Por Silvia Andrea Tedin Socia del Departamento de Asesoramiento Fiscal de San Martín, Suarez y Asociados
Muchas veces, al ser consultados por clientes e inversores que analizan la región para realizar nuevas inversiones, se llega a la conclusión de que hay negocios que no terminan siendo viables en Argentina, cuando a estos planes se le suman los impuestos por los cuales quedarían alcanzados.
Hoy en día esa presión está volcada sobre el precio final de los productos, por lo cual en determinados precios esta carga ronda casi el 50% del valor. Por ejemplo, en los autos 0km es de 55%, en gaseosas 49,50% y podríamos seguir enumerando muchos casos.
Es bien sabido que cualquier empresario que evalúa una inversión o un nuevo negocio lo hace teniendo en cuenta una rentabilidad esperada y que el que hace negocios espera ganar dinero. Cuando una empresa toma en cuenta, además, el costo de contratar un empleado, encuentra que Argentina es uno de los países con mayores costos salariales (casi 50% del salario de bolsillo).
Otro ejemplo de cómo ha aumentado la presión en los últimos años es el impuesto a los Ingresos Brutos, que hoy en día representa en promedio casi el 50% de la rentabilidad de un negocio y, además, en temas de comercialización de productos, el efecto final sobre el precio del mismo se termina multiplicando por la incidencia en las distintas etapas de la comercialización hasta llegar al consumidor final.
En síntesis, el panorama se vuelve poco alentador para aquellas empresas que nos miran como un país para canalizar sus inversiones.
También es cierto que el gasto público acota el margen de acción. Si bien las intenciones de disminuir la carga tributaria parecen estar, muchas veces terminan saliendo con una aplicación limitada, dado que cada punto que se desgrava por cualquier beneficio otorgado complica financieramente al Gobierno.
¿Qué esperar?
Si bien es probable que la reforma tributaria recién se trate después de las elecciones, hay temas que vienen esperando desde hace mucho, y urge que se hagan cambios para aliviar la presión fiscal. Algunos ejemplos de estos posibles cambios son:
El mecanismo de ajuste por inflación para los balances de las empresas, , tema que hoy no está permitido y que ocasiona que muchas empresas terminen ingresando Impuesto a las Ganancias sobre utilidades ficticias.
En la misma línea, el primer anticipo que representa el 25% del monto total abonado, el período anterior también produce un problema financiero porque al tener que abonarlo de una sola vez y en forma coincidente con el saldo de la declaración jurada anual, hace que durante esos meses toda la rentabilidad de la empresa se vuelque en los impuestos. Lo razonable sería que se volviera a los anticipos iguales y por el 9% del impuesto.
Ley Antievasión donde se dejó fijo un monto de pago en efectivo que tiene que ser inferior a $.1000 desde el 2001, hoy en día dificulta los pagos de la caja chica, dado que casi todos los pagos que se hacen por caja chica son mayores a ese valor.
Impuesto al débito y crédito. Si bien se evalúan cambios, por los cuales en los pagos que se realicen a AFIP este impuesto ya no se cobraría y en utilización de medios electrónicos para pagos como las aplicaciones móviles se estaría exento de este impuesto, debiera pensarse que, de renovar su vigencia, debería poder utilizarse 100% como crédito para el pago de distintos impuestos.
Impuesto a las Ganancias para profesionales independientes. Es necesario igualar la deducción especial a un empleado en relación de dependencia para lograr una mayor equidad, dado que hoy el profesional independiente con el mismo nivel de ingresos termina pagando un mayor impuesto. Hoy esa deducción es de $ 51.957 para el trabajador independiente y $ 249.441,60 para quien está bajo relación de dependencia.
Ley de microempleadores con beneficio de reducción de contribuciones patronales. Los valores de facturación han quedado sin cambios desde el 2014, por lo cual las empresas ya no pueden gozar del beneficio y esto redunda en que se creen muchas veces menos puestos de trabajo. Además, debiera prorrogarse porque la vigencia actual es hasta el 31 de Julio.
El impuesto a los Ingresos Brutos tendrían ser único y se debería simplificar la cantidad de regímenes de recaudación provinciales que hacen más complejos los negocios a nivel país y terminan erosionando la rentabilidad de las empresas. Deberían, también, simplificarse los mecanismos de recupero de saldo a favor que terminan siendo una misión imposible en la mayoría de los fiscos provinciales.
