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La lección de la Corte a los macroeconomistas

Jorge Colina 17 diciembre de 2018

Por Jorge Colina Idesa

El fallo que la Corte emitirá en el caso “Blanco c/ ANSES s / reajuste” debería ser tomado por los macroeconomista que abundan en este país como una contundente lección.

La historia de la litigiosidad previsional en Argentina es larga. Se remonta a  principios de la década de los '60. Desde esa época hasta comienzos de la década de los '90, el sistema previsional de reparto quedó prácticamente quebrado por los juicios previsionales. En la gran mayoría de los casos fueron por reajustes motorizados por la virulencia inflacionaria que dio pie a que se instalara un vicio entre los abogados previsionalistas, y entre los jueces de seguridad social que fueron muy receptivos, y que consistía en buscar el “mejor índice” que más beneficiara al jubilado, sin demasiada consideración sobre la lógica actuarial de los índices elegidos.

Durante los años de la convertibilidad, que prácticamente no hubo inflación, el fenómeno de la litigiosidad previsional por reajustes se aplacó bastante precisamente por la estabilidad de precios e ingresos. Pero con el retorno a la inflación, luego de la salida de la convertibilidad, el Gobierno de Néstor Kirchner fue celebrado y apañado por la gran mayoría de los economistas, de todas las tendencias, desde la izquierda a la derecha, por los famosos “superávit gemelos”. Esto es, superávit en el comercio exterior, gracias obviamente a la megadevaluación del 2002, y superávit fiscal, gracias ? a no haber ajustado las jubilaciones en el marco del renacimiento de la inflación a partir del 2004.

Por eso es que la Corte ahora debe dirimir por un conflicto de reajuste de haber previsional por los años 2002?2008, es decir, los años de los famosos “superávit gemelos”. Superávits que se empiezan a esfumar a partir del 2009, en gran parte, porque a partir de ese año empieza a operar la regla de movilidad de los haberes previsionales.

¿Y qué es lo que dirime la Corte? Si para este período (2002?2008) se aplica el ISBIC, que según los abogados previsionalistas, es el que “más beneficia al jubilado” o el RIPTE que es el que se empezó a usar a partir del 2009. Los macroeconomistas (muchos de los cuáles fueron sonoros aplaudidores de los “superávit gemelos”) ahora señalan que si la Corte elige ISBIC traerá aparejado una agravamiento de la crisis fiscal (que efectivamente será así). Pero la lección que la Corte le deja a la macroeconomistas es que nunca hubo superávit fiscal. Lo que hubo fue licuación de haberes previsionales con inflación que a la larga la Justicia se encarga de restablecer a su valor real original y, así, elimina el superávit fiscal. Esto se alertó desde muy tempranamente desde IDESA, por eso se invita al lector a visitar el sitio www.idesa.org y retrotraerse allí a los informes que datan del período 2004?2008.

La decisión de la Corte puede causar ahora un daño fiscal mayor debido a la irresponsable política previsional de usar el aparente y transitorio “superávit” de ANSES del 2002 - 2008 para regalar jubilaciones sin aportes a través de las moratorias. Sin licuación de haberes y con moratorias, Anses es estructuralmente deficitaria. Por eso, la reforma previsional es el principal tema pendiente que queda para resolver a partir del 2019.

Para concluir, ¿debe la Corte basarse en el criterio de usar el “mejor índice” para el jubilado o ceñirse a un criterio técnico? Para responder la pregunta hay que señalar que la Corte en varios fallos señaló que la movilidad tiene que propender a mantener una razonable proporción entre el haber jubilatorio y los salarios. El índice que más se ajusta a la evolución de los salarios es el RIPTE porque se construye en base a los salarios efectivamente pagados por las empresas y que se declaran ante la AFIP. El ISBIC es un índice que surge de los salarios de convenios colectivos los cuales operan como mínimos por actividad, y que las empresas usan como marco de referencia pero no son los salarios que efectivamente pagan. Por eso, si los haberes deben guardar proporcionalidad con los salarios, la Corte para ser coherente con su propio criterio tiene que elegir RIPTE.

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