28.000 millones mientras que los subsidios que el Estado Nacional les dio a los trenes y colectivo de AMBA fue de $257.000 millones. O sea, por cada $1 que le da de subsidio de colectivos a todas las provincias del interior, al AMBA le dieron $9.
Seguro que los funcionarios provinciales no están contentos con esta distribución porque lo que correspondería es que los subsidios se repartan 70% para el interior y 30% para el AMBA, que es la distribución de la población.
Pero este pensamiento es errado porque el Estado federal no debe subsidiar el transporte urbano. Esta es una función provincial y municipal. Son las provincias y municipios las que deben regular y subsidiar el servicio, si así lo consideran.
Por último, los servicios de agua y saneamiento de AMBA. El servicio es regulado por un ente tripartito integrado por el Estado Nacional, CABA y provincia de Buenos Aires denominado Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS). La provisión está a cargo de la empresa AySA que, desde su estatización en el 2006, es propiedad del Estado nacional en un 90% y el otro 10% es de los trabajadores.
Aquí la transferencia es más que simple. El Estado Nacional debe retirarse del ente tripartito (ERAS) que pasaría a ser un ente regulador a cargo de CABA y provincia de Buenos Aires solamente y transferir a ambas jurisdicciones la propiedad del 90% del paquete accionario AySA. Pero seguramente quedará pendiente también.
Así las cosas, Argentina tiene un Estado amorfo. Un Estado Nacional con muchos recursos que los utiliza en beneficio del AMBA. Mientras tanto, el resto de las provincias andan tocando puertas del Estado nacional para ver si consiguen algunas migajas.
