Ideas
19 julio de 2026
Seguir en
Australia suele aparecer en las conversaciones argentinas como un espejo incómodo. Dos países extensos, con baja densidad poblacional, abundancia de recursos naturales y capacidad para abastecer al mundo de alimentos, energía y minerales. Sin embargo, mientras uno se consolidó como una economía avanzada, el otro acumuló décadas de frustraciones, crisis recurrentes e inflación.
La explicación fácil atribuye esa distancia a diferencias de origen, de cultura o de recursos. Pero el punto central de un reciente análisis de Lucio Castro y Paula Szenkman, publicado en Supernova, es más incómodo y a la vez más útil: Australia no se desarrolló por tener minerales. Se desarrolló por las reglas e instituciones que construyó alrededor de ellos.
Durante buena parte del siglo XX, Australia no era el modelo abierto y competitivo que hoy suele imaginarse. Era una economía altamente protegida, con aranceles elevados, salarios fijados por tribunales, mercados cerrados y una fuerte dependencia de Gran Bretaña. Ese esquema, conocido como el Australian Settlement, garantizó durante un tiempo empleo, salarios altos y paz social. Pero cuando el mundo empezó a cambiar, el modelo quedó viejo.
La década de 1970 expuso los límites: inflación elevada, pérdida de competitividad y una economía encerrada mientras Europa y Asia se integraban al comercio global. En 1986, Paul Keating —entonces ministro de Economía y luego primer ministro— lanzó una advertencia que quedó en la historia: Australia podía convertirse en una "república bananera", dependiente, vulnerable y viviendo por encima de sus posibilidades.
El mérito australiano no fue evitar la crisis, sino responder a ella con una secuencia coherente.
Primero, ordenar la macroeconomía
El gobierno laborista de Bob Hawke asumió en 1983 con desempleo, inflación, tasas de interés y déficit en niveles de dos dígitos. La respuesta combinó una decisión cambiaria de fondo —dejar flotar el dólar australiano y levantar los controles de capital— con un acuerdo político y social.
El Prices and Incomes Accord selló una negociación con los sindicatos: moderación salarial a cambio de mejoras en el llamado salario social, como salud pública, alivio tributario y, más tarde, un sistema previsional de capitalización obligatoria.
La clave fue evitar una falsa disyuntiva entre estabilidad y cohesión social. Australia no intentó resolver el desequilibrio sólo con recesión o licuación de ingresos: construyó un acuerdo capaz de desacelerar la inflación y hacer políticamente sostenible la transformación.
Después, abrir la economía
La apertura comercial no fue instantánea ni una aventura improvisada. Los aranceles se redujeron en forma gradual, durante más de una década y bajo gobiernos de distinto signo político.
También hubo una innovación institucional decisiva. El organismo que antes justificaba cuánta protección necesitaba cada sector fue transformándose hasta convertirse en la Productivity Commission. Su lógica cambió por completo: ya no se trataba de calcular cuánto debía protegerse a una industria, sino de medir cuánto le costaba esa protección al resto de la economía.
La transparencia ordenó la discusión. Cada pedido de privilegio debía exponerse, cuantificarse y defenderse públicamente frente a consumidores, empresas y otros sectores. La apertura tuvo costos, especialmente sobre parte de la industria y el empleo. Pero esos costos fueron administrados dentro de una estrategia consistente, no negados ni postergados indefinidamente.
Instituciones antes que favoritismos
La tercera etapa consistió en convertir las reformas en reglas duraderas: metas de inflación, independencia operativa del Banco Central, competencia en infraestructura y servicios, disciplina fiscal y un sistema previsional que hoy administra una de las mayores masas de ahorro del mundo.
Ese orden importa. Entre 1991 y 2020, Australia atravesó casi tres décadas sin recesión y fue el único país de la OCDE que evitó una caída de la actividad durante la crisis financiera global de 2009. La minería fue importante, pero no explica por sí sola el resultado: representa alrededor del 10% de la economía, mientras que los servicios concentran cerca del 70% de la actividad y del empleo.
La roca financia, pero no organiza una sociedad.
La política productiva llegó al final
Australia también hizo política productiva. Impulsó proveedores tecnológicos para la minería, desarrolló capacidades en servicios especializados y hoy busca aprovechar sus minerales críticos y su potencial renovable. Pero lo hizo después de estabilizar, abrir mercados y consolidar instituciones.
Esa es, probablemente, la lección más relevante para la Argentina. La política productiva puede ser una herramienta potente cuando existe previsibilidad, competencia, financiamiento, infraestructura y un Estado capaz de evaluar resultados. Sin esas condiciones, corre el riesgo de convertirse en una nueva versión de la protección discrecional: beneficios para algunos, costos para todos.
Australia enfrenta problemas serios —vivienda cara, menor crecimiento de la productividad y fuerte dependencia comercial de China—, pero los enfrenta desde una plataforma de estabilidad y desarrollo. Son tensiones de una economía próspera que busca sostener su trayectoria, no de un país atrapado en la emergencia permanente.
Argentina tiene recursos comparables o incluso superiores en varios sectores: alimentos, energía, litio, cobre, conocimiento y talento. Lo que no puede copiarse es la geología; lo que sí puede construirse es el orden institucional que convierte una ventaja natural en desarrollo sostenido.
La diferencia, como sugieren Castro y Szenkman, no está debajo de la tierra. Está arriba: en las reglas, en la capacidad de sostenerlas y en el orden de las transformaciones.
Seguí a El Economista en Google
Agreganos a tus medios preferidos.
+ Agregar
