El Decreto 626/2016 por el que el Ministerio de Hacienda y Finanzas incrementó de 60% a 75% la alícuota de los impuestos internos a los cigarrillos tiene efectos directos e inmediatos en la industria. Es que la presión tributaria de este producto es tal que ubica a nuestro país en el top ten de los países con mayor carga impositiva sobre los cigarrillos, según admitió la propia cartera económica. Incluso en la comparación con los impuestos internos cobrados a las bebidas alcohólicas, los cigarrillos salen perdiendo, ya que las bebidas alcohólicas tienen 20%, mientras que las cervezas tributan el 8% y las champañas están exentas (0%).
Un informe de la consultora Economía y Regiones recuerda que la Fundación Interamericana del Corazón (FIC) estima que “ante un incremento del 50% del precio final, la demanda de tabaco se reduciría aproximadamente en un 15% en Argentina”. No obstante, destaca que según su propio análisis “el FIC podría estar incurriendo en una subestimación; y en consecuencia la caída de la demanda y de la producción terminaría siendo superior al 15%”.
Esta es una preocupación en las provincias norteñas por el impacto que tiene en esta economía regional, de la que viven 21.500 familias de productores tabacaleros, afincados en las provincias de Misiones (71,7%), Corrientes (9,1%), Salta (7,4%), Tucumán (5,9%), Jujuy (4,2%) y el resto repartido entre Chaco y Catamarca.
A nivel de perspectivas, E&R considera que la suba de la carga impositiva y del precio del cigarrillo tendría varias implicancias, aunque hay tres fundamentales. Por un lado, “incentiva la compra de cigarrillos ilegales”, que afecta directamente a la producción tabacalera. Por otro lado, se reduciría el consumo de tabaco “aproximadamente en el 15%, impactando negativamente en la cadena productiva”, y por último, se perderían unos 3.600 puestos de trabajo en el cultivo de tabaco.
