Por Jorge Colina Economista de Idesa
Es difícil pensar que los argentinos adopten compromisos de largo plazo. Si lo hubieran hecho alguna vez en el último siglo, el país no estaría encaminado en esta senda tan declinante en sus niveles de desarrollo económico y social. De todos modos, nadie sabe si esta no es una nueva oportunidad. Si es así, dos temas seguramente deberían estar en la agenda: uno es el ordenamiento del federalismo y el otro es el ordenamiento previsional.
El ordenamiento del federalismo implica dejar claramente establecido que la política social estatal ?sacando la previsión social y las universidades? son temas de exclusiva responsabilidad de las provincias. Esto es, la educación primaria y secundaria, la salud pública, la justicia y la seguridad, las políticas de urbanismo, saneamiento básico y vivienda, son competencias provinciales, en las que la Nación no tiene nada que hacer. La Nación lo que debe hacer es medir resultados (educativos, sanitarios, de inseguridad, de déficits de saneamiento, de viviendas, etcétera) para explicitar a la comunidad de las provincias cuáles son los logros y los fracasos de las gestiones de gobierno de sus gobernadores e intendentes para que en cada acto eleccionario sepan a quien votar.
Lo que no debe hacer la Nación es lo que hizo históricamente: tener ministerios nacionales de educación, salud, desarrollo social, medioambiente, vivienda, todas funciones provinciales, y desde estas estructuras burocráticas desplegar una cantidad vasta de programas nacionales donde se hacen esporádicas y pequeñas “ayudas” a provincias y municipios con pequeños arreglos de escuelas, de centros de salud, envíos de insumos, útiles escolares, complementos salariales de algunos empleados públicos provinciales o municipales, ayudas alimentarias y demás. Esto lo único que logra es entorpecer la gestión provincial y municipal, diluir responsabilidades (porque cuando los déficit de gestión continúan no se sabe de quien es la culpa: si de la Nación que prometió la “ayuda” o de la provincia o el municipio que se dejó estar confiando que la “ayuda” vendría) y derrochar una enorme cantidad de recursos nacionales que engruesan el déficit fiscal. Se estima para el 2018 unos $130 millones asignados a estas finalidades.
El ordenamiento previsional debe lograr un consenso para que se eliminen todos los regímenes especiales y diferenciales ?a nivel nacional, provincial y municipal? que actualmente jubilan personas a menor edad y/o con mayores haberes que en el régimen general. Hoy en el sistema previsional nacional hay 1,2 millones de personas en esta situación de privilegio. En segundo lugar, se debe terminar con la regla de pensión derivada que duplica la cobertura. Una persona que hoy tiene una jubilación puede duplicarla con una pensión cuando se muere el cónyuge. Esto debería ser, como mínimo, optativo para que la persona tenga la opción de elegir el mayor beneficio, pero dejar de duplicar. Esta duplicación es todavía socialmente más cuestionable cuando se produce por una moratoria, que son jubilaciones otorgadas sin aportes. No es aceptable que personas que recibieron jubilaciones sin aportes, además, dupliquen beneficios. Hoy, el 20% de los jubilados o 1,2 millones recibe más de una jubilación. Este es un tema estratégico de largo plazo porque el sistema previsional hoy no es financieramente sostenible, y con estas reglas es directamente inviable. Su inviabilidad se traducirá en una sociedad empobrecida, no por mantener a sus jubilados, sino por preservar injusticias y derroches dentro del sistema previsional.
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