“El fallo de la Corte le reconoce su jurisdicción al Gobierno pero le advierte que se salteó un paso”, sostuvo ayer Dante Sica, director de Abeceb, que aseguró que lo importante de la resolución es su incidencia en un programa económico “que está muy justo, no tiene mucho margen de maniobra y cualquier error genera un costo fiscal”.
La decisión del Máximo Tribunal “le pone más presión” al programa económico del Gobierno. “En el corto plazo, implica un nuevo desafío en el orden fiscal, pero lo sustancial es que genera ruido en la direccionalidad de las medidas y, sobre todo, en el proceso de búsqueda de inversiones que necesita la economía para crecer”.
Si bien se esperaba que la Corte obligara a la Casa Rosada a realizar audiencias públicas, Sica advierte que “la medida constituye un revés político para el Gobierno con impacto negativo sobre tres ejes vitales del programa económico: la baja del déficit fiscal vía reducción de subsidios, el estímulo a la inversión y la normalización de la política energética para generar oportunidades para un sector con elevada potencialidad”.
En el plano político, argumenta el director de Abeceb, “esta decisión puede generar dudas sobre la capacidad del Gobierno de llevar adelante su política de cambio estructural: si los agentes perciben que ve acotado su poder político, ello podría incidir negativamente en la inversión, lo cual es especialmente relevante ya que la apuesta oficial es iniciar un ciclo de crecimiento sostenido impulsado por la acumulación de capital, y no ya por el consumo”.
Asimismo, manifiesta que “esto es crucial para el sector energético, en el que quizá más que en ningún otro, se necesiten esquemas de incentivos estables que estimulen la inversión y el aumento de la producción”, y agrega: “Este fallo no sólo implicará una reducción en las empresas afectadas, sino que a su vez podría retrasar decisiones de inversión al sembrar dudas acerca de las posibilidades del Gobierno de realizar las actualizaciones necesarias”.
El lápiz rojo Sobre el impacto fiscal de la decisión de la Corte, Sica sostiene “que el Gobierno deberá incurrir en mayores montos para cubrir la importación de gas y el pago de estímulos ya que aumenta la diferencia entre estos precios y el pagado por el productor”.
El consultor precisa que “el monto en que se incrementarán los subsidios dependerá de la evolución de los precios de importación de combustibles y la producción de gas 'nueva' (beneficiada por el Plan Gas), pero en principio estimamos que estará en torno a los $5.500 millones anuales, es decir, 2,5% del monto total de subsidios energéticos corrientes de 2015 medidos en dólares”.
El impacto, puntualiza, “es mayor en el sector privado ya que los productores de gas pasarán a recibir un precio menor por el gas que consumen los usuarios residenciales: en principio, esto implicaría una recorte de alrededor de $12.000 millones en los ingresos de los productores (poco menos del 10% de los ingresos estimados para este año considerando solamente las ventas de gas natural)”. También, dice, “se verán afectadas las distribuidoras y transportistas de gas, en cuyo caso el impacto sería aún mayor dado el peso de los usuarios residenciales en sus ingresos”.
Más cuentas
“El fallo sienta un precedente firme respecto de lo puede fallar la Corte en el caso de los ajustes de las tarifas eléctricas. Aquí el impacto fiscal sería mayor, pudiendo alcanzar los $ 15.000 millones, a lo que habría que sumar la necesidad de financiar también a las distribuidoras eléctricas, como se hizo el año pasado (recibieron aproximadamente $10.000 millones)”, analiza Sica.
En ese caso, “el impacto fiscal total podría rondar entre $30.000 M y $35.000 millones ?0,7% del PIB?, que suman una complicación adicional a la ya compleja tarea de bajar el déficit fiscal y para los cuales habrá que salir a conseguir financiamiento extra (más deuda o más emisión monetaria a la prevista)”.
Sin embargo, Sica considera que “el fallo no impide realizar los aumentos correspondientes en un futuro cercano, una vez que se haya pasado por las audiencias públicas correspondientes: así, el principal efecto es el retraso en los ajustes correspondientes, lo que no implica un cambio en el camino elegido”.
¿Cómo sigue?
“Creemos que el Gobierno, con una adecuada estrategia (que incluye además de una política comunicacional, un reacomodamiento de su programa fiscal y energético, y la necesidad de evitar nuevos errores), tiene posibilidades de superar el actual escollo que representó este fallo desfavorable”, dice Sica y agrega que “será necesario redoblar los esfuerzos, considerando que se perdió un tiempo precioso (el primer año clave) para hacer correcciones y que se viene un 2017 electoral que planteará nuevos desafíos y que será determinante para lo que sigue”. Hacia adelante, concluye, “será crucial no volver a subestimar la dificultad que implica corregir los enormes desbalances heredados”.
