A finales de octubre el Presidente, Alberto Fernández, firmó un decreto que permitió incorporar a la Asignación Universal por Hijo (AUH) a más de un millón de niños y adolescentes que no tenían cobertura por parte del Estado, para lo cual se destinará una inversión de $30.000 millones.
Actualmente, la AUH llega a 4 millones de beneficiarios y es un ayuda estatal que alcanza a menores de hasta 18 años de edad, cuya madre o padre estén desocupados, sean trabajadores no registrados, del servicio doméstico, monotributistas sociales o estén inscripto en los programas Hacemos Futuro, Manos a la Obra y otros programas del Ministerio de Trabajo.
En ese marco, el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) en su informe semanal destacó que la diferencia entre la AUH y otros programas asistenciales es que “el cobro es automático por el 80% de la prestación, mientras que el restante 20% está supeditado al cumplimiento de condicionalidades”, como el control médico para menores de cinco años y la asistencia a las escuelas entre los cinco y 18 años de edad.
“Las condicionalidades buscan inducir a los padres a priorizar la salud y la educación de sus hijos. Desde el punto de vista conceptual, se trata promover una inversión de alto impacto en el futuro de los niños. Desde el punto de vista instrumental, los procedimientos que utiliza la ANSES para controlar las condicionalidades son primitivos. Se obliga a las familias a presentar una Libreta de Asignación Familiar en formato papel donde el centro de salud o la escuela certifican que la familia cumplió con los controles médicos y la asistencia escolar de sus hijos”, sentenció el informe.
Tras el decreto de Fernández para incluir a los jóvenes que no habían sido tenidos en cuenta por el Estado hasta ahora, Idesa detalló la situación con datos de la base de personas del ANSES: según el registro, habría 305.000 niños excluidos por falta de registro en la identidad de los padres y otros 270.000 excluidos por no haber presentado la Liberta de Asignación Familiar con anterioridad al año 2016.
“Esto implica que habría unos 575.000 niños excluidos que representan el 15% del total de niños y jóvenes cubiertos”, resaltó el Instituto. Ante estos datos, el reporte señaló que “el nivel de exclusión es alto” y que gran parte “está asociado a fallas de la gestión pública”.
“Por un lado, los procedimientos arcaicos que prevalecen en los registros civiles impiden a mucha gente a acceder al registro de su identidad. Por el otro, procedimientos igual de arcaicos en ANSES para controlar las condicionalidades. Someter a las familias, centros de salud, escuelas y a la propia ANSES a movilizar gran cantidad de papeles es muy costoso y nada eficaz. En la práctica, muchas familias quedan excluidas porque no fueron capaces de superar la burocracia, aunque hayan cumplido la condicionalidad. Otras, sin cumplir con la condicionalidad, siguieron cobrando porque tuvieron la habilidad de lidiar con el papeleo”, aseveró Idesa en su análisis.
Asimismo, subrayó que algunos funcionarios y organizaciones abocadas al estudio y defensa de la infancia y la adolescencia “cuestionan la existencia de la condicionalidad” ya que con la misma “se penaliza al hijo por una negligencia de sus padres”, aunque “el argumento pasa por alto que no son los hijos los que cobran la asignación, sino sus padres”.
“En este sentido, la condicionalidad no es una carga sobre el niño o joven sino sobre los padres. Es a ellos a quienes se quiere inducir a que asuman la responsabilidad en el cuidado de sus hijos. Ciertamente que las problemáticas de las familias pobres son complejas y no siempre un incentivo económico alcanza para revertir situaciones muy adversas. Pero eliminar la contraprestación es un facilismo que llevaría a degradar la AUH equiparándola a un plan asistencialista más”, añadió.
Al respecto, Idesa afirmó que no hay que cuestionar las condicionalidades “sino la baja calidad de la gestión pública” ya que en el estadio actual de la tecnología “no hay razón para que el Registro Civil funcione tan mal”. “Solo la desidia explica que todavía haya gente privada del derecho a la identidad”, resaltó.
A su vez, la entidad aseguró que “tampoco hay motivos para que entre ANSES y los sistemas de salud y educación provinciales no intercambien información de forma digital para ejercer un control de manera permanente de las condicionalidades”, lo cual “aliviaría la carga administrativa de los ciudadanos ahorrando tiempo y dinero con el papeleo improductivo”, además de permitir “gatillar alertas para que los municipios intervengan tempranamente con asistentes sociales en apoyo al hogar que dejó de cumplir con la condicionalidad a fin de reencauzar la situación”.
“Las condicionalidades en la AUH son una de las pocas innovaciones en materia de política asistencial. Eliminarlas convertiría a la AUH en un programa similar al Plan Trabajar de los `90, al Plan Jefes de Hogar del 2002 y muchos otros que actualmente se ejecutan con baja eficacia. En sentido contrario, con innovación en la gestión pública se puede convertir a la AUH en una herramienta que empuje al progreso social”, concluyó Idesa.
