Durante los primeros meses del año no se profundizó la indigencia de los que ya eran indigentes, sino que nuevas personas ingresaron dentro de esta categoría al no ser alcanzadas por las medidas destinadas a amortiguar los efectos del proceso de “normalización” dispuesto por la administración del presidente Mauricio Macri. Así lo señaló ayer el coordinador del Observatorio de la Deuda Social de La Universidad Católica Argentina (UCA), el sociólogo Agustín Salvia, que presentó la sexta entrega del Barómetro de la Deuda Social-Serie Bicentenario y repasó algunos datos del período 2010-2015 y los primeros meses del 2016.
Dado que en abril el observatorio había presentado algunos datos resonantes respecto a los primeros meses del gobierno de Cambiemos, el auditorio esperaba una actualización del período, pero no hubo novedad. Recordaron que en el primer trimestre de 2016 advirtieron un aumento estimado en la tasa de pobreza de entre 24% y 27% o entre 29% y 33% (según la fuente de datos que se utilice), lo que significa 1,4 millón de nuevos pobres. Para el observatorio, esta población caída en la pobreza proviene del sector informal y de las clases medias bajas.
Según consideraron, el Gobierno actual apuesta a alcanzar sus metas de desarrollo y mejora social a partir de la generación de un “derrame” de inversiones, que “requiere atravesar una tan inevitable como dolorosa transición en materia social”. En este marco, señalaron que el Gobierno ha buscado activar, “aunque por lo general de manera tardía” una serie de medidas de alivio, como el aumento de las prestaciones por jubilación y pensión, programas sociales y asignaciones familiares o la reducción parcial del IVA a los alimentos, entre otras medidas. El problema ?señalaron? es que estas políticas no alcanzan a aquellos que sobreviven en la frontera de la pobreza desarrollando pequeñas empresas, emprendimientos familiares, trabajos por cuenta propia o empleos precarios.
Salvia señaló que dentro de estos cálculos no consideraron el “el aumento de tarifas, las tarifas sociales, la reducción del IVA, los aumentos paritarios, ni tampoco el hecho de que la inflación haya continuado en forma galopante durante los últimos meses”. Por eso adujo que no saben cuál es la situación actual y que están trabajando en su medición.
Aun así, y a modo de conclusión, el titular del observatorio sostuvo que “en ningún caso cabe esperar un 'derrame' social sin un modelo que integre subsidiariamente al sistema socio-productivo moderno y eleve la productividad de los sectores informales protegiendo a su vez los derechos de los trabajadores”. “Sin esto cualquier mejora económica será parcial o poco sustentable”, añadió.
La década kirchnerista
Respecto a los diez últimos años, Salvia sostuvo que hubo una mejora en casi todos los items, aunque “pequeñas”. De todos modos, los números registrados en diciembre de 2015 no dejan de ser alarmantes: se contaron 4,4 millones de personas viviendo en hogares donde hay riesgo de pasar hambre. Al mismo tiempo, casi la mitad de los hogares del país (el 48%) vieron vulnerados al menos uno de sus derechos básicos (alimentación, salud, vivienda, educación, empleo y seguridad social).
Respecto a la evolución de la pobreza y la indigencia por ingresos, Salvia mostró que hubo un período de caída entre el 2010 y el 2013, luego un aumento en 2014 y un nueva caída hasta el 2015.
En otro orden de cosas, el sociólogo resaltó que sólo el 43% de la fuerza de trabajo disponible urbana tuvo un empleo decente y que el 9,4% se encuentró desocupada. Asimismo, observando la estructura del mercado de trabajo argentino resaltó que casi el 54% del total de los empleados pertenece al sector micro informal, 31,1% al sector privado formal y 15% al empleo público. De este modo, si bien el informe fue muy crítico con el gobierno actual, no dejó de recordar “los graves errores cometidos en materia de política socioeconómica” por sus predecesores.
