Hoy, al finalizar el día, termina el cese de comercialización de granos y hacienda que desde el lunes está llevando adelante la Mesa de Enlace como protesta a la última suba de tres puntos porcentuales sobre las retenciones a la soja, que pasó a ser de 33%, lo que implica un alza de más de ocho puntos porcentuales durante los últimos tres meses ya que en diciembre el Gobierno había aumentado la tasa del 24,7% al 30%.
En tanto, aún no hay una clara definición sobre qué ocurrirá a partir de mañana: si el sector continuará convocando a medidas de fuerza o si llegarán a algún acuerdo con el Gobierno. Por su parte, el presidente Alberto Fernández aseguró hace unos días que no cederá y que mantendrá su decisión, mientras que desde el bloque ruralista indican que una vez que finalice el paro esperan poder “buscar una salida conjunta”.
“Es necesario establecer alternativas y no volver a desatar esa escalada verbal, pues este fue un recurso que no funcionó en el pasado. Debemos trabajar para no alimentar una grieta que debiéramos superar como Nación de una vez por todas”, aseguró ayer un comunicado emitido por las entidades que conforman la Mesa de Enlace.
“A doce años de la crisis por la Resolución 125, la Comisión de Enlace considera que resulta imperativo reflexionar para no repetir la historia”, indicaron, al tiempo que argumentaron que “muchos productores se han visto obligados a adoptar medidas de protesta frente a un nuevo escenario crítico”. Y remarcaron: “En un contexto internacional de precios a la baja de los productos del campo, todos los niveles del Estado nos someten a una presión fiscal inaguantable”.
“Nuevos aumentos de derechos de exportación, cuando se hace sentir una fuerte sequía que va a impactar seriamente en los rindes generales, con pérdidas totales en muchos casos, hacen que se ponga en riesgo no sólo la situación de los productores en el presente, sino fundamentalmente las siembras de la campaña próxima y la subsistencia de muchos de nosotros en los campos”, aseguraron los dirigentes ruralistas.
Por su parte, el senador y dirigente rural de Entre Ríos, Alfredo De Angeli, expresó lo que le pediría a Fernández: “Que pare con agredir al campo; que no le ponga más nafta (al fuego); que le diga a sus colaboradores que no traten al campo como unos avaros, como gente que no quiere pagar, que no quiere compartir, porque eso hizo que en 2008 hubiera un conflicto tremendo”.
En ese sentido, el senador entrerriano pidió que “no lleguemos más a la 125”, al tiempo que recordó el maltrato que recibió el sector por parte del entonces gobierno de Cristina Fernández de Kirchner durante el extenso conflicto de 2008, que duró un poco más de cuatro meses.
Esta semana, Fernández tildó al sector de “intolerantes”, “que no entienden” y que “hacen paros raros”. En ese sentido, también afirmó que la medida de fuerza del bloque rural tiene como objetivo “beneficiar a los mayores productores de soja”. Dicha posición es avalada y replicada por los partidos y grupos vinculados con el oficialismo.
En tanto, desde el sector agrícola argumentan que su reclamo se basa en la fuerte presión fiscal que crece cada vez más y que afecta los niveles de rentabilidad, sobre todo a aquellos que están alejados de los grandes puertos. Según las entidades rurales, el Estado se queda con más del 60% de la renta agrícola. Para el caso de la soja, la participación del Estado ahora asciende al 70%. Es decir, de cada $ 100 que produce la soja, $ 70 se los queda el Estado mediante los impuestos.
Menos divisas
Además de la elevada carga impositiva que recae sobre el sector, otro de los problemas que deberá enfrentar está relacionado con el mal clima. En base a esto, los especialistas pronostican que la producción de soja se reducirá en dos millones de toneladas. Por consiguiente, la recaudación proyectada que generaría este incremento de tres puntos porcentuales, que era muy baja (poco más de US$ 400 millones), será menor aún.
En febrero, según indicó esta semana la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la recaudación por derechos de exportación creció 19,9% respecto al mismo mes del año pasado. Sin embargo esta variación implicó una contracción de 19,5% en términos reales. De esta manera, de acuerdo con el organismo, el cobro de esos tributos registró “la suba más moderada desde agosto de 2018”.
