El enfoque de política monetaria y fiscal del Gobierno monopoliza aún las miradas. Sin embargo, según la última medición del Indec, el uso de la capacidad instalada en la industria se ubicó en el 56,6% en abril, muy por debajo al mismo mes de 2023, que fue del 68,9%. La industria está produciendo apenas poco más de la mitad de lo que puede producir, el sector productivo decrece y la caída del consumo está haciendo estragos.
El Gobierno logró aprobar la Ley Bases y firmar el "Pacto de Mayo". Ahora comienza una nueva etapa que reclama otro objetivo político para un escenario que está cambiando. Tras los seis primeros meses de gobierno y ante los primeros signos de desaceleración de la inflación, empiezan a aparecer nuevos miedos y hay señales de deterioro en el humor social.
Las últimas encuestas señalan que ya no es la inflación la mayor preocupación de los argentinos sino el desempleo y la pobreza. Una advertencia importante para un gobierno que preveía una fuerte contracción de los salarios, pero no la pérdida del trabajo por el cierre de empresas. Sobre todo cuando empieza a levantar la motosierra sobre el empleo público provincial.
Por eso se hace cada vez más necesario empezar a mostrar algunos signos positivos y reales de "reactivación", una demanda que va a empezar a sonar cada vez más fuerte. Y las recientes medidas legislativas específicas, aún con visión estructural de inversiones, no alcanzan.
La aprobación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) es un excelente instrumento para atraer el interés internacional, pero tomará tiempo mostrar resultados concretos, más allá de anuncios. Y puede convertirse en una contradicción para un gobierno que asumió prometiendo terminar con los privilegios, pero que empieza a privilegiar a los grandes inversores extranjeros por sobre los nacionales.
Es por eso que se empieza a escuchar ahora la voz de un actor heroico e históricamente subrepresentado, del cual depende, básicamente, la estructura económica y social del país.
Las pymes generan el 70% del empleo y el 42% del PIB y representan más del 95% del total de las empresas del país. Aseguran además, una rápida distribución social y territorial del ingreso.
El RIGI establece ventajas para las inversiones externas superiores a US$ 200 millones, facilidades impositivas durante los primeros tres años y treinta años de estabilidad de la inversión; exención de derechos de importación, de exportación y tasa de estadística para el ingreso de bienes de capital, repuestos y componentes destinados a los nuevos proyectos.
Podrán además disponer libremente del 20% de las divisas generadas por sus exportaciones al cabo del primer año, del 40% al segundo año y del 100% a partir del tercero. El dato para las pymes es que, como mínimo, el 20% de la totalidad del monto de inversión destinado al pago de proveedores deberá destinarse a proveedores locales.
Sin embargo, los dirigentes de las cámaras de pequeñas y medianas empresas señalan no sólo la injusta desventaja para las inversiones menores a ese monto, sino también la competencia desleal.
El RIGI perjudicará a los proveedores nacionales frente a los productos importados, dado que estos no pagarán impuestos de ningún tipo mientras que los proveedores nacionales deberán afrontar costos de importación que generan asimetrías, de entre el 15% y el 35% del valor total de los bienes al cumplir con todas sus obligaciones en materia arancelaria e impositivas.
Producto del reclamo y los aportes de entidades como la UIA, CAME y Monapy, el equipo económico del Gobierno ya aseguró que trabaja en un nuevo proyecto de ley para un régimen de inversiones para pymes ("mini RIGI"), que enviará al Congreso una vez instrumentada la Ley Bases y el paquete fiscal.
Incluiría rebaja de cargas patronales para los primeros dos años; exención de retenciones para las exportaciones incrementales; amortización acelerada del capital para las empresas nuevas con el fin de pagar menos impuestos los primeros años. El Gobierno accedió, advirtiendo como condición que no comprometería el equilibrio fiscal.
El gobierno empieza a entender la importancia de las políticas dirigidas a la microeconomía, además de las de la macro. Otras medidas propuestas, que deberán asumir en algún momento, son la necesaria simplificación tributaria; la actualización automática de parámetros de categorización; herramientas para la internacionalización de las empresas; simplificación de la creación de nuevas empresas y, por supuesto, acceso a financiamiento.
Pero más allá de las reformas tributaria, laboral y previsional pendientes y de nuevas posibles leyes, hay también un universo de medidas e iniciativas que pueden llevarse a cabo aún sin depender de los gobiernos nacionales o provinciales.
No es que una pyme sea competitiva o no lo sea únicamente por sus capacidades. Para asegurar el incremento de la actividad económica es necesario fortalecer la competitividad sistémica. Lo que tiene que haber es un sistema que aporte condiciones para su competitividad. Los gobiernos son necesarios para muchas de ellas, pero no para todas. Y estas condiciones, en un escenario donde el Estado no sólo tiende a achicarse para dar libertad a las empresas, sino que empieza a abrir la economía, resultan imprescindibles, y urgentes.
Es entonces cuando la alianza entre cámaras empresariales y universidades cobra todo su volumen. Señalamos sólo tres objetivos que deberían emprender conjuntamente para elevar la competitividad, sin depender necesariamente de los gobiernos:
- La internacionalización de las empresas con vistas al acceso a OCDE y la estandarización de nuevos parámetros de gestión de negocios.
- La construcción de redes de innovación a través de la vinculación proactiva entre las universidades, el sistema científico tecnológico y las empresas.
- La planificación de una regionalización económica entre municipios y/o provincias, para potenciar la competitividad territorial.
En Argentina hay muchísimo por hacer. La inflación podrá ser un fenómeno monetario, pero el desarrollo sí es multicausal.
Por eso se requiere no sólo de un diseño de políticas públicas que aborde en toda su complejidad las reformas estructurales y que ponga como actor central en ese proceso a las pymes, quienes sostienen mayoritariamente el entramado productivo nacional.
Es necesario, además, un nuevo perfil del empresariado argentino, menos dependiente de la iniciativa política y más confiado en la iniciativa privada, que logre sostener e incrementar, más allá de los gobiernos, las condiciones de competitividad que necesita para crecer.
