Por la Ley de Movilidad, en septiembre se aplicará un incremento del 13,32% sobre jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares, Asignación Universal por Hijo (AUH) y Pensiones No Contributivas (PNC). Según la consultora Ecolatina, el nuevo aumento implica no sólo una recuperación respecto de la inflación acumulada desde el último incremento ?en marzo?, sino también una mejora en términos reales respecto de dicho momento. Sin embargo, consideraron que complicará los planes del Gobierno para alcanzar el equilibrio fiscal.
“De acuerdo a las previsiones del mercado, la inflación a nivel nacional acumulada entre marzo y septiembre llegaría a 10%, de forma tal que el aumento del poder adquisitivo sería del 3% tras el aumento. Más aún, si consideramos la suba anterior (+12,96% en marzo), los ingresos que ajustan por ley exhibirán una suba de 28% al cierre del año, lo que implicaría una ganancia en 2017 de casi 5% en términos reales si tomamos una vez más la proyección de inflación esperada por el mercado (+22% anual a nivel nacional)”, explicaron.
En este marco, la pregunta que surge es si es es posible llegar al equilibrio fiscal. “La indexación pasada de una parte sustantiva de las erogaciones primarias en un contexto de desinflación complica al Gobierno, ya que se ve forzado a trabajar sobre los restantes gastos”, apuntaron desde Ecolatina, y agregaron: “Recortar subsidios a los servicios públicos implica subir tarifas, lo que genera aumento de precios. Acotar sueldos o la cantidad de empleados públicos es políticamente costoso y tiene un impacto acotado en las cuentas públicas Nacionales (en las provincias el gasto en personal roza el 50%, pero a nivel nacional desciende al 14%). Por último, achicar la obra pública en un país con un elevado déficit de infraestructura no luce óptimo”.
Así, concluyeron que “el crecimiento es la variable que ayuda a reducir el déficit minimizando costos, pero es muy difícil que la economía crezca sostenidamente sin antes resolver sus desequilibrios”.
