El Gobierno puso en marcha un plan para que las distribuidoras de energía eléctrica se pongan al día con las deudas que mantienen con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) tras las restricciones y normativas que se aplicaron a partir de la pandemia de coronavirus. Así la Secretaría de Energía formalizó el régimen especial de regularización de obligaciones acumuladas hasta el 30 de septiembre de 2020.
Lo hizo a través de la resolución 40/2021 publicada hoy en el Boletín Oficial. También determinó un régimen especial de créditos para aquellas distribuidoras, administraciones o empresas provinciales distribuidoras de energía eléctrica, que al 30 de septiembre de 2020 no tengan deuda o su nivel de deuda que sea considerada dentro de valores razonables por Cammesa o por el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
Asimismo, la normativa estableció criterios diferenciados por origen y trayectoria de esas obligaciones impagas. Además se resolvió que los créditos del Tesoro Nacional que reciba cada empresa podrán ser equivalentes hasta cinco veces la factura media mensual del último año de la compañía, o al 66% de la deuda existente con Cammesa. El resto del pasivo deberá ser pagado en hasta 60 cuotas, con seis meses de gracia y una tasa de interés equivalente a la mitad de la vigente en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
La regularización se hará hasta en cinco años, con un semestre de gracia, y una tasa de interés de la mitad que cobra el MEM. Ambos regímenes, de regularización de las deudas y de créditos, crearon el artículo 87 de la Ley de Presupuesto Nacional 2021, para que las distribuidoras eléctricas puedan refinanciar sus deudas históricas, “ya sean por consumos de energía, potencia, intereses o penalidades”.
La deuda de las distribuidoras con Cammesa alcanza los $120.000 millones, y las cifras mayores corresponden a Edenor, con $17.479 millones; y Edesur, con $15.682 millones. Le siguen la Empresa Provincial de Energía (EPE) de Santa Fe, con $13.937 millones; y Electricidad de Misiones (EMSA), con $11.624 millones, entre las más abultadas.
Causa de las deudas
La decisión de ordenar el mercado eléctrico se oficializó un día después de que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) anunciara el inicio del proceso de análisis, discusión y determinación de una nueva tarifa residencial, industrial y comercial de la energía eléctrica. Esta tarifa debería comenzar a regir a mediados de marzo próximo, y será de transición hasta que concluya la nueva Revisión Tarifaria Integral.
En marzo del año pasado, luego de la llegada de la pandemia al país y la decisión del Gobierno de ir a un aislamiento preventivo, se dispuso que las empresas prestadoras de los servicios de energía eléctrica, entre otras, no podían disponer la suspensión o el corte de los mismos a los usuarios de sectores vulnerables, jubilados, pensionados, beneficiarios de otras pensiones y planes sociales, monotributistas sociales y de las categorías más bajas, y empleadas domésticas.
Las distribuidoras entonces no podían cortar el suministro en caso de mora o falta de pago de hasta tres facturas consecutivas o alternas, en una primera instancia, que en diciembre último se extendió a siete. Esto generó que a partir de marzo de 2020 se produjera un incremento de la morosidad de los pagos de la facturación emitida por el Organismo Encargado de Despacho (OED) en su calidad de administrador del MEM por parte de las distribuidoras.
La resolución actual de Energía destacó que “resulta necesario establecer un procedimiento especial para la normalización de la cadena de pagos en el MEM evitando riesgos de desabastecimiento, acompañando la producción y el empleo, garantizando el derecho al acceso a la energía eléctrica y redundando en una mejora de la calidad de vida por parte de los ciudadanos”. En este marco se determinó adoptar los regímenes de regularización de las deudas y de créditos creados por el artículo 87 de la Ley de Presupuesto Nacional 2021, para que las distribuidoras eléctricas puedan refinanciar sus deudas históricas, “ya sean por consumos de energía, potencia, intereses o penalidades”.
La Secretaría de Energía destacó que “con el objeto de disminuir el impacto de la situación, el Estado realizó aportes del Fondo Unificado al Fondo de Estabilización para permitir saldar las acreencias de los agentes del MEM en plazos y formas compatibles con el contexto actual”. Además, puntualizó que “el tratamiento que se debe adoptar con las distribuidoras con el objetivo de regularizar las obligaciones debe incorporar las particularidades de cada una de las empresas prestadores del servicio público de distribución eléctrica y su área de concesión, para otorgar una solución de sostenibilidad de la deuda a la vez que se garantice la calidad del servicio público de energía eléctrica”.
