"Empiezo por el final, terminaré en el principio. Mis intereses, quizás, no fueron saludables. La traición duele hacia atrás, no sabes cuándo comienza. Más de una vez me escuché decir que en la resistencia está todo el hidalgo valor de la vida".
-Carlos Alberto Solari, in memoriam
Para entender y desentrañar el proceso político que intento describir en estas líneas, tuve que recurrir al teorema formulado por un gran político argentino, que se enuncia al pie de esta nota.
Empiezo por el final. Todos los economistas hemos leído en las últimas semanas a notorios liberales vernáculos despotricando contra el RIGI. Consideran que dirigir inversiones hacia ciertos sectores estratégicos perjudica la asignación eficiente de recursos que, según creen, la mano invisible del mercado resolvería mejor.
Paradójicamente, el gobierno libertario recurre a fuertes incentivos fiscales para acelerar la concreción de esas inversiones que, con suerte y viento a favor, podrían comenzar a ser rentables entre cinco y diez años después de hundir millones de dólares en un país impredecible como el nuestro.
El Teorema de Baglini no falla: los que están lejos del poder recitan a Murray Rothbard y a Friedrich von Hayek, pero los que tienen la responsabilidad de gobernar parecen tenerle más confianza a Lord Keynes.
En el otro extremo del péndulo, los peronistas también tienen su propia paradoja: los que están lejos del poder se oponen al RIGI con enunciados insustanciales, mientras que los gobernadores de las provincias receptoras de inversiones millonarias en sus territorios no se pueden permitir esas taras y actúan con mayor sensatez.
Estas contradicciones ideológicas de los opositores al RIGI no son novedosas. Explican bastante bien por qué la Argentina moderna todavía no ha superado el subdesarrollo: hicieron lo mismo en contra de la batalla del petróleo impulsada por Arturo Frondizi hace más de sesenta años.
La paradoja peronista tiene otras manifestaciones más cercanas. En 2013 y 2023, sus diputados defendieron con enunciados razonables dos leyes que tenían incentivos similares a los del RIGI. Desde que pasaron al llano, utilizan argumentos menos sensatos para oponerse.
En 2013, la YPF kirchnerista firmó más de 25 contratos secretos con Chevron para que se decidiera a invertir más de US$ 1.000 millones en la exploración y extracción de petróleo. Utilizaron un complejo entramado de sociedades offshore para plasmar todos los requerimientos de la empresa estadounidense. Ese fue el primer paso.
Luego, le exigió al gobierno argentino que esos compromisos contractuales se tradujeran en un decreto presidencial y en una ley aprobada por el Congreso.
Con realismo, los peronistas cumplieron firmando ese decreto y aprobando sin chistar una reforma de la Ley de Hidrocarburos que establecía condiciones muy similares a las del RIGI: estabilidad tributaria, disponibilidad de divisas, jurisdicción extranjera para resolver disputas, baja de los derechos de exportación y topes para las regalías provinciales.
Estas normas "proto-RIGI" lograron concretar las primeras inversiones significativas para extraer petróleo en Vaca Muerta.
En 2023, el problema era otro. Un país con reservas infinitas de gas tenía que recurrir a importarlo en cantidades ingentes, por barco. Para revertir esa situación se requerían inversiones multimillonarias que el Estado presente no podía financiar.
El último gobierno peronista hizo lo mismo que su líder en 1955, cuando se quedó sin nafta. Para seducir al capital extranjero, envió al Congreso un proyecto de ley que tenía como objeto principal la producción, transporte y exportación de Gas Natural Licuado. La Ley del GNL —o "Ley Massa", por el entonces superministro— fue votada masivamente por todas las franquicias peronistas de la Cámara de Diputados, logrando la media sanción de un texto legal mucho más parecido al RIGI que la Ley Chevron.
Sabían que para convencer a potenciales inversores de que hundieran más de US$ 1.000 millones en un país gobernado por ellos mismos —quienes le habían cambiado las reglas de juego al principal sector exportador del país sin pasar por el Congreso, casi llevándonos a la guerra civil— debían garantizarles con fuerza de ley unas condiciones que no aplicaban para el resto de la economía argentina: disponibilidad de divisas, retenciones escalonadas (partiendo del 0%), reducciones impositivas, amortización acelerada en Ganancias, devolución de IVA y la posibilidad de resolver conflictos en jurisdicción extranjera. Todo por un plazo de 30 años.
Demostrando que el axioma de Baglini funciona casi como la ley de gravedad, ninguno de los diputados libertarios votó a favor del proto-RIGI peronista: Javier Milei y Carolina Píparo votaron en contra, mientras que José Luis Espert se abstuvo y Victoria Villarruel estuvo ausente.
Los diputados desarrollistas votamos a favor del RIGI y lo defendemos, tal como hicimos, cuando estábamos en el llano, con los proto-RIGI precedentes, sin las contradicciones ideológicas de peronistas y liberales. Siempre estuvimos y estaremos a favor de impulsar masivas inversiones en sectores estratégicos para el desarrollo nacional.
Dicho esto, también sabemos que, para integrar y desarrollar el país, con el RIGI no alcanza. Hay que complementarlo con otras políticas. Es imprescindible desarrollar una red de proveedores locales, como hicieron Australia e Irlanda, por ejemplo. También es indispensable diseñar y aplicar una política industrial inteligente: ni tan boba como para permitir que unos pocos vivos "cacen en el zoológico", ni tan ingenua como para abrir el mercado interno a la importación que viene de países hiperdesarrollados con excedentes de producción y que, además, subsidian a sus empresas para que sean más competitivas.
Ante esa situación, el mundo entero está aplicando políticas industriales a gran escala. El gobierno cree, ilusamente, que la mejor política industrial es la que no existe.
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