El proyecto de ley de emergencia ocupacional, que el miércoles obtuvo dictamen en comisiones de las dos cámaras del Congreso, es ?más allá de las mínimas posibilidades que tiene de volverse realidad? un catalizador de mensajes políticos. Su impulso en el Congreso fue la primera conquista de las cinco centrales obreras unidas, que fueron conjuntamente a ambas cámaras a reclamar su sanción, relegando a un segundo plano el pedido que unos meses antes colonizaba su discurso: la reforma del Impuesto a las Ganancias. A su vez, el doble dictamen de esta semana llama la atención sobre la fuerza del arco opositor, que ocasionalmente puede unir filas para recordar que no existe sólo cuando el Gobierno necesita reunir votos, como ocurrió cuando acompañaron el pago de la deuda con los holdouts. Ayer, Mauricio Macri volvió a reiterar su absoluto desacuerdo con las iniciativas de prohibición de despidos que se acercan al recinto, lo que deja la puerta abierta para que, en el caso de que la ley se sancionara, reciba el primer veto del Presidente, que deberá cargar con el costo político que eso implica.
El proyecto que obtuvo dictamen en el Senado y quedó en condiciones de ser tratado en el recinto establece la emergencia ocupacional por 180 días, plazo en el que quedan prohibidos los despidos “sin causa” en el sector público y privado y establecida la doble indemnización. El que se firmó en la comisión de Legislación Laboral de Diputados, declara la emergencia ocupacional retroactivamente desde el 1 de marzo y hasta el 31 de diciembre de 2017, con las mismas implicancias.
El presidente Mauricio Macri aprovechó ayer la reapertura de la planta avícola Cresta Roja, para reiterar su repudio a la iniciativa, a la que calificó de “arbitraria” e inservible. “Mi compromiso es generar trabajo, porque el trabajo es el camino para salir de la pobreza, pero no es la forma imponiendo leyes arbitrarias que ya utilizamos en el pasado”, dijo, y agregó: “Yo le digo al mundo que esta Argentina que se presenta es distinta porque aprendimos de nuestros errores, y no los vamos a repetir. Porque queremos progresar, queremos crecer, queremos ser felices. Ya probamos en el 2002 con leyes que prohibían, y eso no trajo más trabajo; destruyó trabajo”. De todos modos, el Presidente aseguró que “entiende” la preocupación de los trabajadores y la “comparte”, y prometió que así como “cuidaron” a los empleados de Cresta Roja cuidarán a todos, “pero no por la vía de la arbitrariedad, de la imposición, de leyes que nos alejen de ese futuro que todos queremos”. “No hagamos cosas que no sirven”, resumió.
En el mismo sentido se manifestó la vicepresidenta, Gabriela Michetti, que identificó la pregunta por cómo cuidar el empleo como “el gran tema de la Argentina hoy”, pero advirtió sobre los peligros de “pasar las señales de rosca”. “Si das señales de que cada despido va a ser con doble indemnización, que no podés despedir a nadie, la inversión se va a ir a Chile, a Brasil, Perú o Bolivia, que es lo que pasó en los últimos años”, dijo.
El argumento de que los legisladores oficialistas utilizaron esta semana para intentar retrasar el avance en las cámaras de los proyectos fue el de no precipitar la discusión. Diputados y senadores del interbloque Cambiemos insistieron con invitar al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y a otros funcionarios para discutir el tema con más profundidad. De hecho ayer, durante un plenario de comisiones en la Cámara baja donde se discutía el proyecto de ley de acceso a la información, José Luis Gioja aprovechó para reclamarle al presidente de la comisión de Presupuesto, el macrista Luciano Laspina, que convoque de “manera urgente” a reunión para tratar la emergencia ocupacional, que debe obtener dictamen en ese cuerpo para ingresar al recinto. “Los despidos siguen y la gente está angustiada”, le reclamó Gioja, a lo que Laspina le contestó que “el diagnóstico de emergencia no es tal para el Gobierno” y que el tema requería mayor debate. “Así debe trabajar el Congreso, convocando gente y buscando consensos”, agregó.
Si bien el proyecto para frenar los despidos motivó la articulación de las diferentes facciones opositoras, no dejó de generar discusiones al interior de algunos bloques. En el massismo, puntualmente, hubo discrepancias entre los diputados de extracción gremial y aquellos provenientes del sector empresario. Las diferencias fueron planteadas entre los sindicalistas Facundo Moyano y Héctor Daer ?que estuvieron junto a las centrales obreras presionando para hacer avanzar el proyecto? y el ex presidente de la UIA, José de Mendiguren, que ayer convocó a pymes al Congreso para frenar la iniciativa (ver aparte) y cuenta con el apoyo de referentes económicos del partido de Sergio Massa como Roberto Lavagna. “El efecto sobre el empleo es negativo. En las pequeñas y medianas empresas se juega la vida pagar una doble indemnización o estar impedido de despedir a alguien”, opinó el ex ministro de Economía.
