El Gobierno cambió las reglas para las semillas y espera un boom exportador de US$ 4.000 millones
Una resolución conjunta de la Secretaría de Agricultura y el Instituto Nacional de Semillas (INASE) estableció un nuevo protocolo para fortalecer la protección de la propiedad intelectual de las semillas y combatir el uso no autorizado de variedades registradas. La medida busca garantizar los derechos de los desarrolladores y fomentar la inversión en innovación genética dentro del sector agropecuario.
Control sobre las variedades registradas
La normativa, publicada este lunes en el Boletín Oficial y enmarcada en la Ley de Semillas N° 20.247, crea un sistema de “control de identidad varietal en grano” destinado a verificar el uso correcto de las variedades protegidas. El objetivo es asegurar la trazabilidad de las semillas y resguardar los derechos de los obtentores sobre las creaciones fitogenéticas registradas.
Desde el Gobierno consideran que una mayor protección de la propiedad intelectual incentivará el desarrollo de nuevas variedades y permitirá mejorar la productividad agrícola. En ese sentido, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, afirmó en su cuenta de X: “Cada productor argentino va a tener la libertad de elegir este mecanismo y recuperar 30 años de atraso en la calidad de sus semillas. Gracias a esta actualización, se estima un incremento en las exportaciones en más de 4.000 millones de dólares anuales”.
Cómo funcionará el nuevo sistema
El protocolo establece que las muestras de granos serán tomadas en el primer punto de entrega, exclusivamente en establecimientos registrados en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA). Los análisis podrán ser realizados por Cámaras Arbitrales o entidades privadas habilitadas o con convenio vigente con el INASE, utilizando metodologías reconocidas por el organismo.
Los resultados deberán remitirse de manera simultánea al titular de la variedad registrada y al titular de la muestra. Si el propietario de la tecnología detecta un uso irregular, tendrá 60 días corridos para presentar una denuncia. En caso de iniciarse una acción legal, las muestras quedarán bajo resguardo y serán remitidas al INASE para que avance con las actuaciones administrativas correspondientes.
En los fundamentos de la resolución, el Gobierno destacó que la articulación entre el sector público y privado permitirá mejorar los controles, aumentar la transparencia del mercado de semillas y brindar mayores garantías para la protección de los derechos de propiedad intelectual. El nuevo régimen se aplicará a los cultivares inscriptos a partir de la entrada en vigencia de la norma y prevé sanciones para quienes incumplan las disposiciones establecidas por la ley.
Sturzenegger apuntó contra el INASE y las entidades rurales
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la puesta en marcha del nuevo esquema y aseguró que permitirá saldar una "deuda histórica" en materia de propiedad intelectual. Según explicó, la falta de controles efectivos sobre las semillas registradas terminó afectando la productividad del agro argentino durante décadas. "Por no respetar el derecho a la propiedad de las semillas nos quedamos atrás en la calidad que usan nuestros productores", sostuvo.
El funcionario también advirtió sobre el impacto que esa situación tuvo sobre los rendimientos agrícolas. "El crecimiento en la productividad de nuestra soja viene siendo la mitad de la velocidad mundial hace décadas. El retraso ocurre también en el trigo, el tabaco y otros cultivos", afirmó, al tiempo que señaló que la Ley de Semillas no era el problema de fondo. "La Ley 20.247 establece el derecho de propiedad de manera clarísima. El tema es que el INASE no tenía capacidad (ni voluntad) de fiscalizar", cuestionó.
La apuesta oficial: más tecnología y mayores exportaciones
En otro tramo de su mensaje, Sturzenegger también cargó contra distintos actores de la cadena agroindustrial por la falta de avances en los últimos años. "Las entidades rurales estaban focalizadas en el tema retenciones y pareciera que no estaban dispuestas a hablar de otra cosa. Los semilleros, a su vez, no querían ninguna acción que no fuera el reconocimiento pleno de la propiedad intelectual de todas las semillas. En esa conversación tuvimos una parálisis de 30 años", afirmó.
El ministro explicó que, por pedido del presidente Javier Milei, se diseñó una solución que no afectara a los productores y que aprovechara los controles que ya realiza el sector privado. "Decidimos pasarle el control a acopios, exportadores y cámaras arbitrales, que ya lo hacen, que saben cómo hacerlo y que lo hacen eficientemente", señaló. Además, remarcó que el nuevo sistema solo alcanzará a las variedades que se registren de ahora en adelante y sostuvo que el potencial económico es significativo: "De mínima, esto puede sumar US$ 4.000 millones en exportaciones. Lo único que no podemos hacer es quedarnos atrás. Nuestras empresas en este sector son las mejores del mundo y las necesitamos acá por encima de todas las cosas".