Según un informe del Ieral, durante los últimos años los recursos públicos que se destinaron a programas sociales y asistenciales por parte de los tres niveles de gobierno fueron entre dos y cuatro veces superiores a la cantidad de dinero que anualmente sería necesaria para erradicar la pobreza. Sin embargo, los resultados están a la vista.
Los investigadores Marcelo Capello y Gerardo García Oro retomaron los datos publicados recientemente por el Indec ?correspondientes al segundo trimestre de 2016? que muestran que el 32,2% de los habitantes del país son pobres y el 6,3% siquiera alcanzaban a cubrir sus necesidades alimentarias y nutricionales básicas.
Los investigadores aplicaron un criterio metodológico comparable para cotejar los nuevos datos con los del mismo período del año anterior y detectaron que en la mayoría de las regiones la incidencia de la pobreza se incrementó en términos interanuales en un promedio de 2 puntos porcentuales, excepto en el caso del NOA donde se registró una baja, pese a que continúa siendo una de las regiones más afectadas.
Según señalaron, si bien son centrales las políticas de mediano y largo plazos, para aliviar la pobreza actual puede comenzarse por un “reordenamiento en las partidas presupuestarias destinadas a gastos en promoción y asistencia social en los tres niveles de gobierno”.
En este sentido, señalaron que durante la última década los recursos públicos que fueron destinados a programas sociales y asistenciales resultaron “entre dos y casi cuatro veces superiores a la cantidad de dinero que anualmente sería necesaria para erradicar la pobreza (brecha de pobreza), y aún así no se logró aliviar este flagelo”. Es decir, se hubiera podido cubrir con creces la diferencia entre el actual ingreso familiar de los hogares pobres y el valor de la Canasta Básica Total que traza la línea de pobreza.
Según apuntaron, el gasto social proyectado para este año se situaría en casi $300.000 M y la brecha de pobreza habría crecido a $95.000 M, por lo que también ahora el dinero dispuesto por el Estado en el área más que triplicaría lo necesario para saladar la brecha.
Que el dinero disponible no se traduzca en mejoras notorias se debe, según señalaron, no sólo a una baja eficiencia del gasto público social (problemas de focalización del mismo, superposiciones de programas y descoordinación), sino también una muy baja efectividad en las políticas impulsadas para resolver cada una de las múltiples aristas que involucran a esta problemática. “Así, aliviar la pobreza y la exclusión requiere un abordaje integral y coordinado de políticas educativas, laborales y sociales. Requiere, por tanto, una fuerte impronta de gestión por resultados, que promuevan oportunidades de acceso a entornos formativos y empleos formales, además de aliviar las múltiples afecciones ligadas a condiciones estructurales y de hábitat que condicionan el desarrollo y la inclusión social de estas familias”.
