La Corte Suprema definirá hoy su postura frente a la suba de tarifas llevada adelante por el Gobierno, suspendida desde principios de julio por una sentencia de la Cámara Federal de La Plata. Mientras tanto, por pedido del Máximo Tribunal, la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, se pronunció sobre el tema, con un dictamen ?no vinculante para la Corte? en el que recomienda declarar nulas y dejar sin efecto las resoluciones 28 y 31 que modificaron el cuadro tarifario.
En su fallo, que se espera para hoy, el tribunal que preside Ricardo Lorenzetti deberá convalidar ?o no? el proceso por el cual, sin audiencia pública de por medio, el Ministerio de Energía y Minería aumentó las tarifas de gas natural para todo el país.
En la sentencia de la Cámara Federal platense en julio, los magistrados habían considerado que las resoluciones debían ser anuladas y las subas, retrotraídas, dado que las modificaciones del valor de las tarifas, (el precio por unidad de energía que pagan los usuarios a las distribuidoras) deben ser antecedidas por un proceso de audiencia pública, a diferencia de los precios mayoristas de la energía en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), que pueden ser fijados arbitrariamente por el Poder Ejecutivo por mandato de la Ley de Emergencia Económica sancionada en 2002, prorrogada en varias oportunidades y todavía vigente.
En la misma línea, el dictamen de Gils Carbó sostiene que el fallo platense interpreta “adecuadamente el derecho federal vigente al concluir que el aumento no pudo ser válidamente implementado sin la realización previa de una audiencia pública” y agrega que “la postura del Estado implica restringir sustancialmente la eficacia de la audiencia pública para garantizar los derechos constitucionales de información, consulta y participación de los usuarios”. Desde la óptica del Gobierno, el proceso fue “legal” porque los cambios introducidos en el valor de las tarifas de gas y energía eléctrica fueron “transitorios” ?para corregir un esquema tarifario que se encontraba gravemente desactualizado luego de una década y media casi sin correcciones?.
Sin embargo, según el Ministerio de Energía y Minería, las subas promovidas son temporales, antes de que se lleve adelante la revisión tarifaria integral ?inicialmente prevista para principios de 2017 y luego adelantada para octubre de este año?, de la que saldrán los valores definitivos, en relación a una auditoría de los costos de producción, transporte y distribución de la energía, y las inversiones proyectadas por las empresas, que llevará adelante el Ministerio. Esa revisión integral, además, incluiría la audiencia pública que requiere la ley y que la Justicia, a través de diferentes tribunales, viene pidiéndole al Gobierno.
En ese sentido, en su presentación ante un plenario de comisiones de Diputados esta semana, el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, argumentó que “la revisión tarifaria integral que no se ha hecho en dieciséis años para gas es la oportunidad para discutir las inversiones en calidad de servicio” y postuló que la suba de tarifas no fue de shock sino “gradual”. “(Con los cambios), se pudo recuperar 30% de lo que es el costo de generar energía. El 70% sigue estando subsidiado”, advirtió Aranguren en Diputados.
En tanto, hoy la Corte Suprema definirá su postura frente a la cuestión. Con cuatro de sus cinco integrantes (Carlos Rosenkrantz jurará la semana que viene, aunque podría desempatar si fuera necesario), los aspectos sobre los que se tendrá que pronunciar el Máximo Tribunal y los caminos que podría elegir son varios, y con matices. Centralmente, deberá opinar acerca del proceso que llevó a los aumentos de tarifas y la necesidad o no de que existiera una audiencia pública previa, el argumento central de la suspensión dictada por la Justicia federal platense. Pero además, se espera que fallo permita conocer la opinión de la Corte acerca de la dimensión del aumento y su impacto social y económico, sobre la situación de las tarifas y del sector energético en su conjunto, y sobre los topes fijados por el Gobierno ?de 400% para usuarios residenciales y 500% para comercios?. Aunque su opinión sobre estos temas no sería vinculante, en términos políticos sería muy difícil para el Gobierno oponerse a la voluntad del tribunal que encabeza Lorenzetti. Más aún, el fallo se expediría también acerca de la suba de energía eléctrica, suspendida por la jueza de San Martín, Martina Forns.
De acuerdo a un informe del estudio Montamat & Asociados publicado ayer, las tarifas de gas natural y las eléctricas ?particularmente las de Edenor y Edesur?, son las más baratas de la región, en algunos casos hasta siete veces menores que las de países vecinos. “La actualización de las tarifas de gas ha permitido acercar parcialmente los valores a las referencias regionales, aunque aún persisten diferencias marcadas con los países vecinos, en el segmento de consumo residencial medio especialmente”, sostiene el reporte, al tiempo que indica que en el segmento de energía eléctrica, “los pequeños consumidores de menos de 150 y 300 kwh/ mes, de Edenor/Edesur, no se han visto mayormente afectados (por los cambios introducidos en el cuadro tarifario en suspenso), mientras que los consumidores de 600 kwh/mes y los segmentos industriales han recibido fuertes incrementos en la tarifa final”.
Según Montamat & Asociados, la tarifa residencial promedio de gas para un consumo anual de 894 m3 (un usuario R23) en mayo sumaba $ 3,46, contra $ 12,39 en Chile y $ 20,79 en Brasil. La misma distorsión se notaba en las tarifas industriales, que variaban de $ 4,15 en Argentina a $ 5,84 en Chile y $ 7,03 en Brasil para un consumo anual de 3,6 M/m3. En energía eléctrica, la distorsión es especialmente crítica en el caso de Edenor y Edesur, con tarifas hasta veinte veces menores que las de Brasil o Chile, por ejemplo. Los ministros de la Corte, a la espera de que se sume su quinto integrante.
