En un nuevo informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), la entidad aseguró que “la falta de dólares se explica por la baja capacidad exportadora y el rechazo a ahorrar en pesos debido a la alta inflación” y afirmó que la solución “pasa por un ordenamiento integral del Estado que permita erradicar la inflación y mejorar la calidad de la administración pública”.
“El mercado cambiario está muy convulsionado. En agosto el Banco Central tuvo que vender U$S 950 millones y en setiembre U$S 1.600 millones más. Ante la tendencia al agotamiento de las reservas se optó por endurecer las restricciones a los ahorristas y a las empresas para comprar dólares oficiales. También se dispusieron reducciones transitorias en los impuestos a las exportaciones con la finalidad de incentivar a los exportadores a liquidar más divisas”, indicó la entidad.
Asimismo, señaló que en lo que va de octubre el BCRA “igual perdió otros US$ 400 millones más”, en tanto el dólar paralelo aceleró su escalada marcando un máximo histórico de $167 el viernes pasado y ensanchando aún más la brecha con el dólar oficial, que supera el 110%. “Esto aumenta el temor de una inminente devaluación del dólar oficial con alto impacto en la inflación”, analizó el reporte.
“Ciertamente que gran parte del problema está en la desaforada emisión monetaria que se viene produciendo desde que asumió el nuevo Gobierno. En los primeros meses del 2020, la emisión se justificó en la necesidad de paliar la crítica situación social heredada. A partir de abril, la justificación fue la lucha contra la pandemia. En cualquier caso, desde que comenzó la nueva gestión la cantidad de pesos en manos del público se duplicó, mientras que las reservas del Banco Central se mantuvieron prácticamente constantes”, expresó.
En esa misma línea, agregó: “Más allá de estos factores coyunturales, cabe preguntarse por qué la inestabilidad del dólar es un tema recurrente en la Argentina. Una forma de acercar respuestas es comparando las exportaciones de la región”.
Según datos de los bancos centrales y del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) para la Argentina, en el año 2019 las exportaciones per cápita en el país alcanzaron los US$ 1.500 por personas. A su vez, en Uruguay la cifra asciende a US$ 2.6000 por persona y en Chile hasta US$ 3.700.
“Estos datos muestran que el aparato productivo argentino tiene una muy baja capacidad exportadora. Uruguay exporta en términos relativos 70% más y Chile más que duplica el nivel de exportaciones per cápita de la Argentina. Este es uno de los factores centrales que explica la restricción externa”, explicó el informe.
Y añadió: “El relativamente bajo nivel de exportaciones de Argentina lleva a que no se generen todos los dólares necesarios para financiar las importaciones de máquinas, insumos y repuestos, que se necesitan para expandir las exportaciones y así obtener más divisas”.
“Adicionalmente, los argentinos demandan más dólares que los chilenos y uruguayos. Debido a que el Estado argentino tiene un desequilibrio fiscal crónico y estructural, la alta inflación es endémica. Esto lleva a que los argentinos desprecien su moneda nacional y apelen al dólar como refugio ante la inflación. Así, se agrava la escasez de divisas ya que, a la insuficiencia en la capacidad de producir dólares de su sector productivo, se suma la sobredemanda de dólares de su población para resguardar sus ahorros frente a la inflación”, aseveró.
En tal contexto, IDESA resaltó que las medidas cambiarias y financieras “pueden aportar paliativos ante la crítica situación” pero advirtió que “no alcanzan para impulsar un despliegue de las inversiones productivas con alta capacidad exportadora, ni para romper con las arraigada cultura de los argentinos a ahorrar en dólares”.
“Por eso, más allá de las necesarias medidas urgentes y de corto plazo, es imprescindible explicitar y poner en ejecución un plan de ordenamiento integral del Estado para recuperar la sostenibilidad fiscal y elevar la calidad de la administración pública”, aseguró.
Según la entidad, son cuatro los pilares de este ordenamiento. En primer lugar el ordenamiento previsional, en el cual “es clave” eliminar los tratamientos especiales y la doble cobertura. En segundo lugar, el impositivo, ya que es necesario “unificar tributos para simplificar y recaudar con menos presión impositiva”.
En tercer lugar se ubica el ordenamiento funcional, que implica “eliminar organismos superpuestos, en especial, los programas y estructuras burocráticas del Estado nacional que interfieren en funciones provinciales”. Por último, el cuarto pilar es el del régimen federal, en el cual “hay que eliminar la coparticipación y tender a que las provincias generen sus propios recursos”.
“Se trata de cambios disruptivos que colisionan con muchas inercias e intereses. Por eso, es clave que se tome conciencia que planteos que eluden avanzar en estos temas son meras expresiones de deseo sin capacidad de aportar soluciones de largo plazo”, concluyó el informe semanal.
