Si las provincias no saldrán ganando este año en el reparto de recursos nacionales, al menos no perderán, o lo harán en una magnitud poco significativa. Según el consenso de los especialistas consultados por El Economista, el acuerdo entre los gobernadores y el Ministerio del Interior para la devolución gradual del 15% de los recursos coparticipables que la Nación detraía para el financiamiento de la Anses permitirá compensar ?o al menos matizar? la caída en las transferencias automáticas como consecuencia de la contracción de la recaudación nacional por el desplome de la actividad económica y la modificación de algunos tributos. No obstante, aunque en términos netos terminaran perdiendo recursos, si continúa la tendencia que vienen registrando los envíos nacionales, los ejecutivos provinciales habrán ganado más autonomía. Más aún, si la reactivación de la actividad económica efectivamente se empieza a dar a partir de 2017 ?como prevé la mayoría de los economistas?, entonces la recaudación nacional ?y por ende, la coparticipación?, también tenderá a crecer.
Sin embargo, la ecuación no está exenta de matices ni es la misma para todas las provincias. Por otra parte, si bien ganarán autonomía, el acuerdo sellado entre el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y los gobernadores de casi todas las provincias ?con excepción de Santa Fe, San Luis y Córdoba, las que ya cuentan con el 15% completo gracias a un fallo de diciembre de la Corte Suprema? ata a las provincias con la Nación por el pago de una nueva deuda al menos hasta 2023.
Los números
Para fin de año, las 21 provincias comprendidas en el acuerdo habrán recibido $ 37.000 M adicionales en giros de coparticipación y préstamos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), como resultado del acuerdo con Frigerio. Desde principios de agosto, la Nación ya empezó a girar esos envíos extra, mientras que el viernes pasado, transfirió la primera cuota correspondiente al saldo retroactivo a enero de este año, que se devolverá en cinco etapas, tal como habían convenido.
De este modo, el adicional que reciban las provincias servirá para compensar la caída de la coparticipación por una recaudación que caerá en términos reales durante el año. Como consecuencia de la menor actividad económica, la suba del mínimo no imponible en Ganancias y la reducción del IVA a jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones, según Econviews, los ingresos al Fisco se contraerán en cerca de $ 172.800 M (-2,1 puntos del PIB) con respecto a 2015. “Dos tercios de la menor recaudación se explica por las rebajas de impuestos, mientras que el tercio restante es atribuible a otros factores, asociados a la menor actividad económica”, sostiene la consultora en un informe reciente. Mientras las rebajas de impuestos tendrán un costo fiscal cercano a los $ 107.400 M (1,3% del PIB), advierte, por la menor actividad económica se recaudarán $ 65.400 M menos (0,8% del PIB).
Con este cuadro, la coparticipación a las provincias sufrirá una fuerte caída en 2016, que según el Ieral de la Fundación Mediterránea alcanzará los $ 26.000 M, una cifra equivalente a 5% de las transferencias automáticas recibidas en 2015 por las provincias, que será compensada ?enteramente o al menos en parte? por el reintegro del 15% que destinaban a la Anses. “Los $ 37.000 M adicionales para el conjunto de provincias alcanzarían a compensar la baja en las tranferencias presupuestadas a causa de la caída de la recaudación por la menor nivel de actividad y las medidas tributarias tomadas por el Gobierno Nacional, por lo que las provincias que firmaron el pacto, lograrían alcanzar la meta de recursos presupuestados, achicando el costo para las administraciones provinciales que tuvieron las mediadas tomadas que retrajeron la recaudación nacional”, asegura Verónica Sosa, presidenta de la consultora Economía & Regiones.
Asimismo, en un contexto de cuentas públicas en rojo tanto a nivel nacional como en la gran mayoría de las provincias, el acuerdo significó para el Gobierno Nacional una salida oportuna sin tener que resignar demasiados fondos adicionales. “Como los 15 puntos son equivalentes a las transferencias más discrecionales que se giran anualmente a las provincias, reduciendo éstas a su mínima expresión el Poder Ejecutivo podía hacer frente a la devolución de los 15 puntos sin complicar sustancialmente las cuentas”, sostiene Félix Piacentini, director de NOAnomics.
Según el Ieral de la Fundación Mediterránea, las provincias recibieron el año pasado $ 515.112 M en concepto de transferencias automáticas y alrededor de $ 80.000 M por vías discrecionales. Menos que lo presupuestado para este año, que según Economía & Regiones alcanza los $ 520.000 M en transferencias automáticas y $ 116.900 M en giros discrecionales ($ 59.500 M de carácter corriente y $ 57.400 M para gastos de capital).
Sin embargo, aunque implica un leve crecimiento nominal, con una inflación en torno al 40% interanual, lo que surge del Presupuesto significa una fuerte caída en términos reales. Más aún, no está claro que las transferencias discrecionales presupuestadas vayan a ejecutarse plenamente, como advierte Sosa. “El nivel de ejecución al primer semestre es bajo, de 35% del Presupuesto aproximadamente, aunque todavía no podemos establecer si habrá o no una mayor ejecución durante la segunda mitad del año”, señala.
Los matices
De todos modos, aunque no salieran ganando en términos netos, la tendencia que vienen registrando los envíos de la Nación es positiva para las provincias. Con las transferencias discrecionales en caída y las automáticas, en crecimiento, las provincias ganan autonomía. Según Walter Agosto, investigador principal del Programa de Política Fiscal de CIPPEC, mientras los giros discrecionales se contrajeron 2,8% interanualmente en el primer semestre del año, los envíos automáticos se incrementaron en 31,1%. “Al margen de que las provincias globalmente reciban las misma cantidad de recursos, ganarían en independencia financiera y política, porque aunque el actual régimen de coparticipación está plagado de inconsistencias e inequidades, sus criterios imperfectos de reparto son mucho mejores que la mera discrecionalidad con la que se deciden las transferencias por fuera del régimen, con criterios siempre vinculados a la política y la asistencia de aliados o el intento de torcer la voluntad de los que no lo son”, señala Piacentini.
Asimismo, si la reactivación de la actividad económica efectivamente se empieza a dar a partir de 2017 ?como prevé buena parte de los economistas?, la coparticipación también tenderá a crecer, y la Nación ya no podrá recortar esa suba con una reducción de los fondos ganados por vías automáticas, como sí podría hacerlo en caso de que cayeran bajo criterios discrecionales.
No obstante, la ecuación no está exenta de matices ni es la misma para todas las provincias. En primer lugar, como gran parte de las provincias se encuentra endeudada con el Estado Nacional, la mayoría de las jurisdicciones podría ver recortados los giros que recibirán en hasta 50%, según lo acordado con el Ministerio del Interior.
Pero además, como advierte Agosto, de los $ 37.000 M que recibirán las provincias, únicamente $ 12.000 M serán en efectivo (o hasta $ 6.000 M si se aplica la compensación por deudas en todos los casos), mientras que los $ 25.000 M restantes serán a través de préstamos del FGS, que las provincias deberán devolver en 2020 con un interés de 12% anual. En ese sentido, si bien todo indica que las provincias ganarían más autonomía de la Nación, los préstamos que contraigan con el FGS hasta 2019 atarán a las provincias con mayores deudas con la Nación al menos hasta 2023, cuando terminen de devolver esos créditos.
