El fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la readecuación tarifaria implica, según el último informe de Idesa, que “la estrategia de reducir déficit fiscal vía recorte de subsidios llevará más tiempo del planeado” y, por lo tanto, “aumenta la pertinencia de revisar otros componentes del gasto público”.
El informe sugiere reformar el sistema previsional y desmantelar intervenciones nacionales superpuestas con funciones provinciales, que “no solo resultan prioritarias sino que, después de la intervención de la Justicia, pasan a ser urgentes”.
Idesa detalla que los famosos subsidios económicos representaron aproximadamente el 15% del gasto público primario del sector público nacional en el primer semestre. El resto se destina a gastos de carácter social (previsión social, salud, educación, vivienda e infraestructura básica), que se llevan el 63%; 16% se aplica al pago de salarios y funcionamiento del Estado y, por último, el restante 6% se destina a inversión pública.
Según el informe, “la gradualidad que impuso la Corte no necesariamente implica claudicar en el objetivo de reducir el déficit fiscal” y “muy por el contrario, existen otros componentes del gasto público donde, con adecuadas estrategias, se puede mejorar las cuentas fiscales”.
Los ejes
Como se mencionara, Idesa considera que el sistema previsional es “un área ineludible de reformas” y señala que fue un “error” no haber contemplado en la Ley de Reparación Histórica, sancionada por el Congreso recientemente, cambios en la organización del sistema previsional. “El reconocimiento de las deudas es justo y necesario, pero también es imprescindible corregir muchas inconsistencias e inequidades que cobijan las normas previsionales vigentes. Si bien en la ley se contempla la creación de una comisión para abordar el tema, su dinámica resulta demasiado cansina frente a la insolvencia en que se encuentra el sistema jubilatorio”, expresa en tono crítico el informe.
En el resto del gasto social, argumenta Idesa, también hay espacios de reformas. “Siguen operando una treintena de programas federales en educación, salud y desarrollo social que en lo que va del año distribuyó $40.000 millones entre las provincias en un esquema heredado de intervenciones nacionales superpuestas con las responsabilidades provinciales”, añaden. Replanteando este rol, expresan, “se podría desmantelar estructuras burocráticas inútiles que se fueron acumulando durante décadas bajo la lógica de un Estado nacional invasivo de las funciones provinciales y municipales”.
Sí, se puede
Como conclusión, desde Idesa plantean que el fallo de la Justicia, que tomó al Gobierno por sorpresa, “no es un obstáculo insalvable para cumplir con la meta de reducir el déficit fiscal y, por esta vía, bajar la inflación y aumentar la producción”. Por el contrario, argumentan que “es un factor adicional que alerta sobre la necesidad de avanzar de manera más veloz y decidida en la modernización del Estado para convertirlo en un instrumento eficaz de promoción del desarrollo social sustentable y equilibrado”.
