La teoría económica señala que los impuestos no deben distorsionar las decisiones de las personas en cuanto a trabajar, invertir y producir.
En este sentido, los impuestos no deberían aplicarse antes o durante el proceso productivo para que éste sea hecho de la manera más eficiente posible desde el punto de la asignación de factores productivos. De esta manera, se tiende a la maximización de la producción.
De aquí entonces que los impuestos recomendados son al valor agregado (IVA) que se aplica cuando el proceso productivo de cada eslabón de la cadena termina y se ejecuta la venta; a los ingresos (en Argentina se conoce como Ganancias) que también se ejecuta cuando termina el proceso productivo y a la propiedad (en Argentina son Bienes Personales e Inmobiliario y Automotor). Estos son los impuestos preponderantes en los países desarrollados con sistemas productivos que funcionan con alta eficiencia.
En Argentina, la cuestión es bastante diferente. Porque de manera superpuesta se aplican impuestos que distorsionan las decisiones en el proceso productivo. El Estado Nacional aplica impuestos al empleo (cargas sociales), a las transacciones financieras (impuesto al cheque), al comercio exterior (aranceles a las importaciones y derechos de exportación), a la energía y otros productos (impuestos internos).
Los Estados provinciales, por su parte, aplican el impuesto a los contratos (sellos) y un impuesto a las ventas superpuesto con el IVA (Ingresos Brutos).
Los municipios, por su parte, aplican tasas de comercio e industria que originalmente eran de monto fijo pero devinieron en porcentajes de las ventas.
Con lo cual las ventas en Argentina tienen tres impuestos: IVA, Ingresos Brutos y tasas de comercio e industria.
Toda esta parafernalia de impuestos distorsiona las decisiones económicas. Por eso se les llama “impuestos distorsivos”. Las cargas sociales inducen a los empleadores a huir de las relaciones asalariadas registradas. El impuesto al cheque induce a los comerciantes y productores al pago en efectivo. Los aranceles encarecen los insumos importados y los derechos desalientan las exportaciones. Tener tres impuestos a las ventas, naturalmente, alienta la informalidad en las ventas. Impuesto al cheque más impuesto a los sellos encarece el crédito para el productor tanto cuando abre una cuenta corriente bancaria para capital de trabajo como cuando vende con tarjeta de crédito.
Los “impuestos distorsivos” han tomado tanto protagonismo que recaudan la mitad de la presión impositiva nacional y provincial. Por esto, la Argentina se ha convertido en el reino de la informalidad. Se estima que cerca de la mitad de las ventas se hacen “en negro”; las relaciones comerciales entre proveedores y comerciantes se hacen “de palabra”; sacar una tarjeta de débito para hacer un pago en un comercio chico o mediano es como una afrenta y si la tarjeta es de crédito es como sacar una pistola; la mitad de las relaciones laborales son también “en negro”; hasta el Estado contrata con el Monotributo para eludir las cargas sociales que él mismo impone a los privados.
En una economía donde la informalidad es la regla, el estancamiento económico es su corolario. Esto se explica porque las inversiones productivas importantes, aquellas que traen la modernidad y la alta productividad, son por definición “en blanco”. Así es como los “impuestos distorsivos” se convirtieron en el freno al crecimiento económico.
Así entonces, promover el crecimiento económico exige reducir los “impuestos distorsivos”.
Pero como estos impuestos los aplican tanto el Estado Nacional como los estados provinciales y municipales se necesita lograr un “Consenso Fiscal” para reducirlos. Y como recaudan la mitad de la presión tributaria requieren un “gradualismo” en su reducción.
Por este motivo, en el año 2017 se firmó el Consenso Fiscal con la idea de reducir los “impuestos distorsivos” gradualmente con un calendario de reducciones. El supuesto subyacente en el calendario era que la economía crecería y así los Estados provinciales podían ir compensando la reducción de sus impuestos distorsivos (especialmente Ingresos Brutos que es su principal fuente de financiamiento propio).
El esquema fracasó porque era inconsistente. Si los “impuestos distorsivos” son los que impiden crecer, partir del supuesto que la economía crecerá para bajar los “impuestos distorsivos” es ilógico. No es la primera vez que los economistas colocan el carro delante del caballo a la hora de hacer supuestos.
Así es como el Estado Nacional y los estados provinciales llegaron a otro consenso: detener las reducciones de Ingresos Brutos comprometidas en el Consenso 2017. En rigor, la provincia que quiera hacerlo puede reducir sus propios impuestos en lo que quiera. Lo que cambió respecto al 2017 es que no está obligada por compromiso a hacerlo.
Salir de la trampa de los “impuestos distorsivos” para generar crecimiento económico y una cultura de la formalidad es un desafío difícil de encarar, aunque no imposible.
La salida podría ser haciendo que el IVA absorba Ingresos Brutos y tasas de comercio e industria con una alícuota mayor. Esto no es aumento de la presión impositiva sino la explicitación de la actual presión, sólo que se recaudaría con un solo impuesto no distorsivo.
A los distorsivos nacionales habría que tender a hacerlos parte de pago de Ganancias para que queden absorbidos por el otro impuesto no distorsivo.
En todo caso, hasta que no se reduzca sensiblemente el peso de los “impuestos distorsivos” en Argentina hay que olvidarse de volver a crecer. Sólo queda resignarse a la decadencia.
