por Héctor Rubini
Desde principios de este año las autoridades presentaron cierto compromiso con metas de disciplina fiscal. Se anunció primero un déficit fiscal objetivo de 4,8% del PIB para 2016, aunque en abril se aclaró que no se refería al déficit total sino al primario (antes de computar intereses de la deuda). En enero pasado se esperó cierta baja del rojo fiscal desde la estimación oficial inicial de un déficit fiscal de 2015 conjeturado en torno de 7,1% del PIB.
Al restar las transferencias del BCRA y del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, que erróneamente el Gobierno anterior incluía en los recursos corrientes del sector público no financiero, el 2015 cerró con un déficit base caja por algo más de $ 300.000 millones. Esto es igual al 5,2% del PIB informado en septiembre.
Los números
Según el Presupuesto 2017, el 2016 debería cerrar con un déficit primario (antes de intereses) de 4,8% y un déficit total (o “resultado financiero”) negativo de 5,02% del PIB. Esto significaría un déficit total de casi $ 396.200 millones, o sea un incremento en términos nominales de 29,7%. Si se compara el PIB estimado a precios corrientes en el Presupuesto 2017 ($ 7.89 billones) con el de 2015 informado por el Indec ($ 5,84 billones), el PIB nominal cierra 2015 con un aumento de 35%. Si el PIB se estima que en términos reales llega a fin de 2016 con una contracción de 2%, quiere decir que en este año el déficit fiscal ajustado por variación del PIB real y de los precios implícitos del PIB habría caído 3,3%.
Este resultado, en línea con un descenso de 5,2% a 5% del PIB nominal, reflejaría un desempeño fiscal más que aceptable. Sin embargo, al igual que en el Gobierno anterior, en los diez primeros meses de este año la velocidad de crecimiento del gasto primario corriente (32,2% interanual) superó a la de los ingresos primarios corrientes (25,9%).
Dentro de los gastos primarios corrientes, la velocidad interanual de crecimiento de los rubros más importantes ha sido superior: 38,4% en el caso de las prestaciones de la seguridad social y 43,3% de las transferencias corrientes, entre las cuales prevalecen las transferencias al sector privado (subsidios y transferencias de diverso tipo).
Señales de alarma
Noviembre y diciembre trajeron, a su vez, varias novedades: a) un acuerdo para otorgar hasta $30.000 millones no previstos a organizaciones de trabajadores informales, de los cuales algo se desembolsará en diciembre, b) el pago de bonos de fin de año, no previstos en el Presupuesto 2016, c) el Decreto de Necesidad y Urgencia 1.244/16 publicado el lunes, que incrementa el gasto público en $ 122.327 millones, acompañado de una estimación de mejora en los recursos de $ 23.844 millones, incluyendo $ 5.200 millones por el blanqueo impositivo, y d) las decisiones administrativas del jefe de Gabinete N° 1.429/16, 1.430/16, 1432/16, 1.433/16 y $1.442/16 que incrementan el gasto público en otros $ 396,2 millones. En términos netos, entonces, las novedades indicadas en c) y d) obligan a ajustar hacia arriba el déficit fiscal en no menos de $ 98.800 millones de pesos, más los desembolsos todavía inciertos por lo mencionado en a) y b).
Si el déficit fiscal total cierra entonces unos $110.000 millones por encima de lo proyectado hasta agosto-septiembre según la Secretaría de Hacienda, el 2016 cierra con un déficit fiscal (o “necesidades de financiamiento”) de no menos de $ 505.000 millones, superando el 6% del PIB, nada menos que 25% superior al 4,8% del PIB proyectado a principios de año y que hoy suena como cifra “mágica”, y ya no factible. Mucho menos si agregamos el aumento de la deuda del BCRA vía Lebac, que hasta el 12 de diciembre pasado creció por casi $ 344.000 millones (4,4 puntos adicionales de PIB), generando en lo que va del año un flujo de pago de intereses de no menos de $ 170.400 millones (2,2% del PIB).
Por consiguiente, una aproximación a la verdadera brecha fiscal de este año, sumando el déficit fiscal convencional y el cuasifiscal por intereses de deuda del BCRA, superaría el 8% del PIB. El cuadro completo del peso de la brecha fiscal en el PIB se debería completar con otro componente: el déficit consolidado de los gobiernos provinciales. Resultado: déficit y nuevas deudas hoy, más impuestos y quizá inflación para las generaciones futuras. Nada nuevo. Al menos desde 2009 hasta ahora.
Los próximos pasos
El corto plazo no ofrece nada distinto. Se viene un año electoral en el que se pondrá en juego la fortaleza política del Gobierno. Enfrentará un escenario externo potencialmente más adverso que lo observado en los últimos 10-12 años, y no parece ser factible un ajuste drástico del gasto público en el curso de 2017. Tampoco parece viable un aumento de la presión tributaria, que desde hace varios años se encuentra en los niveles récord. Si, por otra parte, se apunta a motorizar la inversión pública de manera contundente en los próximos meses, el aumento del gasto en capital y quizá de las transferencias a provincias mantendrá al gasto público creciendo a mayor velocidad que los recursos fiscales.
Cambiemos
Sin huida del dinero, ni contracción drástica de la demanda de deuda de alto rendimiento, se podrá cruzar el Rubicón hasta los comicios legislativos. Pero es una dinámica insostenible. Tarde o temprano habrá que encarar reformas profundas que permitan recuperar un sendero de crecimiento permanente, con mayores tasas de inversión y aumento del volumen y de la diversidad del menú exportador. De lo contrario, la estabilidad de esta dinámica pasará a depender cada vez más de las expectativas y de factores de riesgo que escapan al control de las autoridades.
Prevenir escenarios críticos y evitar disgustos inesperados exigirá no sólo apostar a una agenda más ambiciosa en materia de generación de condiciones y de oportunidades de inversión. Exige cambien revertir el sesgo de la administración anterior, focalizado en aumentar el gasto público a mayor velocidad que los ingresos fiscales. Cuando los “default” de deuda no generaban represalias graves, y se contaba con entrada “fácil” de dólares, aumentar el gasto y postergar reformas estructurales era atractivo. Pero al cabo de casi ocho años de fiesta, y frente a un contexto externo con viento en contra, el expansionismo fiscal y cuasifiscal permanente refleja una estrategia financiera con la defensa descubierta, o underhedged.
En definitiva, el 2017 tal vez no registre novedades relevantes en el frente fiscal. Sin embargo, es probable que después de los comicios del año próximo, esta suerte de jolgorio va a llegar necesariamente a su fin. Especialmente si no se observa una caída permanente de la inflación, acompañada de una vigorosa reactivación de la actividad y del empleo.
(*) Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la USAL.
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