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La política económica bajo fuego cruzado

Se escuchan críticas frente a la situación del país por parte de algunos sectores ante las lógicas consecuencias de las medidas que ellos mismos reclamaban.

18 mayo de 2016

En sus conversaciones privadas, los funcionarios parecen dispuestos a moderar sus pronósticos sobre el escenario económico del segundo semestre pese a que públicamente insten en que será muy positivo. No todos están convencidos de que la tasa de inflación llevará un 1 adelante a partir de junio como afirmó Alfonso Prat-Gay y que habrá que esperar unos meses más para verlo. Son los que creen en el peso de la inercia inflacionaria y que no todo se soluciona con una política monetaria más restrictiva.

Pero sí hay más coincidencia a la hora de hacer pronósticos en materia de nivel de actividad porque todos aceptan que las buenas noticias llegarán sobre el final del año y no al inicio del segundo semestre. Sin embargo, la mayoría de las economistas privados plantean dudas sobre la recuperación y creen que todo 2016 será un año de transición y que las mejoras recién se verán en 2017. El argumento es que no puede haber mayor actividad en la medida en que no se recupere el consumo que representa el 70% del PIB. Ni las inversiones ni las exportaciones están en condiciones, por ahora, de liderar un proceso de reactivación vigoroso. De todas maneras, hay que tener en cuenta que se está atravesando el peor momento en materia de ingresos, porque los salarios perdieron mucho terreno frente a la inflación en los últimos meses. Pero comienza una etapa más favorable dado que casi dos tercios de los gremios acordaron aumentos en las paritarias que comenzarán a hacerse efectivos en abril y mayo. Si bien en muchos casos las mejoras están previstas en tramos, la parte más significativa se abona al comienzo de los convenios. A ello habría que sumarle el cobro del aguinaldo en junio. Y como en los próximos meses la inflación comenzará a bajar, se dará una recuperación de la capacidad adquisitiva del salario durante ese período. Para que esa mejora se extienda más allá de los próximos meses es indispensable que la tendencia a la baja en la inflación se sostenga.

En ese caso, habrá una recuperación del consumo que le pondrá un piso a la caída del nivel de actividad.

En promedio, durante 2016, habrá una baja de los salarios reales pero se dará dentro de un contexto heterogéneo. La pérdida será mayor entre los trabajadores no registrados y los del sector público mientras que en el ámbito privado el deterioro será acotado. Por otra parte, como en tantos otros temas, el año presentará dos facetas muy diferentes con un primer semestre muy negativo y una segunda parte con mejores indicadores.

Pero está claro que los márgenes entre los que se mueve el Gobierno son estrechos. Las medidas tomadas por el Gobierno ahora eran reclamadas por distintos sectores que ahora, curiosamente, se quejan de sus previsibles consecuencias. Afirmar que la devaluación y el ajuste de tarifas eran inevitables y trascartón cuestionar la tasa de inflación es contradictorio. También lo es mostrar preocupación por el gradualismo fiscal y criticar la suba del gasto si, al mismo tiempo, se propone auxiliar a las pymes, devolverles fondos a las provincias, resignar impuestos, pagarles la deuda a los jubilados, destinar fondos a las empresas para ayudarlas a sostener el empleo e incrementar los fondos destinados a los programas sociales. Son contradicciones en las que no incurren economistas de la oposición sino de quienes son percibidos como cercanos al oficialismo. Fueron quienes le reclamaron al Gobierno que hiciera una descripción descarnada de la herencia recibida y ahora le piden que no deposite todo el esfuerzo en el plano monetario porque la política fiscal también tiene que jugar un papel. El problema de los planteos de los economistas más ortodoxos es que pueden exacerbar los enfrentamientos del Gobierno con distintos sectores sociales y actores institucionales. Y no sería de extrañar que luego, si se agudizan los conflictos, pongan en duda la capacidad del Gobierno para asegurar la gobernabilidad.

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