La vida sigue más allá de las elecciones de octubre y, por ende, no viene mal otear el juego de fuerzas más allá de la compulsa electoral venidera, es decir, en 2018. Casi el largo plazo. Allí, pase lo que pase en agosto y octubre, “la macro” seguirá siendo un tema. Y hay dos problemas que sobresalen por sobre los demás: déficit fiscal e inflación.
“El Gobierno ha anunciado que pretende reducir la inflación cinco puntos en 2018 (que serían 9 puntos, si el objetivo se mantiene respecto del techo de la banda de este año) y mejorar el resultado primario en un punto del PIB. Lograr ambos objetivos requiere de esfuerzos importantes”, dice Daniel Artana en su último informe de FIEL.
“En la lucha contra la inflación, los ajustes de precios relativos importantes (por ejemplo, tarifas) tendrán un impacto similar al de 2017. Al cronograma anunciado para energía, se sumaría el postergado aumento en el transporte. Pero además, se agrega un problema adicional que es la indexación de los contratos salariales que el propio Gobierno impulsó este año para ayudar a lograr sus objetivos de corto plazo, pero complicando la política antiinflacionaria futura. La rigidez que introduce la indexación de contratos para reducir la inflación es un problema reconocido en la literatura porque genera inercia”, explica Artana, uno de los gurúes más leídos y escuchados de la city.
“En materia fiscal, sin reformas estructurales será muy difícil lograr que el gasto no crezca en términos reales. Avanzar en reformas importantes después de las elecciones de medio término no está para nada garantizado, aún dentro de la propia coalición de gobierno.
Sin embargo, el exceso de gasto público debe ser corregido. Gradualmen te va ganando consenso la idea de que Argentina tiene hoy un nivel de participación del Estado en la economía que no es sostenible (entendiendo por tal, el que la sociedad está dispuesta a financiar con impuestos)”, explica. Sin embargo, muchos analistas dudan de la conveniencia de iniciar ahora esa reducción, básicamente por dos razones: desde una óptica keynesiana tradicional, el ajuste del gasto complicaría la recuperación de la economía y una reducción en el gasto estatal tendría consecuencias sociales no deseadas. La famosa gobernabilidad.
Sin embargo, Artana refuta esa visión: “Ambos argumentos tienen problemas. La reducción del gasto va a la par de una reducción en sus fuentes de financiamiento (impuestos, inflación o deuda). No parece haber diferencias importantes entre el multiplicador del gasto y el de los impuestos o la inflación. Y en el caso argentino, un menor endeudamiento externo permitiría sostener un tipo de cambio real más alto que le quitaría, al menos parcialmente, el peso que soporta el sector transable de la economía. Además, si el gasto es ineficiente y se financia con impuestos que traban al sector más eficiente, reducirlo permite una mejora en la economía de una sola vez”, explica.
El problema, dice, se limita a la transición. El Gobierno deberá enfocarse en los renglones cuyos ajustes tenga más consensos. Y deberá hacerlo. “Si la situación fiscal actual es insostenible en el mediano plazo (como han afirmado las máximas autoridades del Gobierno), postergar su encuadramiento generaría un problema de expectativas que puede impactar negativamente en el proceso de financiamiento externo y de inversión”, explica Artana.
